A finales del 2022 (Ley 38/2022, de 27 de diciembre) se implantaron tres impuestos extraordinarios en España: sobre la Banca, sobre las Energéticas y sobre las Grandes Fortunas. El Gobierno justificaba los dos primeros en los beneficios extraordinarios derivados de la subida de los tipos de interés y de la subida de los precios de la energía. Por eso se les exigía una contribución adicional al Impuesto sobre Sociedades. El Impuesto sobre las Grandes Fortunas se justificaba en la necesidad de armonizar y acabar con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid y Andalucía.
Esto sólo se aplicaría en los ejercicios 2022 y 2023.
Hoy vamos a hablar del Impuesto extraordinario sobre las Energéticas, que recae sobre las empresas petroleras y eléctricas que facturen anualmente más de 1.000 millones de euros (básicamente Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy).
La realidad es que no existen beneficios extraordinarios en este sector. Pero al Gobierno eso le da igual. Asombrosamente, este Impuesto no tiene nada que ver con los beneficios, ni ordinarios, ni extraordinarios. El Impuesto grava al 1,2% el importe neto de la cifra de negocios en España, en los años 2022 y 2023. Se excluyen del impuesto los ingresos del mercado regulado y los ingresos obtenidos fuera de España.
La recaudación del Impuesto por la facturación del ejercicio 2022 ha sido 1.644 millones de euros. A Repsol le tocan 450 M. A Cepsa 323 M.
Así pues, se trata de un impuesto sobre la facturación. Como el IVA, aunque sin repercusión sobre el consumidor. Nada que ver con el beneficio. Y esto es asombroso porque, con esa configuración, es perfectamente posible que una empresa deba pagar el Impuesto aunque tenga pérdidas. Es lo que le pasa a CEPSA: a 30 de septiembre de 2023 pierde 116 millones, tras verse obligada a pagar 323 millones por el impuesto extraordinario de 2022. ¿Quién entiende esto?
EL ACUERDO DE INVESTIDURA ENTRE PSOE Y SUMAR
En este Acuerdo se dice que “revisaremos los gravámenes sobre banca y energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su período de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del Bienestar”.
Está claro que piensan convertir estos Impuestos en permanentes.
LO QUE DICE REPSOL
En un encuentro celebrado el pasado 30 de noviembre, el Sr. Brufau, Presidente de Repsol, criticó duramente el mantenimiento del Impuesto extraordinario a las energéticas. El objetivo del encuentro era dar a conocer los avances del hidrógeno verde como fuente de energía para alcanzar los objetivos de descarbonización. Los proyectos de inversión de Repsol en este tema en España alcanzan los 1.500 millones de euros.
Brufau dijo que estos proyectos requieren mucha madurez y que se deben hacer en un marco de estabilidad y con una fiscalidad atractiva. No mejor ni peor. Atractivo significa competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros.
Y concluyó: si en España se tiene un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, seguramente la decisión de la empresa será la de irse a Portugal o a Francia.
No se puede decir más claro.
EL GOBIERNO SE LO ESTÁ PENSANDO
Lo que dijo Brufau hizo pupa. Poco después, en la Cumbre de Dubai, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, manifestó que si no hay beneficios extraordinarios el Impuesto no tiene sentido. Y que, además, hay que asegurar la capacidad de reinversión de las empresas.
Esto va en línea con la postura de la Comisión Europea, que dice que la situación del sector no es la misma que hace un año, que los precios de la energía están cayendo, y también los beneficios.
Mucho más expresivo, el Sr. Ortuzar (PNV) ha dicho que el Impuesto energético es mercancía averiada.
Todo apunta a que el Gobierno, en un ataque de realismo, se está replanteando el mantenimiento del Impuesto energético. Claro que aquí se va a encontrar con la férrea oposición de Yolanda Díaz. Y a ver quién va a estar en Economía para frenar sus ocurrencias. Feroz pelea intestina.
CONCLUSIONES
1.Suponiendo que los beneficios extraordinarios justifiquen el Impuesto sobre las energéticas (suposición incorrecta a mi juicio), el Impuesto pierde su razón de ser en el actual escenario del sector. El caso de Cepsa es ejemplar.
2.Este Impuesto pone en peligro las cuantiosas inversiones que deben hacer las empresas para alcanzar el objetivo de descarbonización. El dinero que va a pagar el Impuesto debería ir a esas inversiones.
3.Este Impuesto machaca la competitividad y provoca que las inversiones se hagan fuera de España. Lo que dice Repsol es la pura realidad: se llevarán las inversiones a Portugal o a Francia, países donde no existe este Impuesto. Es natural: tienen que vender en el mundo al mejor precio posible. De no hacerlo así, les comerá la competencia.
4.Todo lo anterior es aplicable igualmente a las empresas eléctricas, que tienen que hacer inversiones enormes en transición ecológica. Y a los Bancos: el Impuesto disminuye su capacidad de prestar y lo mejor que podían hacer con el dinero del Impuesto es destinarlo a reforzar su capital
5.Con independencia del impacto económico descrito, hay que recordar que este impuesto tiene muchas pegas jurídicas. Colisiona frontalmente con el IVA. Y no se entiende que queden fuera los que facturen menos de 1.000 M. Las empresas pagan, pero han impugnado el Impuesto y creemos que lo ganarán.
6.Esto es lo que pasa cuando se legisla para la galería, deprisa y corriendo, sin pensar seriamente lo que se hace, sin consultar con los que saben y basándose en una infantil dialéctica populista de buenos y malos. Cuando se juega con las cosas de comer todos salimos perjudicados.
