A lo largo de los cuatro años que dura la legislatura que acaba de comenzar, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que entregar al País Vasco un total de 100 millones de euros que las instituciones de esa comunidad autónoma destinarán a la «adaptación del euskera a la nueva era digital». Así figura en el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSOE para que la formación nacionalista diera sus votos a la investidura del socialista Pedro Sánchez.
En el mismo documento, ambas formaciones acuerdan agilizar al máximo el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma. En este caso, se dan un plazo de dos años para que la Comunidad Autónoma Vasca comience a gestionar las competencias en ferrocarriles y en homologación y convalidación de títulos extranjeros. Además, el Estado financiará los procesos de inclusión y financiará el 50% «del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo».
Más poder para la Ertzaintza
El acuerdo contempla también nuevas funciones para la policía autonómica vasca. Así, la Ertzaintza asumirá «como policía integral» la responsabilidad de los planes de apoyo «operativos en las infraestructuras críticas del puerto de Bilbao». También formará parte de los equipos de inspección de este puerto y tendrá acceso al sistema SECUREPORT. El acuerdo, además, permitirá a la policía autonómica hacerse cargo de la investigación de los delitos contra el medio ambiente y la naturaleza, así como estar presente en la mesa de valoración de la amenaza de la Junta de Seguridad estatal y acceder al punto único de contacto en el que se encuentran integrados los sistemas SIRENE, INTERPOL y EUROPOL.
El documento, finalmente, obliga al Gobierno de Sánchez a impulsar la presencia de las instituciones vascas «en los foros internacionales de fiscalidad de la OCDE«, como FHTP, Global Forum y FTA. También promoverá la participación del Gobierno vasco en «los trabajos de marco inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 dirigidos por el comité de asuntos fiscales de la OCDE».