Pese a que a los partidos separatistas y el PSC aprobaron una ley catalana ad hoc para impedir que se cumpliese la sentencia del 25% en castellano, la Justicia está salvaguardando los derechos lingüísticos de los alumnos que solicitan español. Y es que, aunque la norma de rango autonómica prohibía establecer porcentajes para eludir el 25% de español, los tribunales están dictando que se imparta una o más asignaturas troncales en castellano, evitando así hablar de porcentajes. Es lo que ha ocurrido de nuevo en una escuela del Prat de Llobregat, donde el TSJC obliga a que en ella se imparta en castellano una asignatura que, por su importancia, sea «considerada como principal».
La entidad constitucionalista Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ayuda con el trámite judicial a las familias que desean castellano escolar, se ha felicitado por este éxito. «¡Seguimos!», han expresado en redes sociales. Todo lo contrario que el nacionalismo en el poder. La consellera de Educación, Anna Simó, ha asegurado que el «TSJC ha vuelto a sentenciar contra el sentido común de la pedagogía». «Nos defenderemos», ha añadido, «delante de todas y cada una de sus injerencias. Vivimos en un país en el que los jueces hacen de maestros, de pedagogos e incluso de consellers de Educación». Y ha concluido: «Es intolerable el acoso político sufrido por la dirección y el centro».