El juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha ofrecido al prófugo Carles Puigdemont la posibilidad de declarar voluntariamente en la causa que instruye contra esta entidad, principal responsable de las graves algaradas que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019. García Castellón ha hecho público un auto este lunes en el que indica que «el análisis de los hechos expuestos no permite excluir en absoluto que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista«. Y es que en dicho auto se recoge la información recabada por la Guardia Civil sobre la creación de esta entidad y su forma de actuar entre finales de agosto de 2019 y sus últimas movilizaciones.
En el auto, García Castellón afirma que es necesario que Carles Puigdemont como investigado, asistido por letrado y «ofreciéndole la oportunidad de defenderse». A lo largo del relato de los hechos, parece quedar claro que Puigdemont no solo conocía a fondo la actividad de Tsunami sino que, además, tomaba decisiones sobre la misma. Dado que Puigdemont es ahora mismo eurodiputado, García Castellón admite en el auto que es aforado, por lo que le ofrece la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de emitir un suplicatorio.
Sables y togas
Ante este auto, Puigdemont ha publicado un mensaje en sus redes sociales asegurando que su imputación es un «a por ellos, para no perder la costumbre». «Es», ha añadido, «el golpe de Estado permanente que tanto les agrada revivir, sea con sables o sea con togas«. No contento con ello, ha arremetido también contra Felipe VI, cuyo discurso del 3 de octubre de 2017, ha dicho, desprende «hedor de alcantarilla».
Otegui como testigo
En su auto, García Castellón cita como imputados a, entre otros, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la mano derecha de Puigdemont en Bruselas, Josep Lluís Alay. Además, cita como testigo al líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegui. El magistrado de la Audiencia Nacional se refiere a Tsunami Democràtic en este documento como «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos, que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo». Además, considera que el objetivo de Tsunami era «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva«.
En el mismo auto, García Castellón cuantifica los daños causados por Tsunami Democràtic en el Aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019 en casi dos millones de euros, de los que 978.000 corresponderían a las pérdidas sufridas por la compañía Vueling, que en aquella jornada tuvo que cancelar nada menos que 169 operaciones.
