Prosigue la pugna entre Junts y Esquerra por presentarse ante el electorado secesionista como el negociador que logra extraer más cesiones al PSOE a cambio de la investidura. Así, justo después de que socialistas y republicanos alcanzaran un pacto que, además de condonar 15.000 millones de la deuda catalana, ha ampliado los efectos de la amnistía (también incluirá a Tsunami Democràtic y a los CDR), Puigdemont ha tensado la cuerda y ha dilatado el acuerdo con el PSOE con nuevas exigencias. Se trata de robar el protagonismo a ERC sobre la amnistía y demostrar que, verdaderamente, la investidura está en sus manos y no en las de Junqueras.
En concreto, y según relata El Español, el expresident fugado se niega ahora a firmar el acuerdo si la medida de gracia no incluye también a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs; su abogado, Gonzalo Boye; y su jefe de Oficina, Josep Lluís Alay. Recordemos que Borràs fue acusada por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente del Institut de les Letres catalanes. Por su parte, Boye está procesado por presunto blanqueo de capitales. Finalmente, Alay está acusado de malversación y prevaricación por haber pagado con dinero publico un viaje al referéndum de Nueva Caledonia en 2018.
