La amnistía pactada entre el Gobierno y el separatismo, cuyos votos necesita para la investidura, contestada con rotundidad por la judicatura. La APM, la asociación mayoritaria de los jueces, ha mostrado su «más firme rechazo» a una norma que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial». «Se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho». Son palabras graves pero no sorprendentes en tanto dicha asociación, tal y como ella misma ha recordado, lleva «mucho tiempo» alertando sobre el «grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho»
El colectivo también juzga «inaceptable e inasumible para una democracia plena» impulsar una ley que «exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente». Y es que para los magistrados, esta norma «no es admisible» en la Constitución del 78 y pone en entredicho la labor de jueces que aplican leyes democráticas. El comunicado ha sido desestimado por la prensa afín al Ejecutivo, que ha resaltado en diversos titulares el carácter «conservador» de esta asociación. Por otra parte, periodistas como Àngels Barceló (La SER) ha criticado que la declaración atenta contra la «separación de poderes».
