Cataluña es la comunidad autonóma que mantiene una deuda mayor con el Fondo de Liquidez Autonómico —una línea de crédito que el Estado abrió en 2012 para que las regiones pudieran recurrir a ella en caso de necesidad—: 85.000 millones de euros. Sin embargo, en el marco de las negociaciones por la investidura, Junts per Cataluña ha invertido los términos, sosteniendo que es España la que tiene una deuda económica «histórica» con Cataluña, que han cifrado en 450.000 millones. Esta cifra, resultado de «40 años de infrafinanciación», la ha calculado la formación neoconvergente en base a los 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones.
Por este motivo, Junts ha demandado la condonación de la mencionada deuda de la FLA. Junto a ello, también ha exigido el traspaso de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña para que ésta «recaude todos los impuestos». En cuanto a las pensiones, los neoconvergentes proponen crear una Seguridad Social catalana y que el Estado transfiera a la Generalitat «la hucha de las pensiones». Por último, el Estado debe «compensar la transferencia de la liquidación de presupuestos en infraestructuras que no se han cumplido durante los mandatos del presidente Sánchez», así como ceder a Cataluña el 19% de los Fondos Next Generation con efectos retroactivos.
