La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha interpuesto este viernes una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, por su reunión del lunes con el fugado Carles Puigdemont en Bruselas. SCC considera que la líder de Sumar ha faltado «a la obligación de su cargo» y ha dejado «intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que se tenga noticia o de sus responsables». En un comunicado, SCC ha señalado que el argumento de que Díaz se reunió con el líder de Junts en calidad de representante de Sumar es «fraudulento puesto que siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta».
En la misma nota, SCC señala que su denuncia se basa en el artículo 408 del Código Penal, que tipifica como delito que «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». SCC considera que la vicepresidenta en funciones «ha faltado a la obligación de su cargo e, intencionadamente, ha dejado de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos».
¿Lo aceptó el Gobierno?
La entidad constitucionalista presidida por Elda Mata considera, además, que el encuentro entre Díaz y Carles Puigdemont contaba con el visto bueno del Gobierno y que una prueba de ello es que la vicepresidenta en funciones no ha sido destituida. En la denuncia presentada ante el Supremo se indica, además, que Yolanda Díaz «no puede desprenderse de su cargo a voluntad». Y añade en su comunicado: «De ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros».
«La conducta de Yolanda Díaz», concluye SCC, » atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes». Y acusa a la líder de Sumar de proyectar «una imagen lamentable» de España en el exterior: «Es paradójico que desde el poder judicial se persiga al responsable de la mayor fractura entre españoles de los últimos años y que, desde las mismas instituciones del Estado se promocionen reuniones con dicho sujeto en busca de su beneplácito para una futura investidura a cambio de cesiones del todo inconstitucionales y que no hacen sino llevar a España a la decadencia».
