El rechazo por parte de Sánchez del acuerdo por el bienestar y la igualdad de todos los españoles que le ofreció Feijóo el 29 de agosto cierra la última puerta a las que ha llamado el candidato designado por Felipe VI para obtener la confianza en la sesión de investidura que tendrá lugar en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre. La simple abstención de 4 de los 102 diputados del PSOE resultaría suficiente, pero todo indica que el presidente en funciones considera más progresista pactar con los sediciosos y prófugos de ERC y JuntsxCat, que hacerlo con el líder del partido que obtuvo casi un tercio de los votos el 23-J. El apoyo condicionado a Feijóo exigiría a un hipotético gobierno del PP consensuar sus políticas con el PSOE en el Congreso y posibilitaría al partido socialista recuperar la credibilidad perdida entre muchos de sus militantes y votantes, desconcertados e inquietos por la connivencia impuesta por su secretario general con la indocumentada extrema izquierda (Podemos y Sumar) y toda la pléyade de partidos separatistas.
Falso progresismo
Mirando la obra de gobierno de la pasada Legislatura, uno se pregunta qué hay de progresista en indultar a los golpistas de ERC y JuntsxCat que desafiaron el orden constitucional y siguen cuestionando y vilipendiando nuestro Estado de Derecho. O en la aprobación de la ley del sólo sí es sí, que ha puesto en la calle a cientos y cientos de agresores sexuales, incluidos decenas de violadores juzgados y condenados, y en la llamada ley trans que deja en manos de jóvenes de 16 años la decisión de hormonarse para cambiar de sexo. Nada hay de progresista tampoco en financiar el aumento del gasto en pensiones y otros programas sociales, ampliar la oferta de empleo público o subir el sueldo a los empleados públicos incurriendo en elevados déficits que trasladan la carga de la deuda a las generaciones futuras, esto es, a los grupos de población más jóvenes.
Ningún experto en sistemas fiscales serio aconsejaría tampoco establecer gravámenes a la carta sobre algunos sectores para gravar los supuestos beneficios extraordinarios obtenidos, como ha hecho este gobierno, sin molestarse siquiera las ministras de Economía y Hacienda en cuantificarlos y compararlos con los obtenidos en otros sectores, cuando además ya existe un impuesto general sobre sociedades que grava los beneficios, sean ordinarios o ‘extraordinarios’. Nada hay tampoco de progresista en una ley de acceso a la vivienda que al aumentar la inseguridad jurídica de los propietarios e imponerles prórrogas forzosas de los contratos y topes a la subida de los alquileres disminuirá la oferta de vivienda en lugar de aumentarla. Por no hablar del derroche de recursos públicos en otorgar subvenciones este verano para financiar los viajes de los jóvenes o las entradas a las salas de cine de los mayores de 65 años. El uso y abuso por parte del Gobierno Sánchez de los Presupuestos Generales del Estado y los Reales Decretos con fines electoralistas es un asunto grave que merecería la atención de la Fiscalía. Claro que Sánchez ya nos aclaró de quien depende la institución y el respeto que le merecen su independencia y la del sistema judicial al completo.
No se puede blanquear el golpe de estado
La situación resulta incluso más inquietante cuando miramos a lo que podría hacer un gobierno presidido por Sánchez en los próximos cuatro años, habida cuenta de que su estabilidad penderá de un hilo mientras dure la legislatura, a saber, de las concesiones que haga a cada uno de los partidos que, como advirtió Pérez Rubalcaba en 2016, quieren irse de España y constituir repúblicas independientes en Cataluña y El País Vasco. Los líderes de ERC y JuntsxCat ya han manifestado que venderán muy caros los 7 escaños obtenidos por cada una de estas formaciones el 23-J, y, aunque más cautos en sus pronunciamientos EH-Bildu y PNV, podemos dar por descontado que Otegui y Ortúzar seguirán su estela. La mayoría de los ciudadanos no hemos votado a ninguno de esos partidos y no nos merecemos estar sujetos a su chantaje permanente, porque lo que está en juego es nuestro Estado de Derecho y la división de poderes.
A la espera de lo que pueda decir el presidente del consejo de la república catalana en el ‘exilio’ desde Waterloo el próximo martes, exultante tras recuperar protagonismo en la política española, hay pocas dudas sobre cuáles son las principales exigencias de JuntsxCat y ERC para la nueva Legislatura: amnistía, validación del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y realización de un referéndum de autodeterminación. Si Sánchez llegara a blanquear mediante algún subterfugio los delitos cometidos por quienes participaron en el proceso que culminó con la proclamación de la república catalana el 27-O, algunos de los cuales fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, otros están pendientes todavía de juicio, y otros ejercen de prófugos desde que huyeron para evitar ser juzgados, nuestro ordenamiento constitucional y nuestro sistema judicial quedarían seriamente tocados. Comenzando por la Corona que advirtió el 3 de octubre de 2017 sobre “la gravedad de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña”, siguiendo por las propias Cortes que ratificaron la disolución del gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña ordenada por el gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y terminando por las actuaciones emprendidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, antes y después del 27-O, para mantener y restablecer el orden constitucional y juzgar a quienes lo desafiaron desde las instituciones del propio Estado, incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Pocos delitos más graves pueden cometer los representantes políticos en una democracia que atentar contra los pilares en que se sustenta: la Constitución y la división de poderes. Y eso es precisamente lo que hicieron los líderes de JuntsxCat y ERC y todos los ciudadanos que participaron, incluso recurriendo a la violencia en numerosas ocasiones, en el golpe de estado que protagonizaron en 2016 y 2017 en Cataluña.
Un pacto indeseable frente a un pacto improbable
La razón por la que JuntsxCat y ERC prefieren a Sánchez y rechazan a Feijóo como presidente del gobierno de España no son las políticas ‘progresistas’ que pudiera impulsar el primero en esta Legislatura, sino la debilidad de un gobierno de coalición, PSOE-PSC-Sumar que con sus 152 diputados sería más dependiente incluso de sus escaños que el de la Legislatura pasada, necesitado de contar con su respaldo para sacar adelante casi cualquier iniciativa legislativa. Los golpistas contemplan ese escenario como una nueva oportunidad para seguir extrayendo concesiones y reavivar el plan de desconexión de Cataluña del resto de España en todos aquellos ámbitos donde formar parte compromete su impunidad sin reportarles beneficios económicos tangibles. No tengan ninguna duda de que además de la amnistía, exigirán a Sánchez antes de irse la condonación de la deuda contraída con el Reino de España, la cesión de la red de cercanías con inversiones de primera, la transferencia de competencias sobre puertos y aeropuertos y una financiación privilegiada para Cataluña.
Aunque la aritmética parlamentaria le sea tan desfavorable, somos muchos los constitucionalistas que encontramos positivo que Feijóo se haya postulado como candidato. Dispone de tiempo suficiente para desarrollar los pactos de Estado ofrecidos a Sánchez y presentarlos a todos los españoles el 26 de septiembre, subrayando lo beneficiosos que resultarían para la mayoría de los ciudadanos frente al riesgo que supone dejar el gobierno de España a merced de las exigencias de partidos minoritarios que desprecian el interés general y el orden constitucional que lo articula. El apoyo que Feijóo, como ganador de las elecciones, reclama a Sánchez para gobernar los dos próximos años (cuatro sería incluso mejor) es, sin duda, la mejor opción para sortear el chantaje permanente y bajar las ínfulas a los partidos populistas e independentistas.
A los constitucionalistas comprometidos con la igualdad de los ciudadanos nos resulta difícil comprender la actitud sectaria del actual líder del PSOE, tan alejada de la posición de casi todos los líderes socialistas españoles de las últimas décadas y de los líderes socialdemócratas de otros países europeos. Porque el hecho objetivo e indiscutible es que los dos partidos juntos, más el PSC, representan casi a dos tercios de los votantes y estarían en condiciones de articular reformas constitucionales e institucionales, asegurar la estabilidad del gobierno de España y consensuar políticas sobre asuntos claves, tales como política exterior, inmigración, sistema judicial, sanidad y educación, vivienda, pensiones, déficit pública y deuda, etc.
PP y PSOE, Feijóo y Sánchez, si ustedes lo prefieren, están obligados moralmente a entenderse para reforzar la estabilidad institucional y el Estado de Derecho y acordar políticas beneficiosas para la mayoría de los ciudadanos que los votaron, en lugar de enredarse en pactos que están socavando y sembrando dudas sobre los mayores logros de nuestra historia contemporánea: la Transición que puso fin a las dos Españas y la Constitución aprobada en Las Cortes y refrendada por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978. Aunque todo indica que Sánchez tampoco escuchará en esta ocasión la lúcida reflexión de Pérez Rubalcaba, la obligación de los constitucionalistas es exigírsela porque, a diferencia de la amnistía, la colaboración entre los dos grandes partidos sí es cuestión de voluntad política.