El Govern de Pere Aragonés ha dado luz verde a un nuevo decreto con el que pretende seguir blindando el catalán en el sistema educativo ante las numerosas sentencias que le obligan a introducir un mínimo de un 25% de castellano en las aulas. Ahora ha ido más allá al regular que, por ejemplo, los profesores tendrán que acreditar el nivel C2, el más alto, de esta lengua para poder trabajar en Cataluña. Además, con el fin de no afectar a los claustros escolares, se hace con la responsabilidad legal sobre los proyectos lingüísticos. Y, por si esto no fuera suficiente, establece un duro régimen de sanciones contra aquellos que intenten, desde los colegios, ir en contra de la imposición del catalán.
Ante esta situación, la entidad constitucionalista Escuela de Todos ha tachado al Ejecutivo autonómico de «excluyente e hispanófobo«. Considera que el decreto es «contrario a los principios básicos de convivencia e incompatible con derechos reconocidos constitucionalmente». «Es un proyecto de decreto que muestra el verdadero rostro del nacionalismo», ha indicado en un comunicado, «imposición, sanción, barreras y exclusión«.
Ruptura con España e Hispanoamérica
En clara referencia al PSC, Escuela de Todos ha exigido «un pronunciamiento» sobre este decreto a los partidos que «no se presentan como nacionalistas pero que han sido clave en la última legislatura en la ayuda al nacionalismo para proseguir con su imposición lingüística». Y es que la entidad considera que el rechazo a esta norma «debe ser amplio y contundente» porque «no caben ambigüedades» ante estos hechos.
La entidad, finalmente, ha pedido la «solidaridad y el apoyo de todos los españoles». «La amputación del español en Cataluña, su exclusión como lengua de la escuela y de las instituciones nos afecta a todos», ha advertido, «así como las barreras lingüísticas que se imponen para evitar que continúe la comunicación fluida entre las distintas partes de España y también entre nosotros y nuestros hermanos hispanoamericanos. El proyecto nacionalista es división, y no solamente divide a los catalanes, sino también al conjunto de los españoles. Es preciso que el conjunto de la sociedad muestre su rechazo a las políticas de confrontación y apueste por la convivencia».
