Estamos ya a punto de salir de la última curva en la carrera más decisiva para el futuro de los españoles desde que, una vez enterrado Franco, los lideres políticos de la Transición protagonizaron un admirable esfuerzo de conciliación entre las históricas dos Españas, aprobaron la Constitución de 1978, e inauguraron el único período auténticamente democrático de nuestra convulsa historia marcada por numerosas cicatrices trágicas que algunos se esfuerzan por reabrir con malas artes y peores formas. Para salir de esta cita histórica con esperanza de preservar el orden constitucional y las instituciones democráticas resulta imprescindible impedir que Sánchez pueda volver a ser presidente y gobierne con el aval de los enemigos declarados de nuestra democracia.
Los medios de comunicación afines al régimen ‘sanchista’ agitan el espantapájaros de que llega la derecha y la ultraderecha, mientras dan por buenos los pactos ‘progresistas’ de Sánchez con EH-Bildu y ERC, las dos principales amenazas a nuestra democracia. Pasan de puntillas sobre el significado de acordar las políticas del Estado durante los últimos 5 años con los herederos legítimos de la banda terrorista ETA, los mismos que, durante décadas extorsionaron y asesinaron a cuantos ciudadanos pudieron en su afán por socavar nuestras instituciones democráticas. Y se sienten orgullosos de haber indultado a los líderes de ERC que, junto con el prófugo Puigdemont, declararon la independencia de Cataluña el 27-O de 2017, golpistas que a nadie ocultan su intención de volver a intentarlo en cuanto las circunstancias les resulten propicias. Sánchez ha considerado ‘progresista’ pactar sus políticas con los líderes de estas formaciones políticas y ha rechazado hacerlo con los líderes de la ‘derecha’, siguiendo la nefasta estela del PSC en Cataluña.
Se sienten orgullosos de haber indultado a los líderes de ERC que, junto con el prófugo Puigdemont, declararon la independencia de Cataluña el 27-O
Las políticas de Estado no pueden acordarse con estos compañeros de viaje y es por ello que una nueva legislatura con Sánchez al frente del gobierno supone un riesgo muy alto para la supervivencia de nuestras instituciones democráticas. Tanto daño ha hecho, que sus políticas no levantan únicamente recelos, preocupación y rechazo entre los ciudadanos que votan a la derecha y ultraderecha, como les gusta a Sánchez referirse a los partidos de centroderecha, sino entre infinidad de ciudadanos no especialmente preocupados por la cosa pública, y hasta entre aquellos con una contrastada trayectoria socialdemócrata. Para expresarlo de forma clara: no tendría inconveniente en sentarme a la mesa para escuchar lo que tuviera que decirme Abascal, pero me negaría a compartir mantel con Otegui, Puigdemont y Junqueras, enemigos declarados de la democracia española. Me encuentro en las antípodas de quienes como el delegado del Gobierno en Madrid manifestó con relación a los dirigentes de EH-Bildu que “han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera”. Aunque nunca podría alabar a los herederos de la banda terrorista, mi rechazo a Otegui y Cía. sería algo menos intenso si al menos hubieran colaborado con la justicia para esclarecer cientos de asesinatos cometidos por ETA cuya autoría desconocemos todavía.
En estos días en que se están cerrando pactos en algunas Comunidades y Ayuntamientos para conformar mayorías, estamos escuchando insinuaciones francamente obscenas en algunos medios de comunicación. En referencia a la Comunidad Valenciana, el diario El País abría su información sobre España con este titular: “Feijóo abraza los pactos con Vox”; y el artículo, firmado por García de Blas y Casqueiro, comenzaba así: “La extrema derecha se revuelve en esa región ante la negativa del PP a cederles la presidencia de la Asamblea regional”. En otro artículo en ese mismo diario, firmado por seis periodistas, se advierte del peligro que suponen “los pactos en ciernes para distintas regiones y ayuntamientos”, no entre el PP y Vox, sino “entre la formación de Alberto Nuñez Feijóo y el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal”. (Subrayados míos.) Cuando Sánchez acordó formar un gobierno de coalición en 2019 con Unidas Podemos, ese mismo diario no informó del acuerdo diciendo que “la formación de Pedro Sánchez Castejón y el partido de extrema izquierda liderado por Pablo Iglesias pactan un gobierno de coalición”.
Se traslada así a la opinión pública de manera subrepticia algunos mensajes con connotaciones negativas sobre el PP
En ese mismo artículo, sus autores, “anticipan medidas con profundos cambios sociales” entre los que se menciona la gestión privada de hospitales, y la “derogación de normas sobre plurilingüismo, igualdad y memoria democrática”. Cambios sociales que los autores entienden que van a resultar negativos para los ciudadanos. Se traslada así a la opinión pública de manera subrepticia algunos mensajes con connotaciones negativas sobre el PP y Vox sin presentar ningún dato verificable que los avale. Dan por sentado, por ejemplo, que la gestión privada de los hospitales constituye una potencial amenaza para el sistema sanitario, y, por ende, para la salud de los ciudadanos, sin preguntarse en ningún momento si la gestión pública de los hospitales presenta deficiencias que reducen la eficacia y aumentan el coste de los tratamientos. Para algunos la bondad de la gestión pública parece asemejarse a un dogma de fe.
Se proyecta, asimismo, la noción de que el PP y Vox pretenden derogar las normas sobre plurilingüismo, cuando en realidad lo que quizá (y no es seguro) pretenden estos partidos es derogar el monolingüismo en aquellas Comunidades donde, como en Cataluña, los gobiernos autonómicos han impuesto por la inmersión lingüística con el objetivo de eliminar el plurilingüismo en el sistema educativo, en las Administraciones Públicas e incluso en la vida social y las relaciones personales. Exactamente lo contrario de lo que insinúan los autores del artículo. Quienes hemos padecido la inmersión lingüística impuesta por CDC hasta 2002, por el PSC y ERC e ICV-EUiA, hasta 2010 y por los gobiernos independentistas que tomaron el relevo hasta nuestros días, no tenemos ninguna duda de lo beneficioso que resultaría derogar el monolingüismo impuesto en Cataluña y en otras Comunidades donde coexisten dos lenguas oficiales.
Resulta indecente rememorar el pasado empleando categorías ahistóricas y con una marcada intencionalidad maniquea
En cuanto a la memoria, parece desatinado deshacer el camino de la Transición insistiendo, como viene haciendo este gobierno, en hablar de memoria democrática, como si el adjetivo aportara algo positivo al sustantivo. Constituye una tarea digna de encomio esforzarse en esclarecer el pasado para conocer con rigor qué ocurrió y por qué, pero resulta indecente rememorarlo empleando categorías ahistóricas y con una marcada intencionalidad maniquea que busca avivar las cenizas de una contienda fratricida y hasta obtener réditos electorales con la operación. Conocer la historia nos ayuda a comprender mejor lo acaecido, pero se convierte en un despropósito cuando se ocultan aquellos hechos que no encajan bien dentro de nuestra visión sectaria de la historia y la reducen a una lucha entre demócratas progresistas y las fuerzas de la derecha y extrema derecha.
Llama sobremanera la atención que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática persiga dos objetivos principales muy selectivos. Primero, “fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia”, siendo el último y más importante de esos hitos democráticos el “protagonizado por la Segunda República Española”. Olvida el legislador, la importancia de conocer lo ocurrido fuera esos breves interludios, así como los intentos de acabar, por ejemplo, con un gobierno democráticamente elegido en 1934; las nada ocultas pulsiones totalitarias que inspiraban la acción de gobierno a algunos de los principales protagonistas de la Segunda República; y, en fin, los asesinatos cometidos en nombre del ‘pueblo’ en territorio bajo control del gobierno republicano.
En estas elecciones nos jugamos mucho más que la orientación de las políticas sociales y económicas
El segundo objetivo es “mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista”, olvidando los viles asesinatos perpetrados por ETA, la mayoría de ellos ejecutados en unos años en que España, esta vez de veras, había logrado institucionalizar la democracia.
Vaya manera de “preservar y mantener la memoria de las víctimas… a través del conocimiento de la verdad”, una ‘verdad’ troceada, parcial y nada respetuosa con la objetividad histórica debida. Como decía Leguina, quien fuera líder del PSOE y presidente de la Comunidad de Madrid, en un artículo publicado hace unos días, en estas elecciones nos jugamos mucho más que la orientación de las políticas sociales y económicas, nos jugamos la pervivencia de las instituciones democráticas amenazadas por quienes desde el propio Estado pretenden disolverlas, y están dispuestos a desenterrar a las víctimas de un pasado muy lejano mientras blanquean e indultan a quienes más han hecho por acabar con nuestra joven democracia.