Nos acercamos a la primera cita electoral de 2023 que, pese a su carácter marcadamente territorial, puesto que se trata de elegir a nuestros representantes en los órganos de gobierno de doce Comunidades, las dos Ciudades Autónomas y todos los Ayuntamientos de España, a nadie se le oculta su trascendencia a pocos meses de las elecciones generales a celebrar en algún momento del próximo otoño. Desde el 1 de junio de 2018 en que fue investido Sánchez presidente, tras ganar la moción de censura presentada contra Rajoy, el gobierno de España ha estado a merced de los apoyos parlamentarios de los diversos partidos que, además de los diputados del PSOE (77), avalaron la moción de censura: Podemos (50)-En Comú Podem (12)-En Marea (5)-Compromís (4), ERC (9), PDECat (8), PSC (7), PNV (5) y EH-Bildu (2). 180 diputados respaldaron a Sánchez y el apoyo de los 5 diputados del PNV resultó decisivo para inclinar la balanza.
No hace falta ser muy entendido en aritmética parlamentaria para comprender que un gobierno integrado por un partido que cuenta con el respaldo incondicional de los diputados de su partido 77 y el del partido hermano de los socialistas catalanes 7, 84 diputados de 350, estaba a merced de todos los partidos que avalaron la moción. Pero tampoco para comprender que los partidos que auparon a Sánchez el 1 de junio a La Moncloa eran plenamente conscientes de que ningún otro gobierno de España, desde luego no el presidido por Rajoy que había disuelto el Parlamento y destituido al gobierno de la Generalidad de Cataluña el 27 de octubre de 2017 tras declarar la independencia, podía resultar tan favorable a sus intereses. La debilidad del gobierno de Sánchez constituía un activo valiosísimo para todos aquellos partidos que, por unas razones u otras, aspiraban a acabar con el ‘régimen del 78’.
La ligera recuperación del PSOE en las urnas y la debacle del PP tras la marcha de Rajoy no otorgaron a Sánchez la mayoría holgada esperada
Si bien la aritmética parlamentaria reforzó ligeramente la posición de Sánchez al frente del PSOE tras las dos elecciones generales celebradas en abril y noviembre de 2019, la tarea de gobernar con el apoyo de 120 diputados (108 del PSOE y 12 del PSC) se antojaba imposible y Sánchez no dudo en adentrarse por la senda de la indecencia: gobernar con Unidas Podemos-Izquierda Unida-En Comú Podem (32 escaños), la coalición liderada por Iglesias, Díaz y Colau, con la que Sánchez había jurado y perjurado durante la campaña no gobernaría. Para pasar el trago de la investidura Sánchez volvió a necesitar los votos favorables de algunos de los partidos que habían apoyado la moción de censura como el PNV (6), Más País (2), la escisión de Podemos, Compromís (1), Nueva Canarias (1), BNG (1) y hasta Teruel Existe (1), así como la decisiva abstención de partidos ERC (13) y EH-Bildu (5) que si bien deseaban que Sánchez siguiera al frente del Ejecutivo querían dejar claro que iban a vender caro su apoyo.
La ligera recuperación del PSOE en las urnas y la debacle del PP tras la marcha de Rajoy no otorgaron a Sánchez la mayoría holgada esperada y Sánchez no dudó tampoco en seguir adentrándose por la senda de la indecencia para asegurarse su permanencia en La Moncloa. Para los constitucionalistas y demócratas, Sánchez no pasará a la historia como el presidente que exhumó en 2019 los restos de Franco, fallecido 44 años antes, sino por haber concedido el indulto en 2021 a los golpistas de ERC y CDC contra de la opinión del Tribunal Supremo que los había juzgado con todas las garantías y condenado por los delitos de sedición y malversación. No contento con ello, el gobierno Sánchez se plegó de nuevo a las exigencias de ERC y sacó el delito de sedición Código Penal y blanqueó el delito de malversación, sin que los condenados hubieran mostrado arrepentimiento alguno y se jactaran de que volverán a hacerlo. Por supuesto que los resultados electorales y pactos poselectorales eran legales, por supuesto que considerar a ERC y EH-Bildu socios prioritarios del Gobierno lo es, todo muy legal, Sr. Sánchez, pero profundamente indecente, tanto que nunca más podré votar al PSOE mientras usted lo lidere.
El gobierno Sánchez se plegó de nuevo a las exigencias de ERC y sacó el delito de sedición del Código Penal y blanqueó el delito de malversación
Quiere usted, Sr. Sánchez, convencer también a los españoles de que el PP incumple la Constitución por resistirse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero oculta que la negociación se vino al traste precisamente cuando las garantías que su ministro Bolañoa había dado de que el Gobierno no tocaría el delito de sedición, quedaron sepultadas en la cripta de la infamia cuando se conoció el pacto del Gobierno con los golpistas de ERC para eliminar el delito de sedición del Código Penal y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. La negativa a ‘cumplir’ la Constitución que usted achaca al PP por retirarse de la negociación para renovar el CGPJ constituye una nimiedad comparada con el desprecio al orden constitucional que supone su pacto con ERC, una acción legal, sin duda, pero indecente que justifica sobradamente la decisión del PP de abandonar la mesa de negociación.
A nadie con cierta perspicacia se le oculta su inclinación a suplir la debilidad parlamentaria de su Gobierno con el control del sistema judicial para asegurar que la legalidad de los pactos y reformas legales alcanzados con sus avalistas no resulten cuestionados ni entorpecidas, respectivamente. Quienes de veras defienden la democracia española, el orden constitucional y la división de poderes, ven con preocupación como coloca a hombres de su confianza en puestos claves de la judicatura: exministros de justicia al frente de la fiscalía general del Estado y exfiscales generales y exministros como presidente y magistrados del Tribunal Constitucional, para afianzar su programa de desmantelamiento de nuestra democracia que puede resumirse así: allanar el camino a los golpistas y diluir la división de poderes para debilitar el orden constitucional. Usted acusa al PP de incumplir la Constitución cuando en realidad es usted el presidente que más ha hecho para desvirtuarla y debilitar el orden constitucional.
Lo verdaderamente indecente es que el Gobierno haya considerado a semejante engendro político su socio prioritario durante esta legislatura
De poco sirve que manifestara hace unos días que “hay cosas que pueden ser legales, pero no decentes” al referirse a la inclusión en las listas electorales de EH-Bildu de unas decenas de miembros de la banda terrorista ETA, algunos de ellos condenados por participar en asesinatos, una circunstancia sobre la que, por cierto, no alertó a la sociedad española el PSOE ni el PSV de Patxi López, sino COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo. En esa misma línea se han manifestado otros miembros del gobierno, como la ministra Calviño cuando declaró que “resulta absolutamente incomprensible” y se preguntaba “yo no sé qué líderes de un partido político pueden considerar o pueden querer hacer un daño a las víctimas y volver atrás”, una prueba más de que de las dos competencias que ostenta, Economía y Transformación Digital, es la realidad virtual en la que realmente se encuentra a gusto.
No haga preguntas retóricas, Sra. ministra, porque son los mismos líderes y partidos que avalaron a Sánchez en la moción de censura que lo aupó a La Moncloa el 1 de junio de 2018 y los mismos que han sido los socios prioritarios de los gobiernos de coalición en los que usted es vicepresidenta desde 2020. Lo verdaderamente indecente no es que SORTU homenajee a los terroristas cuando salen de la cárcel tras cumplir sus condenas y la coalición EH-Bildu en la que está integrada SORTU los incluya en sus listas electorales, sino que el Gobierno haya considerado a semejante engendro político su socio prioritario durante esta legislatura y achaque a quienes denuncian su vergonzoso mercadeo de utilizar el terrorismo como arma electoral.
Pobrecito Sánchez, vapuleado por la ira de esa derecha y ultraderecha inmisericordes que no comprenden sus denodados esfuerzos para normalizar el país
El artículo en el diario El País donde se recogían las declaraciones de Sánchez desde Washington observaba que “como caído del cielo, el partido vasco [EH-Bildu] ha dado un nuevo argumento clave al PP para su campaña contra el PSOE”. Al parecer lo noticiable y preocupante para el diario y Sánchez no era tanto la inclusión de terroristas en las listas del “partido vasco”, sino que esta circunstancia hubiera proporcionado “un nuevo argumento clave al PP para su campaña contra el PSOE”. Pobrecito Sánchez, vapuleado por la ira de esa derecha y ultraderecha inmisericordes que no comprenden sus denodados esfuerzos para normalizar el ‘país’, indultando a los golpistas catalanes y reconvirtiendo al heredero del brazo político del terrorismo y la extorsión etarrra en sus socios prioritarios. La presencia de terroristas en las listas de EH-Bildu (aunque no sea esta la primera vez), orgullosos de su pasado y reconocidos con su inclusión precisamente por haberlo sido, no constituye ningún “nuevo argumento clave contra el PSOE”, porque el argumento es tan viejo como la repugnante decisión de Sánchez de convertirlos en socios preferentes de sus gobiernos desde que lo auparon a La Moncloa.
No me resisto a recordar que el 26 de febrero se cumplieron 27 años del asesinato de Fernando Múgica, el 1 de julio se cumplirán 26 años de la liberación de José Antonio Ortega y el 23 de julio 26 años del asesinato anunciado de Miguel Ángel Blanco. ¿Cabe mayor cinismo e hipocresía que rehabilitar políticamente a consumados criminales al mismo tiempo que se amenaza a quienes enaltezcan la dictadura de Franco? Por eso, cada vez que veo la jeta del ‘demócrata’ Otegui (miembro de comandos de ETA, miembro de Herri Batasuna y portavoz de Batasuna, dos organizaciones ilegalizadas, secretario general de Sortu y portavoz de la coalición EH-Bildu), no puedo evitar que se me revuelvan estómago y memoria democrática, y resuenen dentro de mí las palabras pronunciadas por Fernando Múgica tras el asesinato de su hermano: “ni olvido ni perdono”. Perdonar es una decisión íntima y privada, el blanqueamiento político de EH-Bildu, Sr. Sánchez, una indecencia política de una entidad incomparablemente mayor a la de haber engañado a quienes le votaron en 2019. Imperdonable, por mucho que la envuelva en celofán ‘progresista’.