La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciado una recogida de firmas con el fin de exigir al Govern que active en el Parlament una «comisión de investigación de la persecución judicial del movimiento por la independencia de Cataluña». Con este objetivo ha puesto en marcha una página web en la que es posible firmar la petición, que se acompaña de un manifiesto en el que se indica que «la represión de los tribunales es un aspecto nuclear de la fase del conflicto entre Cataluña y el Reino de España, iniciada con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut».
En el mismo manifiesto se acusa a España de «no haber reaccionado como un país democrático» ante «las grandes manifestaciones y las iniciativas políticas de Cataluña» sobre la independencia. «Han respondido como los estados totalitarios como Turquía, Rusia o China, que persiguen a las minorías nacionales», añaden los autores del documento. Ante esta «bunquerización española», afirman, el «pueblo catalán» solo ha podido recurrir a la «desobediencia civil». Y ante esta situación, añaden, España ha reaccionado «criminalizando actuaciones del Parlament y las protestas pacíficas».
Desinformación «sobre la persecución penal»
La ANC considera que la Cámara autonómica debe «combatir la desinformación sobre la persecución penal de la mayoría independentista». Y, además, considera que la «causa general contra el independentismo va mucho más allá de una mesa de diálogo entre gobiernos» porque «es un asunto que ofende la conciencia de todos los demócratas del mundo». Por estos motivos, la Assemblea pide que se cree una comisión de investigación parlamentaria cuyo objeto debe ser analizar «los procesos judiciales relacionados con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, desde sus preparativos hasta la actualidad, con la comparecencia de las víctimas, documentos escritos y audiovisuales». Una vez realizada esta comisión, la ANC pide que sus conclusiones se remitan al Consejo de Europa, a la UE, a la OSCE, a Naciones Unidas y «a todas las instancias internacionales de defensa de derechos humanos».
