La construcción nacional en Cataluña absorbe gran parte del presupuesto público. Un ejemplo de ello es que, tal y como ha desvelado recientemente El Confidencial, la Generalitat pagó 8.775 euros a Helena Catt, jefa de los observadores internacionales que el Diplocat contrató para que supervisaran el desarrollo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Su factura data del 5 de octubre de ese año, un día antes de abandonar Barcelona.
Por su parte, el equipo de 9 expertos, más cuatro personas de apoyo administrativo, acabó costando 305.789,01 euros a las arcas públicas catalanas. En un primer momento, Diplocat destinó 206.371,49 euros a los «prestigiosos expertos», pero luego añadió 64.654,09 euros como gastos para un programa de «visitantes internacionales» y 34.763,43 euros par aun un «workshop de expertos Europa». El organismo se hizo cargo de todos los gastos, incluyendo hoteles de lujo, manutención, desplazamientos, alquiler de vehículos y servicios administrativos.
