En el barcelonés barrio de la Bonanova (distrito Sarrià – Sant Gervasi) hay un par de edificios ocupados por unos malechores que al delito de ocupación ilegal añaden robos, amenazas y coacciones a quien por allí se acerca. Están en la confluencia de las calles Sant Joan de la Salle i Lluçanès, tocando a la plaza de la Bonanova, y delante de la iglesia del mismo nombre. Estos edificios han sido rebautizados como el Kubo y la Ruïna, que incluso dispone de una cuenta de Twitter desde donde se emiten mensajes tan sociales y solidarios como: «Si desalojan la Ruïna y el Kubo, que arda Sant Gervasi». Por si no queda claro, la ilustración lo dice todo.
El problema viene de lejos. Metrópoli Abierta informaba el 24 de marzo pasado que los vecinos están aterrados por las amenazas de los okupas violentos, y que en el último momento el desalojo que estaba previsto no se había producido. Según Daniel Sirera (PP), el Ayuntamiento está cediendo al chantaje de los delincuentes: «Esto no es una práctica democrática. Pido a Ada Colau y a las instituciones que cumplan la ley. Los okupas no son bienvenidos en esta ciudad y no podemos aceptar amenazas a la justicia y a la policía de que van a quemar el barrio. Tienen que ser desalojados cuanto antes por la seguridad de los vecinos.» Lo que dicen los ocupantes, que no esconden el poco aprecio que se les tiene, es: «Creemos necesario tener presencia y okupar espacios donde no nos quieren. No nos vamos a ir, vamos a defender nuestras [sic] casas y nuestros [sic] centros sociales como si de una trinchera se tratara.» En este breve video se puede ver a Cake Minuesa hablando del tema con un portavoz de la ocupación, que responde con sonoras amenazas y el lanzamiento de objetos de vidrio. Un anuncio de lo que puede llegar a suceder.
Confundiendo la causa con el efecto, como es habitual en estos casos, el diario Ara afirmaba el pasado día 25 que una protesta de Ciudadanos tensiona una vivienda ocupada en la Bonanova. La «tensión», según noticias de agencia que recoge la Vanguardia, no era otra que la provocada por unos activistas: «Efectivos de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo cargas policiales este martes por la tarde contra un grupo de activistas que se manifestaba en la plaza de la Bonanova, en Barcelona, para denunciar un acto convocado por Ciudadanos contra las ocupaciones.» El Periódico habla de una tensa manifestación vecinal, a la que habían llamado a participar Anna Grau (Ciudadanos) y «una entidad ultra»: «En cualquier caso, sin convocantes oficiales, la cita ha llegado a concentrar a cientos de personas. Al grupo que ha iniciado la protesta alrededor de las siete de la tarde, se han ido sumando vecinos y curiosos alertados por la megafonía y el despliegue policial. Los gritos hacia los locales ocupados desde años por colectivos antisistema han sido constantes.»
Interviene Desokupa
También Metrópoli Abierta, el día 27 de abril informa de que Desokupa, empresa dedicada a la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente, se ha puesto a disposición de los vecinos de manera gratuita. El día 29 explica que el administrador de Desokupa, Daniel Esteve, tiene «pruebas de que los okupas han agredido a menores con cascos de moto y palos», anuncia que el próximo 11 de mayo «nos vamos a manifestar pacificamente junto a los vecinos de la Bonanova», y que «acudirán al lugar la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, todos los vecinos de la Bonanova y 50 tíos de desokupa»: Desokupa desplegará su mayor dispositivo en España para vaciar el Kubo y la Ruïna. Algunas imágenes de lo sucedido están recogidas aquí mismo.
El jueves 11 de mayo es el día anterior al comienzo oficial de la campaña para las elecciones municipales, por lo que el día 12 a las cero horas aún humearán los rescoldos —esperemos que sólo en sentido metafórico— de lo que acabare de suceder en los edificios cuyo desalojo se anuncia. ¿Qué puede pasar hasta entonces? Lo más juicioso sería que el Ayuntamiento de Barcelona —gobernado por el partido de Ada Colau y el partido socialista— enviara a sus correveidiles sociales a negociar con los okupas, ofreciéndoles un nuevo edificio ocupable, en otra zona, y pactando unos destrozos limitados, en Gràcia por ejemplo, escenario frecuente de las rutinarias protestas de este tipo de «activistas».
A nadie le escapa que el problema de la ocupación ilegal de viviendas y edificios no habría llegado tan lejos sin la anuencia, por acción o por omisión, de los poderes públicos. En la presentación del libro de campaña del partido Valents —Adéu-siau! ¡Hasta siempre! Colau, de César Alcalá—, según cuenta e-Notícies, Eva Parera afirmó: «Llevamos doce años de alcaldes cómplices con los okupas. Empezó con Trias, con el “Banc Expropiat” y “Can Vies”, pagando y mirando hacia otro lado. Ha seguido con Colau, que ha llegado al punto de gastar recientemente 40.000 € del dinero de todos los barceloneses para arreglar el local ocupado de “Tres Lliris” en Gràcia. No podemos seguir así. El 28 de mayo, si Valents es decisivo, acabaremos con esta lacra de las ocupaciones ilegales.»
Este último es sólo un ejemplo. El pasado 1 de diciembre informaba el Debate que Colau regala 40.000 euros a los okupas del casal Tres Lliris para hacer obras de mejora, ¡un edificio ocupado ilegalmente desde el 2015! La costumbre hace ley pero sólo en defecto de ley. En cualquier caso, si el Ayuntamiento de Barcelona reconoce la nueva propiedad hasta el punto de hacerles una donación en concepto de rehabilitación, es de suponer que también debería aplicarle el IBI y lo que corresponda por las actividades allí realizadas.
Nueva Ley de Vivienda
En conflicto de la Bonanova llega en un momento delicado para Desokupa, cuyas actuaciones en defensa de la legítima propiedad inmobiliaria ponen en evidencia la incapacidad de las administraciones para hacer cumplir la ley. Cuando se rumorea que la nueva Ley de vivienda va a poner las cosas más fáciles a los okupas y se habla incluso de que el gobierno se está planteando un real decreto para ilegalizar las empresas como Desokupa, la cuestión no va a poder evitarse en la próxima campaña electoral y menos en lugares como Barcelona.
El portal de información inmobiliaria Idealista decía el pasado febrero que Cataluña aglutina el 42% de casas okupadas en España: «La autonomía catalana no sólo es actualmente la que lidera los casos de okupaciones, sino también donde surgen fenómenos que se replican después en diferentes partes de España. Uno de ellos es el uso de la bautizada “técnica de la pizza”, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta táctica se lleva sucediendo en Cataluña desde 2018, aunque en los últimos años se ha propagado a otras partes del país. La comunidad también ha sido el escenario de una investigación judicial que ha desvelado que las mafias especializadas en la okupación de viviendas se embolsan miles de euros gracias a los pactos a los que llegan con los grandes propietarios, como bancos o fondos de inversión, para abandonar los inmuebles a cambio de percibir una compensación económica.»
En la situación actual, abandonados los ciudadanos a su suerte por las administraciones, prohibir el funcionamiento de Desokupa sería un error, un inmenso error, ya que actúa siempre dentro de la legalidad y en coordinación con los cuerpos policiales. Afirman en su web: «Desde que empezamos en 2016 hemos llevado a cabo más de 7.000 desokupaciones con éxito. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.» Sin ese último recurso, algunos propietarios y vecinos víctimas de las ocupaciones delictivas podrían estar tentados de recurrir a apoyos y métodos que traspasen el código, con resultados fáciles de imaginar.
El 21 de abril, Moncloa.com se hacía eco de la posibilidad, anunciada por Dani Esteve, de crear un partido político —Euforia en las redes sociales—: «Tras lo dicho por la ministra portavoz Isabel de Rodríguez, quien amenazó con la creación de un Real Decreto para “desmantelar” la empresa de Esteve, alegando que lo que hacen es “anticonstitucional” (…) Dani Esteve promete al Gobierno que si tocan a Desokupa, Desokupa irá al Congreso de los Diputados a través de una formación política.» Para redondear el anuncio, dijo que «lo primero que haría sería desmontar todos los “chiringuitos” del Ministerio de Igualdad, que el dinero de este ministerio sería destinado a equiparar los salarios de los uniformados de los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y que destinarán dinero al cáncer infantil».
Puede parecer una bravata, pero ahora a ver cómo recupera el gobierno el terreno perdido. Legislar y actuar en detrimento de los ciudadanos y a beneficio de las mafias de la ocupación ya no puede sostenerse por más tiempo.
