El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley del Sólo Sí es Sí promovida por el PSOE para evitar que se continúen produciendo rebajas de condena a agresores sexuales.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó el día de ayer como «el día más triste y difícil» desde que es ministra. Recriminó a sus socios de investidura que se aliaran con el Partido Popular y consintieran la eliminación del consentimiento como piedra angular de la ley.
Irene Montero ha de dimitir o ser cesada de inmediato
Resulta sorprendente que el día más «triste y difícil» de la Ministra de Igualdad sea aquel en el que se ha aprobado una ley que pretende acabar con la nada desdeñable cifra de un millar de revisión de condena a agresores sexuales.
No obstante, no será esta la primera ocasión que opine sobre la actitud de la Ministra y pida públicamente su dimisión. Irene Montero no puede seguir al mando del Ministerio. Y no puede hacerlo por varias razones.
La primera porque los errores de la ley del Sólo Sí es Sí podrían haberse evitado si no se hubieran obviado por su Ministerio los informes preceptivos (y no vinculantes) del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado donde se advertía de tal peligro frente al anteproyecto de ley.
No obstante, se hizo caso omiso. Suponemos que porque se trataban de actores «machistas» tal y como la propia Ministra afirmó respecto de los integrantes de la magistratura. Es decir, un poder del Estado (el ejecutivo) tachó de «machistas» a otro poder (el judicial). Algo insólito y que debería haber comportado consecuencias de toda índole.
Por lo tanto, la segunda razón radica en que la Ministra de Igualdad calumniara la imagen de la judicatura atribuyéndoles, con pleno conocimiento de su falsedad, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación. Por supuesto, también injurió su imagen al atacar públicamente su derecho al honor con improperios como el de «machistas».
Pero cuidado, todavía hay más. No sólo omitió los informes frente al anteproyecto y calumnió e injurió la imagen de la judicatura, sino que también se negó a tramitar por la vía de urgencia la modificación propuesta por el PSOE.
Por lo tanto, es más necesario que nunca que la Ministra dimita. No puede seguir liderando el proyecto feminista después de que más de mil agresores sexuales se hayan beneficiado de su nefasta ley. Pero menos puede hacerlo si es incapaz de hacer autocrítica y trabajar para que se acabe cuanto antes con una aberración social de este tipo.
El consentimiento en la nueva ley
El principal argumento de Unidas Podemos es que sus socios de investidura se han aliado con el Partido Popular para eliminar la figura del consentimiento como pieza angular de la ley.
No obstante, alguien debería recordarles que toda agresión sexual es un acto sexual no consentido. Por lo tanto, es evidente que el consentimiento sigue formando un papel determinante de la ley.
La única modificación introducida ha sido la incorporación de la violencia e intimidación como subtipos agravado. También se ha añadido un extenso derecho transitorio que indica que las revisiones de penas y el principio de retroactividad de la ley penal más favorable se entenderá taxativamente. Pues bien, ese problema del derecho transitorio es precisamente la espada de Damocles que ha propiciado la revisión y rebaja de penas a agresores sexuales. Una advertencia que constaba en los informes del CGPJ y del Consejo de Estado pero que, naturalmente, se obviaron porque provenían de órganos «machistas».
