La Junta Electoral Central ha decidido dar 10 días al Parlament para que sea este el que decida qué hace con respecto al escaño de la condenada por corrupción Laura Borràs. La líder de Junts tiene ahora mismo la condición de presidenta suspendida de la Cámara autonómica y, tras ser condenada por el TSJC, Vox, Ciudadanos y el PP solicitaron a la Junta Electoral Central que diera cumplimiento a la sentencia en lo relativo a los nueve años de inhabilitación.
En su escrito, la Junta Electoral Central recuerda el caso del ex diputado de la CUP Pau Juvillà, al que el Parlament, con Borràs a la cabeza, decidió mantenerle en su escaño a pesar de haber sido también inhabilitado por el TSJC por un delito de desobediencia. Juvilllà, finalmente, fue cesado como diputado en febrero de 2022, por orden de la Junta Electoral Central. El cupaire y los partidos separatistas recurrieron esta decisión y el Tribunal Supremo la confirmó porque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General así lo indica, a pesar de que la condena no sea firme.
Sin apoyos separatistas
En el caso de Borràs, la Junta Electoral Central se remite a esta sentencia del Supremo y recuerda que la ley contempla que se haga efectiva la inhabilitación aunque la decisión judicial no sea firme. Así, da 10 días al Parlament para que se pronuncie y, a la vez, da el mismo plazo a la propia Laura Borràs para que presente las alegaciones que estime oportunas. Pero, en contra de lo que sucedió con Juvillà o con el mismo Quim Torra, todo indica que el Parlament sí acatará la inhabilitación de la presidenta suspendida de la Cámara porque tanto ERC como la CUP ya han dejado claro que su condena no tiene nada que ver con su militancia independentista. Los partidos constitucionalistas, por su parte, fueron los que pidieron a la Junta Electoral Central que hiciera efectiva la inhabilitación. Y el PSC propuso días atrás un mecanismo que permitiera cesar a cargos públicos en la situación de Borràs.
