El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha exigido este jueves la dimisión «inmediata» de la aún presidenta suspendida y diputada de Junts Laura Borràs, tras conocer la sentencia del TSJC que la condena a 4 años, seis meses y un día de prisión y 13 años de inhabilitación especial, además de al pago de una multa de 36.000 euros. Según recogen diversos medios, Pellicer ha señalado que Borràs, presidenta de Junts, ha sido condenada por «hechos que nada tienen que ver con el independentismo, con el 1-O con ninguna movilización independentista».
Borràs, por su parte, ha comparecido ante los medios a las puertas del Parlament para valorar esta sentencia, emitida por el TSJC tras ser juzgada por varios delitos de corrupción. La aún presidenta del Parlament y diputada ha asegurado que es «inocente» y que ha sido víctima de un «tribunal politizado que actúa en nombre de la unidad de España«. La líder de Junts ha añadido que tanto el juicio como la sentencia son «una aberración judicial y una aberración democrática». Y ha añadido que ni el juicio ni la sentencia se hubieran producido de no ser ella quien es. Borràs ha reclamado su «absolución» y se ha mostrado segura de que «otro tribunal la proclamará».
La presidenta de Junts se ha referido indirectamente a ERC al hablar de «los que me querían apartada de la política». A estos les ha «invitado a reflexionar» sobre «si vale todo, si vale aprovecharse de la represión española con fines partidistas«. Y ha insistido en que ella es «una persona íntegra» que no ha «cometido ningún delito».
La sentencia y un voto discrepante
El TSJC ha condenado a Borràs por los delitos continuados de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. También ha sido condenada por prevaricación administrativa. El beneficiario de los contratos fraccionados ilegalmente por Borràs en su etapa al frente de la ILC, Isaías Herrero, ha sido condenado, por su parte, como «cooperador necesario del delito continuado de falsedad en documento oficial y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada por analogía con la de confesión, a las penas de prisión de 2 años, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo y multa de siete meses, con una cuota diaria de 10 euros». Herrero, además, ha sido también inhabilitado por un año y 10 meses.
Laura Borràs, además, ha sido condenada a pagar las costas del proceso en dos sextas partes, mientras que Isaías Herrero y Andreu Pujol deberán pagar una sexta parte cada uno. El resto se ha declarado de oficio.
El TSJC ha condenado también a Andreu Pujol por «elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de la su empresa y confeccionar los documentos, siguiendo las indicaciones que le daba Isaías Herrero, consciente de que los trabajos ya se habían realizado como cooperador necesario del delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy justificada por analogía con la de confesión, a las penas de prisión de un año y dos meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros».
La sentencia incluye también la propuesta al Gobierno de «un indulto parcial» a favor de Borràs en lo relativo a la pena de cárcel con el fin de que esta no supere los dos años. Contiene, además, el voto particular de una de las magistradas, que discrepa de la decisión mayoritaria en cuestiones como la absolución del delito de prevaricación para Herrero y Pujol, la apreciación de la confesión de ambos como de atenuante muy cualificada y la no aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. También considera que en lo relativo al delito de falsedad en documento público atribuido a Borràs esta sería la inductora y Herrero y Pujol coautores, correspondiendo entonces a la líder de Junts «una pena que, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, no debería superar los 21 meses de prisión».
