Un estudio elaborado por José Javier Olivas Osuna, miembro del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED, concluye que es necesario revisar a fondo el informe elaborado por CitizenLab en el que se basa el conocido como CatalanGate, un caso según el cual los líderes del separatismo habrían sido presuntamente espiados por el Gobierno de España. Este estudio, cuyo autor fue vetado por la Comisión Pegasus del Parlamento europeo, fue finalmente presentado esta semana en Bruselas gracias al eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que fue quien encargó el estado a Olivas Osuna.
Un informe que no cumple los requisitos
Según el trabajo de Olivas Osuna, la credibilidad del informe de CitizenLab está en entredicho pues la misma solo se ha basado en la que tiene la propia institución, vinculada a la Universidad de Toronto. Sin embargo, según el estudio de Olivas Osuna, el informe del CatalanGate «no cumple» con diversos requisitos: «Los análisis deben ser transparentes, estar debidamente documentados y someterse a una revisión ínter pares independiente. El informe CatalanGate no cumple con esos elementos, ya que se produjeron todo tipo de irregularidades y conflictos de intereses».
Olivas Osuna acusa a CitizenLab de «opacidad» en su método de trabajo sobre esta investigación. «La reputación por sí sola», asegura, «no debe considerarse una justificación válida para los métodos opacos de investigación». Y recuerda que «CitizenLab es un autor muy influyente en el ámbito de la ciberseguridad» pero que, a la vez, las pruebas que aporta en su informe sobre el supuesto espionaje gubernamental a los separatistas catalanes «son claramente insuficientes para formular acusaciones específicas como las que se dirigen contra el Gobierno español». «No hay motivos suficientes«, prosigue Olivas Osuna en sus conclusiones sobre el informe del CatalanGate, «para afirmar que España ha participado en un espionaje ilegal, ilimitado, innecesario o desproporcionado de políticos y activistas catalanes».
A juicio de este experto, el informe de CitizenLab «parece ser un elemento clave de una campaña de propaganda política cuyo objetivo es presentar una amplia red de políticos y activistas como víctimas de las fuerzas de seguridad españolas». Sobre esta cuestión, Olivas Osuna recuerda que estas aparentes víctimas «estaban supuestamente implicadas en delitos muy graves que buscaban crear una insurrección civil para lograr la secesión de Cataluña». Además, considera que los autores del informe ayudaron al separatismo a «ocultar el efecto negativo» de cuestiones como sus posibles relaciones con Rusia, «la corrupción y la coordinación de grupos violentos para tomar el control del territorio». «La investigación se presentó como una forma de deslegitimar las instituciones españolas, incluidos sus gobernantes, el poder judicial y las fuerzas de seguridad», insiste el autor.
Verificación del informe por parte de expertos
A juicio de Olivas Osuna, aquellas instituciones que han utilizado el informe de CitizenLab, como los tribunales de justicia y los parlamentos europeo y catalán, deben llevar a cabo verificaciones «independientes» de los datos aportados por la entidad canadiense. Verificaciones que, propone, deberían realizar «expertos forenses sin afiliación previa ni vínculos institucionales con el instituto de investigación» vinculado a la Universidad de Toronto. Este análisis debería servir para, entre otras cuestiones, «descartar la manipulación masiva de pruebas y la fabricación de resultados positivos aprovechando al ausencia de una cadena de custodia de las pruebas».
Olivas Osuna, finalmente, denuncia la «campaña de desinformación a gran escala» para la que ha servido el informe de CitizenLab. Cuestiona, además, el papel jugado por la Universidad de Toronto en este escándalo y pone en evidencia su prestigio ante su negativa a proporcionar los datos en los que se ha basado. Algo que, asegura, «puede considerarse una anomalía en una institución de investigación que puede afirmar legítimamente ser una de las mejores del mundo».
