La petición de la Fiscalía Superior de Cataluña de siete años de prisión para Josep Maria Jové y otros seis para Lluís Salvadó ha sido un jarro de agua fría para ERC. Jové es diputado por esta formación y presidente del Consell Nacional de la misma, mientras que el segundo es el actual presidente del Port de Barcelona. Ambos están acusados de los presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017. La Fiscalía, además, solicita un año de inhabilitación para la actual titular de Cultura en el Govern, Natàlia Garriga.
Jové y Salvadó, según el escrito del fiscal, Pedro Ariche, deberían retornar al erario público un total de 754.920 euros, en el caso de ser condenados. Y, si esto sucediera, serían, además, inhabilitados durante 32 y 27 años, respectivamente.
Ante esta petición de la Fiscalía, el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, ha acusado a «parte de la judicatura» de mostrar «voluntad de venganza» contra el separatismo catalán. El referéndum, ha asegurado Aragonés, «no fue delito». Y ha acusado al Estado de considerar que «la democracia es un delito».
