Independentismo y derecho penal “enemigo”

Los esfuerzos del Gobierno por congraciarse con ERC y por contar con su apoyo parlamentario se han concretado en diversas reformas del Código penal que, por lo visto y oído, no parecen haber alcanzado el anhelado objetivo de pacificación y colaboración institucional, en lo que se refiere a ERC, y, en cuanto al mundo de Junts x Cat la reacción ha sido rayana en la indignación, o, al menos, eso exige el guion. 

No sé si el Gobierno, o, mejor, el entorno de su Presidencia, esperaban reacciones mejores, y, si así fuera, que lo dudo, demostrarían una ingenuidad impropia de sus altas responsabilidades. Quizá todo reside en el olvido de un elemento del análisis que parece que no se valora suficientemente, y que se resume fácilmente: en la ortodoxia independentista el derecho penal español, en cualquier caso, es el derecho penal del Estado invasor, y todas las modificaciones de sus normas para cumplir con las exigencias que se plantean al Estado no son fruto de acuerdos para mejorar la legislación penal, sino cesiones a las que se obliga a un invasor incapaz de domeñar la fuerza del independentismo. 

El independentismo en el derecho penal español es «derecho penal del enemigo»

Por lo tanto, y no es la primera vez que lo digo, el independentismo en derecho penal español es “derecho penal del enemigo”, lo cual no significa que los que usan esa etiqueta sepan realmente lo que eso quiere decir, pero da igual, porque lo que de verdad interesa es tratar al Estado como “enemigo” de Cataluña, que, por definición, no pertenece al Estado, sino que lo soporta a regañadientes. La mención al derecho penal del enemigo ya la hicieron algunos abogados de los acusados en el proceso penal que se siguió por los hechos del 1-O, y por entonces ya era visible que quienes lo denunciaban no sabían lo que eso significa en la ciencia penal, pero lo que se deseaba era subrayar y difundir el mensaje de que Cataluña es una nación invadida y carente de libertad.

Por esa razón es más exacto prescindir de calificaciones doctrinales e ir directamente al meollo de la cuestión, que se concreta en que España es, para una parte de los catalanes, afortunadamente menos numerosa de los que desearía el independentismo radical, el enemigo y el orden jurídico del enemigo, al igual que sus jueces, no pueden ser reconocidos sin traicionar a la causa. 

No es de extrañar que los políticos huidos consideren que nada ha cambiado al suprimir el delito de sedición, puesto que subsisten la malversación y desórdenes públicos agravados

Lo que acabo de decir es un introito necesario para comprender lo que está sucediendo en los días que han seguido a la reforma de los delitos de sedición y de malversación. Ante todo, están las acusaciones del inefable Puigdemont contra ERC por haberse “rendido” a cambio de unas limosnas penales, que, según él y su corte, son un engañabobos. Pero no acaba ahí la cosa, pues se añade, y ahí también coinciden otros sectores del independentismo, que todavía no ha sido despejado absolutamente el panorama judicial de muchos cargos públicos, como Alcaldes y otros, que están en trance de ser juzgados por malversación, porque la reforma de ese delito no ha sido lo bastante radical como para dejar claramente fuera de su radio a la aplicación de fondos públicos al fomento o ejecución, directa o indirecta, del programa independentista. Es así, y es comprensible la cólera de los afectados, que acaso esperaban más de la infinita “generosidad” de Pedro Sánchez, quien, a su vez, tal vez haya olvidado que cuanto más se cede al independentismo más exige éste.

No es de extrañar, por lo tanto, que los políticos huidos consideren que nada ha cambiado al suprimir el delito de sedición, puesto que subsisten los de malversación y desórdenes públicos agravados, que pueden derivar en penas de prisión. En relación con esa “transformación” del contenido de las acusaciones también se han dado, y se están dando, consecuencias tan interesantes como instructivas (para el Gobierno) de con quién se están jugando los cuartos. 

El delito de desórdenes públicos agravados supone una actuación en grupo con la finalidad de alterar la paz pública y comporta violencia o intimidación

Lugar preferente en la relación de dislates lo ocupa la campaña contra Pablo Llarena, que se puede comprobar en muchas tertulias, artículos y comentarios en los medios de comunicación afines o al servicio del independentismo, esos que a califican a los catalanes no independentistas como “unionistas” (copiando el nombre de los que en el Ulster eran partidarios de estar unidos al Reino Unido). Según  esos medios, y sin que discrepe el Gobierno de la Generalitat, el Magistrado del TS está “retorciendo y forzando” el nuevo tipo de malversación para proseguir su campaña (como si fuera cuestión personal) contra el independentismo. Ni que decir tiene que eso se presenta como una iniciativa propia de la ultramontana judicatura española, y no como un modo de interpretar y aplicar las leyes, por los órganos judiciales obligados a hacerlo, que no excluye interpretaciones diferentes que el acusado pueda hacer ante un Tribunal cuando sea juzgado.

No menores críticas han provocado, pero en ese punto no proceden especialmente de los independentistas, la tesis expuesta por el mismo Magistrado según la cual no es posible entender que todo lo que anteriormente fuera calificable como sedición hoy pasa directamente a la calificación de desórdenes públicos agravados, y tiene razón. El delito de desórdenes públicos agravados supone una actuación en grupo con la finalidad de alterar la paz pública y comporta violencia o intimidación, y puede llegar a provocar graves quebrantos de la paz pública, que es el bien jurídico afectado por esas acciones. Pero eso nada tiene que ver con el orden constitucional y todo lo que ese orden supone, lo cual no se protege con el delito de desórdenes públicos, sino que exige una intervención penal específica y diferente que, hoy por hoy, no existe. 

Continúan las ya tradicionales y míseras acciones de muchos responsables políticos catalanes, comenzando por el presidente de la Generalitat

En el ambiente independentista se repite que las promesas de “desjudicializar” no se han cumplido, lo cual demuestra, ante todo, que esa idea de “desjudicializar” era equívoca, y, sobre todo, insuficiente para quienes, no se olvide, exigen la amnistía, no para reconciliarse con los demás españoles, sino para proseguir tranquilamente el camino hacia la autodeterminación.

Mientras tanto, y para que no decaiga el clima de no reconocimiento de que Cataluña es parte de España, continúan las ya tradicionales y míseras acciones de muchos  responsables políticos catalanes, comenzando por el Presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, y que son bien conocidas: no acudir jamás a actos en los que esté presente el Rey, no asistir a actos nacionales en los que están presentes rodas las Comunidades Autónomas, permitirse protestar por la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en territorio catalán, y la relación podría seguir. 

El mejor ejemplo lo brinda la patética protesta por la celebración en Barcelona de una cumbre hispanofrancesa presidida por Sánchez y Macron

Pero el mejor ejemplo lo brinda la patética protesta por la celebración en Barcelona de una cumbre hispanofrancesa  presididas por el Jefe del Gobierno español y el Presidente de la República.  Si no fuera por el fondo dramático del problema, habría que avergonzarse ante la sola posibilidad de que ese comportamiento llegue a conocimiento de los invitados extranjeros, cosa que por todos los medios intentarán los manifestantes convocados para ese día y capitaneados, entre otros, por el Presidente de ERC, y animados o exhortados por Puigdemont, que acusa a Francia de diversos oprobios políticos y culturales a Cataluña.

Todo eso, que forma parte del bajo continuo del independentismo,  no ha sido desdicho por el Presidente de la Generalitat, que ha aceptado la invitación a asistir reprochando que se hay elegido el territorio catalán como si fuera igual que cualquier otro, y que, según se dice, desea trasladar su malestar a ambos Presidentes, sin olvidar, por supuesto, que el necesario referéndum de autodeterminación tendrá que incluir a esa parte de Francia, idea que, a buen seguro, turbará la paz de Mr. Macron.