Para servir estamos, debieron decirse los buenos de Buenaventura, Bacigalupo y los restantes consejeros de la CNMV, cuando dieron carpetazo a la investigación abierta a raíz de “las modificaciones del consejo de administración de Indra y los eventuales acuerdos entre sus accionistas” el pasado 23 de junio. Todo ha quedado en un tironcito de orejas a quienes protagonizaron el linchamiento de los consejeros independientes para hacerse con el control de la sociedad española de defensa y tecnología más importante que espera recibir sustanciosos contratos de la Administración en los próximos años. Los tres accionistas cuya coordinación resultó decisiva para limpiar el terreno de molestos consejeros independientes fueron precisamente la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), heredera del patrimonio del Instituto Nacional de Industria (INI) creado para industrializar España durante el franquismo, la empresa vasca de defensa SAPA Placencia Holding S. L. (SAPA) y el fondo de inversión Amber Capital.
Las desavenencias en el seno del consejo de Indra se habían iniciado en mayo de 2021 cuando la SEPI pidió al entonces presidente Abril-Martorell, que había estado al frente de la empresa desde 2015, que dimitiera. El hombre elegido por el Gobierno para sustituirle era Marc Murtra, un ingeniero industrial, próximo al ministro Miguel Iceta y al exministro Salvador Illa. Pese a las fuertes presiones recibidas antes del tormentoso consejo celebrado el 27 de mayo de 2021, los consejeros independientes, siguiendo las recomendaciones de la empresa cazatalentos Spencer Stuart, se opusieron a que Murtra tuviera capacidades ejecutivas. Esta negativa a otorgarle capacidad ejecutiva al hombre elegido por Sánchez iba mucho más allá de la diferencia salarial que ello suponía ya que afectaba a la proyección de la empresa en el mercado de defensa nacional e internacional.
Decenas de miles de millones están en juego y ni Sánchez ni Oughourlian, ni los nacionalistas vascos ni los socialistas catalanes, están dispuestos a quedarse de brazos cruzados
Por una parte, el Gobierno presionado por el PNV pretendía forjar una alianza con la empresa vasca ITP Aero, iniciativa a la que se oponían los consejeros independientes. Estaba en juego, además, el control gubernamental de una empresa que por su posicionamiento de mercado va a recibir sustanciosos contratos del Ministerio de Defensas, y se encuentra bien posicionada para hacerse con una buena tajada de los fondos Nueva Generación UE destinados a impulsar la transición ecológica, la digitalización y la resiliencia. Decenas de miles de millones están en juego y ni Sánchez ni Oughourlian, ni los nacionalistas vascos ni los socialistas catalanes, estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Desde las Olimpiadas y la Expo no había caído una lluvia de millones como ésta.
Para lograr el control de Indra, la SEPI avanzó que aumentaría su participación en INDRA hasta el 28% y buscó aliados para controlar el consejo de administración y la junta de accionistas. Y ahí entran en juego SAPA y Amber Capital. El diario El País informaba el 14 de diciembre de 2021 que SAPA tomaba 5% del capital de Indra por 90,8 millones de euros y se convertía en el tercer accionista de la empresa, una operación acariciada por el PNV desde hacía tiempo. Amber Capital, por su parte, es un fondo de inversión británico al frente del cual está el CEO Joseph Oughourlian, quien como anunciaba el diario Cinco Días el 16 de junio de 2022 había adquirido 4,13% del capital de Indra, solo unos días antes de la decisiva junta de accionistas que iba a celebrarse el 23 de junio. Amber, que cuenta con la autorización del Gobierno para aumentar su participación hasta 9,9% del capital de Indra, ha seguido aumentado su participación en la empresa cotizada desde ese momento.
El PNV ha sido uno de los más firmes sostenes políticos de Sánchez en el Congreso desde el pasado
1 de junio de 2018
¿Casualidades de la vida? El PNV ha sido uno de los más firmes sostenes políticos de Sánchez en el Congreso desde el 1 de junio de 2018, cuando apoyó la moción de censura a Rajoy, y Amber Capital es el principal accionista de PRISA, el grupo matriz de la cadena SER y los diarios El País y Cinco Días, tres sólidos baluartes y eficaces propagandistas de los posicionamientos políticos y económicos del presidente Sánchez. En abril, abandonaron Indra Cristina Ruiz, que compartía el cargo de consejero delegado con Ignacio Mataix, y el director financiero Javier Lázaro. En el Consejo de Administración celebrado el 20 de mayo se acordó convocar la Junta General Ordinaria de accionistas los días 22 y 23 de junio en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con un orden del día que incluía entre otros puntos la ratificación y reelección de Luis Abril como consejero ejecutivo y la reelección y ratificación como consejeros independientes de Francisco Javier García, Isabel Torremocha, Antonio Cuevas aparejador de profesión y exdiputado del PSOE, y Miguel Sebastián exdirector del gabinete de Presidencia y exministro de Industria de Rodríguez Zapatero.
La purga empresarial se consumó en la Junta General Ordinaria celebrada el 23 de junio de 2022 en la que los representantes de la SEPI, SAPA y Amber Capital acordaron ratificar y reelegir a Cuevas, García y Sebastián como consejeros ‘independientes’ y nombrar a Jokin Aperribay como consejero dominical en representación de SAPA. La purga se completó con el rechazo a la reelección de Torremocha y la aceptación de la propuesta del accionista Amber Capital, pese a no figurar en el orden del día, de cesar a los consejeros Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Enrique de Leyva y Ana de Pro, iniciativa que contó con la mayoría suficiente para ser aprobada. El 25 de junio se conoció la dimisión de otra consejera independiente, Silvia Iranzo, y el 28 de junio se anunció la dimisión de Ignacio Martín, otro consejero independiente, si bien su dimisión no se materializó hasta el 30 de octubre.
¿Cómo iban a osar Buenaventura y Bacigalupo a sacar los colores al Gobierno al que deben sus cargos de presidente y consejero en la CNMV?
Aunque Amber Capital acababa de entrar en el accionariado de la empresa pocos días antes de la Junta, fue el propio Oughourlian quien en octubre de 2022 justificaba las decisiones adoptadas en junio aduciendo que existía un “problema de gobernanza”, cuando el verdadero objetivo de la purga era eliminar a los consejeros que se habían opuesto a los designios del Gobierno de alcanzar un control absoluto sobre la empresa. La crisis abierta por el Gobierno a través de la SEPI y con el respaldo de SAPA y Amber Capital produjo una enorme desconfianza hacia la compañía que se tradujo en una fuerte caída de la cotización y capitalización bursátil en las semanas siguientes. La crisis se cerró finalmente en la Junta General extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2022 en la que para sustituir a los consejeros independientes cesados o dimitidos en junio se nombraron a Belén Amatriain, Virginia Arce, Axel Joachim Arendt, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo José Villazán y Juan Moscoso del Prado, este último como consejero dominical a propuesta de la SEPI.
La CNMV abrió un expediente tras el escándalo provocado por la tormentosa Junta General celebrada el 23 de junio, pero se mantuvo con interesada prudencia a la espera de la Junta extraordinaria de octubre para poder cerrar el expediente limitándose a dar un cariñoso tirón de orejas a los tres accionistas de referencia: SEPI, SAPA y Amber Capital. ¿Cómo iban a osar Buenaventura y Bacigalupo a sacar los colores al Gobierno al que deben sus cargos de presidente y consejero, respectivamente, en la CNMV? Mejor cerrar el expediente en falso con una advertencia para que estos niños traviesos no repitan la barrabasada.
Pedro ‘El Conquistador’ tiene vía libre para seguir adelante con su misión histórica de ocupar todas las instituciones del Estado
Y es que si bien se reconoce en el comunicado que “ha quedado acreditado que los accionistas SEPI, SAPA y Amber cooperaron para llevar a cabo los ceses, con una participación activa del presidente de Indra, con quien varios de los consejeros cesados mantenían desde su nombramiento discrepancias persistentes en materia de gobernanza”, la CNMV termina por concluir que “no ha podido acreditarse que ninguno de ellos y, en particular SEPI, designase, ni con carácter previo a la celebración de la junta del pasado 23 de junio ni con posterioridad a la misma, un número de consejeros en Indra que, unidos a los que ya tenían designados, representasen la mayoría de miembros de su consejo de administración”.
Obligada a reconocer que aunque lo ocurrido el 23 de junio “no contravenga la normativa vigente que regula las facultades de la junta de accionistas sobre el cese de los consejeros, este episodio se encuentra totalmente alejado de los estándares que se esperan de una sociedad cotizada” (subrayado mío), la CNMV se ha conformado con apuntar que “propondrá medidas legislativas y abordará modificaciones en las recomendaciones de gobierno corporativo para evitar que la repetición de episodios similares pueda socavar la solidez del gobierno corporativo de las cotizadas españolas”. Asunto zanjado. Pedro ‘El Conquistador’ tiene vía libre para seguir adelante con su misión histórica de ocupar todas las instituciones del Estado, organismos autónomos y empresas públicas y colocar a hombres de su confianza en todo los puestos clave con una osadía y falta de pudor tan impúdica como preocupante.