Gobierno, Congreso y Senado, representados por los socialistas Félix Bolaños, Meritxell Batet y Ander Gil han anunciado esta noche que acatan la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en la Cámara alta de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos a las reformas de las leyes orgánicas del propio tribunal y del poder judicial. La suspensión afecta también a la reforma del Código Penal en la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía introducir la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación, acordadas con ERC. El Constitucional responde de este modo a la petición de amparo registrada por varios diputados del PP.
La decisión ha demostrado, además, la división en el seno del Constitucional pues ha sido aprobada por seis de los 11 integrantes del Pleno. Los cinco restantes son jueces progresistas, que se han opuesto totalmente a la decisión mayoritaria de los magistrados conservadores.
El Pleno del Constitucional lo que ha decidido este lunes ha sido la suspensión cautelar de la tramitación de estas reformas en el Senado atendiendo a la petición de los diputados del PP recurrentes, que consideran que se ha vulnerado «su derecho al ejercicio del cargo representativo de conformidad con lo establecido» en el artículo 23.2 de la Constitución, «en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de aquellos representantes, como consecuencia de la introducción de enmiendas por parte de la mayoría parlamentaria a la referida proposición de ley orgánica que no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado», según ha informado el Constitucional en una nota de prensa.
Trascendencia constitucional
El tribunal considera que la vulneración de derechos fundamentales denunciada por el PP «no carece prima facie de verosimilitud». Además, ha añadido en una nota de prensa, «ha considerado que la cuestión planteada en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional al estimar que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante repercusión social que, además, tiene unas consecuencias políticas generales».
El Constitucional, finalmente, ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP por lo que ha ordenado suspender temporalmente la tramitación parlamentaria de las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos.
Ante esta decisión, tanto el Gobierno como los presidentes del Congreso y el Senado han comparecido para anunciar que acatarán lo ordenado por el Constitucional. Sin embargo, no han escatimado en críticas al tribunal. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de «insólito» el procedimiento. Bolaños ha asegurado que la resolución del Constitucional «debe acatarse» aunque el Gobierno no comparte ni la forma ni el fondo. El Ejecutivo también considera que esta decisión «es de una gravedad máxima» porque se ha adoptado en un tiempo «breve» y con una mayoría «exigua».
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha mostrado también el respeto de esta institución a la decisión del Constitucional. La socialista, sin embargo, ha criticado, entre otras cuestiones, este auto por considerar que «posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo».
El presidente del Senado, Ander Gil, también ha anunciado que la Cámara alta acatará la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ha asegurado que «en 44 años de democracia jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar». Gil considera que el auto del Constitucional compromete seriamente la «inviolabilidad» de ambas cámaras.
