El fin último de la reforma del Código Penal hecha a medida de los políticos independentistas procesados y procesables, no podía dejarlo más claro Oriol Junqueras, entrevistado en TV3 el 11 de diciembre: Que lo que se hizo no sea constitutivo de delito y no pueda ser perseguido.
Desaparecida la sedición y retocado el delito de malversación, como expone La Vanguardia el 9 de diciembre, «los presos condenados por el procés, como Oriol Junqueras, y los procesados que no han sido aún juzgados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, se verían beneficiados».
Aragonès, más fuerte
Según Sergi Sol, en El Nacional el 11 —Subestimaron a Aragonès—, «pasada la tormenta, Aragonès es ahora más fuerte al frente del Govern. Y con una agenda política con concreciones, proyecta solvencia y resultados. Además de haber demostrado autoridad a pesar del estruendo que acompaña todo estropicio».
La tormenta fue la ruptura del gobierno de coalición entre ERC y JxCat. Nadie parece echarlo de menos, salvo tal vez los que estaban en él. Fue hace un par de meses, pero parece un par de años. Fue el final de una década de colaboración, no sólo en el gobierno autonómico, sino en el proyecto independentista.
No habrá otro proyecto sin rehacer la confianza entre ambos partidos, algo cada vez más lejano. ¿Subestimaron a Aragonès? Más bien los de JxCat se sobrestimaron a sí mismos. Dice Sol: «La Mesa de Diálogo y Negociación ya no está en duda y sus frutos son tangibles para desesperación de los partidarios del cuanto peor, mejor. La reacción visceral ante la modificación a la baja del Código Penal sólo acentúa unas contradicciones tan notables como insostenibles más allá del núcleo duro de partidarios acríticos.» La cuestión siempre ha sido cuál de los dos partidos se queda con la mayor parte del contingente catalanista.
David Madí, opinión autorizada donde las haya, entrevistado en Rac1, afirma que «la estrategia de la independencia está absolutamente embarrancada» y que «sin unidad política, sin unidad estratégica y sin mando único no hay ni partida».
Derrota mal digerida
Agustí Colomines es partidario de «aceptar la derrota» puesto que «las derrotas mal digeridas tienen eso, que provocan enfrentamientos cainitas y fracturas dolorosas». Para que se vea la magnitud del desencuentro, afirma en El Nacional el día 12 —Persistir es ganar—, que «el independentismo dejará de ser un movimiento potente si los que dicen que no quieren dar su brazo a torcer sólo esperan que el compañero de viaje tropiece. Entre Esquerra y Junts la fractura es definitiva. En el seno de Junts, ya se verá. Hace unos días una dirigente de Junts me dijo que ninguno de los jerarcas del partido quiere forzar una escisión, sino que sólo están esperando que el sector contrario se vaya. Una manera cínica de tapar la voluntad de andar solos y así deshacerse de los otros.»
A lo que se añade la reforma del Código Penal, que, «muy mal planteada por sus impulsores, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esquerra no se ha dado cuenta —o así lo espero— que la supresión del delito de sedición y la modificación del delito de desórdenes públicos agravados es peligrosa y tramposa y que no podía pactarla unilateralmente». Debe ser una ironía. Pues claro que se han dado cuenta; pero de lo que se trata, más que de la ganancia obtenida, es de ser el principal interlocutor del gobierno para asuntos catalanes.
«Los republicanos pactaron la reforma con el PSOE pensando en el futuro político de sus presos indultados y en Marta Rovira, facilitando su retorno como volvió Meritxell Serret, limpia como una patena, y para que los dirigentes del partido encausados pudieran esquivar las posibles condenas. De la gente normal y corriente no se acuerdan. Ni los republicanos ni nadie.» La gente normal y corriente suele tener una inclinación muy fuerte a volver a votar a los mismos que les han decepcionado, y mientras esto siga así, pocas cosas van a cambiar.
El régimen de Vichy
Si un signo diáfano hay de la divergencia profunda entre las fuerzas independentistas es el uso de la terminología propia de la Francia ocupada. Lo denunciaba Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia del 8 de diciembre: Colaboracionistas todos. «El pasado martes [día 6], durante la manifestación promovida por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra la reforma del Código Penal (…), Jordi Pesarrodona declaró que el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès «es un Govern colaboracionista» (…) y recibió el aplauso de los congregados, entre los que había representantes de Junts y de la CUP, que también denuncian la medida pactada entre el Gobierno y los republicanos. Hasta la fecha, la metáfora del colaboracionismo y el régimen de Vichy aplicada a la Catalunya de hoy era de uso exclusivo de unos pocos opinadores, investidos del papel de guardianes de la pureza procesista y vendedores de barricadas desde el sillón de casa. A partir de ahora, esta comparación sube un peldaño y es asumida por el número dos de la ANC, plataforma que se pretendía transversal.»
La asunción de esta dicotomía por una parte del independentismo es particularmente grave por lo que tiene de guerracivilista. Si hay un gobierno colaboracionista, quiere decir que hay una gente que está y se la juega en la resistencia. Álvaro analiza la paradoja: «Deberíamos concluir que la ANC, Junts y la CUP integran hoy una suerte de resistencia catalana, algo que nadie ha notado. El partido de Borràs y Turull está en el Parlament, gobierna la Diputación de Barcelona con el PSC, tiene en su poder varias alcaldías y sus dirigentes no han creado un nuevo maquis, que se sepa. Tampoco la CUP, a pesar de manejar mejor la fraseología del desbordamiento y la confrontación, ha optado por la guerrilla urbana. ¿Tal vez la ANC está preparando una nueva invasión desde Prats de Molló, emulando la misión truncada de Macià en 1926? No lo sabemos, pero sí es conocido que Feliu ejerce como alta funcionaria en la misma administración autonómica que su colega califica de «colaboracionista».» Hay que tener muy poco respeto a la historia o un desorbitado sentido del humor para sentirse miembro de una resistencia desde confortables tribunas y bien remunerados puestos de trabajo. Más cuando ya se ha podido comprobar hasta donde podrían estar dispuestos a llegar. Y más cuando los colaboracionistas ya han conseguido que eso no sea constitutivo de delito.
