El 27 de agosto publiqué un artículo en este diario titulado “Mejor si dejamos de contar” en el que con cierta ironía exponía la lamentable situación a que habíamos llegado a esas alturas de la pandemia: los gobiernos democráticos europeos, decía, parecen “haber decidido en algún momento que destinar más recursos a mejorar las estadísticas de casos y fallecidos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) sólo podía deteriorar más su ya muy dañada imagen y que lo que más les convenía era contar a medias lo que ocurre, algo que, por otra parte, habían hecho con menos descaro desde la irrupción del virus”. Y continuaba afirmando que “si en las primeras semanas de la pandemia se infravaloró de manera grosera el número de muertos por Covid-19, ante la imposibilidad material de realizar pruebas a las decenas de miles de hospitalizados y fallecidos enterrados sin llegar a conocer las causas de su muerte, ahora que los efectos de las infecciones resultan generalmente más leves gracias a las vacunas, algunos gobiernos han dejado sencillamente de publicar cifras diarias de casos y las cifras de fallecidos acumuladas que ofrecen de tanto en tanto se asignan homogéneamente dividiéndolas por el número de días”.
El panorama resulta más lamentable cada día que pasa ya que son cada vez más los países que ofrecen cifras parciales o las presentan con retrasos inaceptables e incomprensibles, por lo que cuando uno acude diligente a tomar los datos recogidos en páginas de internet que, como worldometer.info ofrecen una amplia cobertura, resulta descorazonador ver que la mayoría de los países que uno ha ido siguiendo desde el inicio de la pandemia han dejado de publicar sus datos con regularidad y las celdas permanecen vacías día tras día. La dejadez y negligencia de que hacen gala los gobiernos resulta incomprensible, puesto que no estoy hablando “de países en vías de desarrollo ni de países gobernados por regímenes autoritarios o dictatoriales, donde la falta de medios en los primeros y la censura gubernamental en los segundos restan credibilidad a las cifras oficiales publicadas, sino de países de renta alta o media donde los gobiernos cuentan con abundantes recursos y podrían haber realizado un seguimiento de la pandemia en tiempo real con un coste adicional insignificante para las arcas públicas”.
Conviene recordar que solo una semana después, el 14 de marzo, el Gobierno decretaba el estado de alarma, se suspendían todas las actividades no esenciales y se confinaba a la inmensa mayoría de ciudadanos
Hay, naturalmente, algunas excepciones. Estados Unidos, Francia, Irán y China siguen publicando sus datos todos de casos y fallecidos los días, cifras que si bien suscitan bastantes dudas respetan al menos las elementales reglas de la aritmética; Alemania y Holanda lo hacen con frecuencia casi diaria mientras otros países, como Reino Unido, Bélgica o Suiza, dejan pasar bastantes días sin actualizar las cifras;, e incluso Italia que no fallaba nunca a la cita hasta hace unas pocas semanas se ha sumado también al grupo de morosos entre los que España ocupa una posición destacada desde hace muchos meses. No se sorprendan, porque esta actitud negligente y desinformadora del Gobierno viene de lejos en nuestro caso.
Tengo todavía grabado en la memoria a Simón, director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuando el inicio de su comparecencia el 7 de marzo de 2020 se dirigió a los periodistas presentes en estos términos: “por ser sábado vamos a hacerla breve”. A continuación, el epidemiólogo de cabecera del Gobierno procedió a tranquilizar más si cabía a los ciudadanos con un reconfortante diagnóstico de la situación en España: los 441 casos detectados de Covid´-19 hasta ese momento estaban “bien identificados” y “la situación en algunas zonas mejora”. Conviene recordar que sólo una semana después, el 14 de marzo, el Gobierno decretaba el estado de alarma, se suspendían todas las actividades no esenciales y se confinaba a la inmensa mayoría de ciudadanos en sus domicilios. Y cuatro semanas después, el exceso de mortalidad en España superaba en 12.800 la mortalidad habitual durante esa semana en años anteriores. Juzguen ustedes la presciencia de los responsables de gestionar la crisis.
Quiero exigir como ciudadano responsabilidades a los tres principales responsables de la tragedia humanitaria, crisis social y recesión epidémica
De todo lo dicho, cabe concluir que no tiene mucho sentido continuar registrando casos y muertos diariamente en mis ficheros, como he venido haciendo desde mediados de febrero de 2020, cuando ni siquiera los gobiernos de las sociedades democráticas y economías más avanzadas se preocupan por proporcionar cifras fiables con puntualidad. No obstante, antes de dar por cerrada esta trágica desventura, quiero hacer por última vez cuentas y exigir como ciudadano responsabilidades a los tres principales responsables de la tragedia humanitaria, crisis social y recesión epidémica que tanto sufrimiento y pobreza han causado a los ciudadanos españoles. Tienen nombres y apellidos: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y el incombustible Fernando Simón, director del CCAES. Para referirme a los tres, acuñe en su día el acrónimo SIS que utilizo también en este artículo.
La inacción e improvisación de que hizo gala el Gobierno de España hasta el 14 de marzo es la causa principal de que varias decenas de miles de ciudadanos perdieran la vida durante la primera oleada, entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2020, la mayoría de los cuales podría estar todavía hoy entre los vivos, incluso teniendo en cuenta que muchos de ellos no eran precisamente jóvenes y padecían algunas dolencias. A examinar este asunto dediqué dos artículos publicados en este diario “Vidas truncadas I” y “Vidas truncadas II” en los que presenté estimaciones de los años de vida perdidos como resultado de una muerte prematura ocasionada por el Covid-19. Esas estimaciones se basaban en la estadística experimental de defunciones semanales puesta en marcha por el INE que posibilitó calcular el exceso de mortalidad registrado en 2020, comparando las cifras de fallecimientos en cada semana con la mortalidad registrada en esa misma semana en años precedentes. Ahora podemos extender el análisis a 2021 y a las primeras 43 semanas de 2022.
Resulta más que evidente que las cifras de casos totales infravaloraban groseramente el número de infectados de la primera oleada
Las cifras originales de casos totales y muertos por Covid-19 reconocidos por el Gobierno hasta el 10 de mayo de 2020 en que podemos dar por terminada la primera oleada fechada entre el 9 de marzo y el 10 de mayo, esto es, entre la undécima y la decimonovena semanas de 2020, fueron según consta en mis ficheros 264.663 casos y 26.621 fallecidos. Posteriormente, el Gobierno revisó esas cifras y si bien elevó sustancialmente el número de casos en la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo, redujo a 235.703 el número total de casos en la primera oleada. En cuanto al número de muertos, lo elevó a 27.591 fallecidos hasta el 10 de mayo, si bien pocos días después el Gobierno reducía en 1.915 el número de muertos por Covid-19, desde de 28.752 fallecidos el 24 de mayo a 26.837 el día siguiente. Un milagro más del SIS.
Resulta más que evidente que las cifras de casos totales mencionadas infravaloraban groseramente el número de infectados en la primera oleada, puesto que resultaba imposible contabilizar los infectados al no disponer de test suficientes para detectar al virus. Lo mismo ocurrió con infinidad de fallecimientos por la decisión del Gobierno de no reconocer como víctimas del Covid-19 a ningún fallecido al que no se hubiera realizado la correspondiente prueba con resultado positivo, con independencia de que los enfermos presentaran los síntomas y disfunciones orgánicas ocasionadas por el nuevo virus. El no disponer de test para realizar pruebas de detección a los infectados facilitó al SIS la tarea de maquillar las cifras de casos totales y fallecidos en la primera oleada.
No hay duda de que la letalidad en la primera oleada fue muy superior a las de las dos oleadas registradas en la segunda mitad de 2020
Ahora bien, la estadística de defunciones semanales elaborada por el INE permitió hacernos una idea más cabal de lo ocurrido. El Gráfico 1 muestra el exceso de mortalidad en los años 2020 (línea roja), 2021 (línea morada) y 2022 (línea verde) comparando la mortalidad observada en cada semana de cada uno de los tres años con la mortalidad registrada en esa misma semana en 2019. Y el Gráfico 2 presenta el exceso de mortalidad semanal en esos tres años comparándola con la mortalidad media en la semana correspondientes para los años 2016-2019. Las diferencias entre los resultados son muy insignificantes por lo que las consecuencias que pueden extraerse de ambos son prácticamente las mismas. De hecho, la única razón para presentar ambos gráficos es disipar la duda que pudiera albergar algún lector sobre si la elección de 2019 para realizar la comparación podía sesgar los resultados y las conclusiones. Al no ser así, me referiré exclusivamente al Gráfico 1 para no complicar innecesariamente la presentación.
Gráfico 1. Exceso de mortalidad semanal en 2020, 2021 y 2022 con relación a 2019
Fuente: elaboración propia a partir de la estadística experimental de defunciones semanales, INE.
Gráfico 2. Exceso de mortalidad semanal en 2020, 2021 y 2022 con relación a 2016-2019
Fuente: elaboración propia a partir de la estadística experimental de defunciones semanales, INE.
Empecemos por examinar la evolución en 2020, la línea roja en el Gráfico 1. El exceso de mortalidad alcanzado en la primera oleada destaca sobremanera del resto y alcanzó un pico con 12.880 fallecidos de más en la decimocuarta semana, entre el 30 de marzo y el 5 de abril, tres semanas después de haber decretado el Gobierno el estado de alarma. Aunque se produjeron dos oleadas más en el segundo semestre de 2020, el pico del exceso de mortalidad alcanzado en la 45.ª semana, entre el 2 noviembre y el 8 de diciembre, con 2.545 fallecidos de más, fue casi 6 veces menor que el registrado al inicio de la primavera, y todo ello a pesar de que el número de casos contabilizados superaba 1,7 millones el 8 de diciembre.
No hay ninguna duda de que la letalidad en la primera oleada fue muy superior a las de las dos oleadas registradas en la segunda mitad de 2020. Al no contar con vacunas que pudieran haber mitigado los efectos letales del virus, ni poder achacar la diferencia a restricciones más estrictas en la actividad y movilidad, la única explicación posible a la menor letalidad registrada en el segundo semestre de 2020 es que los ciudadanos conocían la gravedad de la situación y habían tomado sus precauciones para evitar ser infectados. Si el Gobierno hubiera informado a los ciudadanos de la contagiosidad y letalidad del virus en febrero y la primera quincena de marzo, en lugar de tranquilizarlos y decirles que podían seguir sin alterar un ápice sus vidas, se podrían haber evitado decenas de miles de fallecimientos. El exceso de mortalidad en las nueve semanas fatídicas comprendidas entre el 9 de marzo y el 10 de mayo ascendió a 50.026 personas, una cifra que casi duplica los 26.873 fallecidos reconocidos por el Gobierno desde el inicio de la pandemia hasta el 25 de mayo.
Al Gobierno le achaco la responsabilidad por la pésima gestión realizada de la mayor tragedia humanitaria y crisis socioeconómica padecidas por España desde la Guerra Civil
Información adecuada a la población en general y a las residencias de mayores para adoptar medidas y protocolos elementales de protección ante la inminente irrupción del virus, adquisición de material para proteger al personal sanitario y a todos aquellos ocupados en tareas esenciales, y contar con equipos adecuados en el sistema de atención primaria y hospitalario para tratar a los infectados podrían haber salvado decenas de miles de vidas en la primera oleada. Buena prueba de ello es que el exceso de mortalidad en las 25 semanas comprendidas entre el 6 de julio y el 27 de diciembre el exceso de mortalidad se redujo a 29.831, y la letalidad media diaria pasó de 794,0 en la primera oleada y 192,5 en la segunda, una diferencia abismal que sólo puede achacarse a contar con información adecuada y adoptar medidas preventivas que el Gobierno consideró innecesarias hasta que estalló la primera oleada y la avalancha de casos colapsó el sistema hospitalario y convirtió las residencias de mayores en mortales ratoneras. Al Gobierno le achaco la responsabilidad por la pésima gestión realizada de la mayor tragedia humanitaria y crisis socioeconómica padecidas por la sociedad española desde el final de la Guerra Civil.
La línea morada en el Gráfico 1 indica que 2021 se inició con un repunte de exceso de mortalidad comparable por su intensidad con el padecido en los últimos meses de 2020, si bien pronto dejó paso a un período de relativa tranquilidad hasta el mes de julio en que se registró un aumento del exceso de mortalidad que volvió a repuntar en noviembre y diciembre, pese a los importantes avances registrados en el proceso de vacunación. De todos modos, el exceso de mortalidad para las 52 semanas de 2021 fue de 31,723 personas, una cifra muy inferior a las 50.026 estimadas para las nueve semanas estimadas de la primera oleada y similar a las 29.831 estimadas en las 25 semanas comprendidas entre el 6 de julio y 27 de diciembre de 2020. No obstante, la letalidad diaria se redujo considerablemente en 2021 pasando de 192,5 en el segundo semestre de 2020 a 87,2. Información, medidas y protocolos preventivos, equipamiento apropiado y vacunas estaban cumpliendo su cometido.
La normalización de la movilidad y la actividad económica puede estar detrás al menos de una parte de este repunte del exceso de mortalidad en 2022
La evolución del exceso de mortalidad en 2022, línea verde en el Gráfico 1, plantea algunas preguntas inquietantes. Pese a haberse completado la vacunación de la mayoría de la población y haberse suministrado terceras y cuartas dosis a los grupos más vulnerables, el exceso de mortalidad en las 44 semanas para las que disponemos de datos asciende a 41.511 personas, una cifra muy superior a las 31.723 estimadas en las 52 semanas de 2021, la cifra de exceso de mortalidad media diaria ha pasado de 87,2 en 2021 a 134,8. Estamos ante un aumento del exceso de mortalidad que rompe la tendencia a la baja desde el final de la primera oleada el 10 de mayo de 2020, si bien la cifra de exceso de mortalidad en 2022 es muy superior al aumento del número de fallecidos atribuidos oficialmente al Covid-19, 26.969, que pasó de 89.139 el 27 de diciembre de 2021 a 116.108 el 6 de diciembre de 2022.
La normalización de la movilidad y la actividad económica puede estar detrás al menos una parte de este repunte del exceso de mortalidad en 2022. Fallecimientos por accidentes de tráfico y laborales, efectos de las olas de calor, etc., han vuelto con toda seguridad a cobrar más protagonismo. El último informe MoMo publicado por el Instituto de Salud Carlos III el 29 de noviembre, por ejemplo, atribuye a los efectos del calor un exceso de mortalidad de 5.832 personas en 2022, frente a 3.676 en 2021 y 1.883 en 2020. De todos modos, estas diferencias de exceso de mortalidad atribuibles a temperaturas extremas resultan insuficientes para explicar el fuerte el exceso de mortalidad observado hasta noviembre de 2022. Aunque hay otras posibles causas del exceso de mortalidad a tener en cuenta, tampoco puede descartarse que personas infectadas por Covid-19 acabaran desarrollando patologías mortales, y su fallecimiento haya sido atribuido a esas patologías en lugar de a la infección desencadenante. En otras palabras, la cifra de fallecidos por Covid-19 entre el 27 de diciembre de 2021 y el 6 de diciembre de 2022 es seguramente mayor que los 26.969 atribuidos oficialmente por el Ministerio de Sanidad al virus.
Solo unos gobernantes prepotentes e incapaces pueden otorgarse un notable por la nefasta gestión de la pandemia que ha dejado 140.000 fallecidos
El exceso de mortalidad total desde el 9 de mayo de 2020 hasta el 6 de noviembre de 2022 asciende a 151.924 personas, 78.690 desde el 10 de mayo hasta el 27 de diciembre de 2020, 31.723 en 52 semanas de 2021 y 41.511 en 44 semanas de 2022. Sin duda, la causa principal de la inmensa mayoría de esos fallecimientos y si descartamos la totalidad de exceso de fallecidos atribuidos a temperaturas extremas en el último informe MoMo, 11.291 en 2020, 2021 y 2022, nos queda un saldo de 140.633 de exceso de fallecidos. Sánchez, Illa y Simón son responsables por imprevisión e inacción de la muerte de varias decenas de miles de personas que perdieron la vida prematuramente en la primera oleada, concretamente entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2020, y solo unos gobernantes prepotentes e incapaces pueden otorgarse a sí mismos un notable por la nefasta gestión de la pandemia que ha dejado más de 140.000 fallecidos.
Muchos de ellos estarían hoy con nosotros si los tres principales responsables de gestionar la pandemia hubieran actuado con responsabilidad y diligencia. A ellos les correspondía haber alertado a la población en general y a los grupos de población más vulnerables de la contagiosidad y letalidad del Covid-19, algo bien conocido desde mediados de enero de 2020, en lugar de proporcionar una información incompleta que no reflejaba la verdadera situación epidemiológica y asegurarles que podían seguir tranquilamente con sus vidas. A ellos les correspondía haber adquirido equipamiento apropiado para proteger al personal sanitario, a los Cuerpos y Fuerzas des Seguridad, la UME, etc., para evitar decenas de miles de infectados y cientos de fallecimientos. Y, en fin, a ellos les correspondía haber preparado el sistema hospitalario durante febrero y la primera quincena de marzo para atender a la previsible avalancha de enfermos a los que por falta de personal y medios materiales no se les pudo prestar los tratamientos adecuados.
Las oleadas padecidas en la segunda mitad de 2020 y 2021 podrían haber sido también bastante menos intensas y letales
Quiero señalar, por último, que las oleadas padecidas en la segunda mitad de 2020 y 2021 podrían haber sido también bastante menos intensas y letales de haber aprovechado el Gobierno las semanas de confinamiento estricto para poner en marcha protocolos de detección precoz a fin de contener con rapidez la expansión de los contagios una vez iniciada la desescalada. En lugar de hacerlo, el gobierno presidido por Sánchez se lavó las manos a partir de finales de mayo de 2020, y dejó en manos de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales librar la batalla contra el virus, a sabiendas de que no contaban con la capacidad legal y los recursos económicos suficientes para ello. De haberlo hecho, se podría haber recuperado la normalidad mucho antes y los costes económicos habrían resultado muy inferiores a los que hemos padecido.
Comprendo que los muertos ya no tienen nada que decir ni responsabilidades que pedir al Gobierno y que los vivos andamos muy preocupados con otros asuntos, algunos tengo que reconocer de tanto alcance como la impudicia con la que el presidente Sánchez está desmantelando el Estado de Derecho, negociando con los golpistas catalanes la eliminación del delito de sedición y desvirtuando el de malversación, y situando a personas afines al Gobierno en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial o la fiscalía general del Estado, así como otros organismos supuestamente independientes como la CNMC, la CNMV o el INE. Como observador de la realidad social, considero, sin embargo, que ni siquiera estas últimas tropelías perpetradas por el presidente para satisfacer a los avalistas que lo auparon a La Moncloa y colocar a personas afines en puestos claves del poder judicial y órganos encargados de informar y fiscalizar la actividad económica, son tan graves como las decenas de miles de muertes que por imprevisión e inacción causó el Gobierno que preside.