Mientras estamos dando vueltas a la idea que el proceso independentista ha terminado, y que las opciones independentistas evolucionan a la baja, he aquí que Iñaki Ellakuria advierte, en El Mundo del 3 de diciembre —La indiferencia: aval de Sánchez y del “procés” español—, que bajo el gobierno de Pedro Sánchez puede estarse iniciando en toda España una deriva parecida a la que ha sucedido en Cataluña. Como dice un refrán catalán: todo se contagia menos la salud.
«Todos los movimientos del Gobierno para la desconexión de nuestra democracia liberal son una réplica de lo que hizo anteriormente el independentismo: la toma de las instituciones con la colocación de amigos, familiares y esbirros; el control mediático a través del soborno y/o la amenaza; la reescritura torticera de la historia para adaptarla al embuste oficialista; la división de la sociedad entre buenos y malos desacreditando cualquier voz heterodoxa y amordazando a la oposición hasta convertir la verdad en una ofensa intolerable.»
¿Vamos a tener que ver, corregidos y aumentados, sucesos disruptivos como los que provocaron los líderes independentistas hasta llegar a octubre de 2017? No parece algo inmediato, pero el alejamiento de la moderación que ha experimentado el PSOE en los últimos años, el incremento de la extrema izquierda y la propensión a volver a las dos Españas con cualquier excusa dan que pensar. Ya dejó dicho Rodríguez Zapatero en 2008 que nos conviene que haya tensión.
Una constitución inconstitucional
Para reescritura torticera de la historia, el rechazo de los logros de la transición y especialmente el desprecio por la Constitución de 1978. Vilaweb, el día 6, en Cinco preguntas incómodas, llega a preguntarse si «es constitucional la constitución española». La duda les viene al descubrir que «no fue redactada por un parlamento constituyente». Dicen que «las elecciones del 15 de junio de 1977 nunca se convocaron como unas elecciones constituyentes», y por consiguiente, «que después los diputados electos elaborasen una constitución es un hecho de una legitimidad más que dudosa». Como si hubiera habido un golpe de Estado sobre la marcha; pues no.
La Ley para la Reforma Política, aprobada mediante referéndum en diciembre de 1976, establecía que la iniciativa de reforma constitucional podía corresponder o bien al Gobierno o bien al Congreso de los Diputados. Esta última opción fue la elegida; pero en ambos casos se requería «la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado» y un referéndum posterior. Por lo tanto, los congresistas y los senadores elegidos en 1977 eran plenamente conscientes de su misión constituyente, así como todos los electores, en la medida que siguiesen la actualidad.
Vilaweb no ignora la existencia de la Ley para la Reforma Política, pero la invoca sólo como causa de que no se pudiese «redactar una constitución de nuevo cuño, sin más límite que la voluntad popular, como hubiera sido deseable». Esto es ignorar, voluntariamente, que la democracia no llegó a España en los años 70, ni ha llegado nunca en ningún lado, a partir de la nada sino a partir de la realidad existente. Y que no es cierto que «por definición un proceso constituyente puede cambiarlo todo». No hubiera sido una buena idea la de dar a 500 representantes el poder de abolir y crear instituciones, de cambiar usos, costumbres y creencias de los 35 millones de españoles que entonces había.
Se evitó el salto al vacío y se transitó, entonces sí, en la medida de lo posible, de la ley a la ley. Se podría decir que la transición fue una revolución conservadora. Revolución porque los que la iniciaron tuvieron que renunciar a los principios fundamentales del régimen que juraron servir y conservadora porque los cambios necesarios se aplicaron gradualmente. La idea izquierdista, ahora más que entonces, es implantar un régimen surgido de la nada, es decir de la voluntad ejecutiva de un puñado de dirigentes que se atribuyen la misión de salvarnos a todos. Es el «proceso constituyente» que puso en voga Pablo Iglesias cuando hablaba de tomar el cielo por asalto y no por consenso. Lo dejó para otra ocasión mientras estuvo en el gobierno.
Fuego a la Constitución
Desde el independentismo se ha preferido siempre desprestigiar España en lugar de prestigiar el propio proyecto, tal vez debido a la incapacidad de concretarlo. Que la Constitución española fuera fruto del consenso y la continuidad no es un defecto sino una virtud. Que, como todas las constituciones establezca las condiciones de su propia reforma, no es un defecto sino una virtud. Que pueda ser reformada hasta el punto de incluir el derecho a la autodeterminación de cualquiera de las partes que conforman el territorio que rige es una ilusión que nunca se cumplirá.
La ANC ha celebrado el aniversario de la Constitución con una manifestación en contra de la reforma del Código Penal —en concreto, en lo que se refiere al delito de desórdenes públicos agravados—, ahondando en la división del independentismo. Cuenta la Vanguardia el mismo día 6: «Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) mantienen contactos bilaterales estables y comparten los objetivos. Pero difieren en las estrategias y últimamente en la manera de consensuarlas.» Dolors Feliu (ANC) «acusó a Òmnium de no estar en la línea de presionar al Govern de la Generalitat con su implicación en esta reforma». Xavier Antich (OC) afirmó que «no quieren contribuir a la confrontación entre independentistas» ni «ir a remolque de nadie». JxCat y CUP están con ANC; OC, en cambio, esta vez parece coincidir con el gobierno de ERC.
Y para animar el acto los CDR organizaron una quema de la Constitución, algo bastante curioso pues si uno es independentista, se supone que poco debe importarle el ordenamiento jurídico que deja atrás. En cinco años hemos pasado de un gobierno que se saltó la Constitución, el Estatuto y todas las sentencias judiciales consiguientes a hacer una fogata en la calle con un montoncito de, según ACN, fotografías de la Constitución —tampoco era cuestión de gastar unos euros para quemar la Constitución editada en libro—. Los del CDR afirmaron estar «en contra las leyes hechas a medida de las necesidades del Estado Español» —¿algún Estado legisla en contra de sus necesidades?— y que «el nuevo delito de desórdenes públicos agravados convierte en delito nuestra lucha» —ya lo estaba, pero sigue quedando clara su intención de cometer desórdenes públicos como ritual mágico que propiciaría el advenimiento de la república—.
Fue un éxito de convocatoria. Según ANC, reunieron a más de 10.000 personas; según un tweet de Vicent Partal, fueron «decenas de miles de personas». Y eso en una plaza (Plaça Sant Jordi) de 2.500 m2.
