Al margen de la llamada «desjudicialización» del «conflicto catalán» —que se ha materializado en la derogación de la sedición y la posible rebaja de la malversación—, la otra gran batalla del secesionismo es la lingüística. Prueba de ello es que el Govern se reunió ayer de manera extraordinaria para aprobar cien medidas para fomentar el monolingüismo en catalán. En este sentido, la Generalitat declaró que el objetivo de esta campaña es que los ciudadanos catalanes «puedan vivir únicamente en catalán». El Govern indicó en que se trata de un asunto «prioritario», por lo que el presupuesto de 2023, que está siendo negociado con PSC, Junts y Comunes, contempla destinar 30 millones de euros a políticas lingüísticas —cifra que no tiene en cuenta lo que luego cada conselleria destine a la causa—.
Entre las medidas anunciadas, destaca la del ámbito sanitario, donde se prevé un «despliegue de la figura del referente lingüístico de centro de salud, es decir, una persona responsable de la gestión lingüística de cada centro». Asimismo, se implantarán medidas para reforzar el monolingüismo en los colegios, las autoescuelas, las plataformas digitales, cines, centros deportivos, sector agrícola y Administración de Justicia, entre otros. El Ejecutivo catalán se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas medidas cada tres meses en una reunión extraordinaria.
