Controvertida maniobra de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha decidido no esperar a la renovación del Consejo General de Poder Judicial y va nombrar a los magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Los escogidos son el ex ministro de Justicia en el mismo Ejecutivo socialista, Juan Carlos Campo, y una ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez, que fue hasta abril de este año directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Las críticas no se han hecho esperar, especialmente por la designación de Campo, que fue el artífice de los indultos a los presos secesionistas en contra del criterio de los organismos expertos.
Una de las críticas más contundentes ha sido la de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha pronosticado cuál será la hoja de ruta del Gobierno: «El plan de Sánchez: Asalto final a la Justicia. Referéndum en Cataluña. Ilegalización de Vox. Y a por la Corona». Por su parte, la analista Andrea Martínez Molina ha añadido al análisis de Álvarez de Toledo: «No sólo estoy de acuerdo sino que efectivamente creo que cada vez que decimos “Sánchez quiere el poder a toda costa”, sin ser mentira, minimizamos un poco su auténtico afán por desguazar el Estado de Derecho, que es lo único que pone coto a su ambición desmedida».
No menos duro se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, que ha juzgado así la apuesta de Sánchez:«Un exministro y una ex directora general para el Tribunal Constitucional. No tienen vergüenza y les da igual todo ya…».
