La imagen de Puigdemont y su entorno, cada vez más deteriorada. Poco después que el abogado del Parlamento Europeo reconociese que probablemente el acta de eurodiputada del expresident fugado de la Justicia había sido concedida de «manera ilegal», ahora la Fiscalía Antidroga española ha reclamado nueve años de cárcel su abogado, Gonzalo Boye. Asimismo, reclama para él una multa de 2,7 millones de euros y su inhabilitación como abogado. En concreto, se le acusa de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
La acusación forma parte de una causa de la Audiencia Nacional contra José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, por intentar introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. A Miñanco la Fiscalía le exige una pena de 31 años y medio de prisión. Según la jueza que ordenó la investigación Boye, que era abogado de Miñanco, habría tratado de blanquear 889.620 euros incautados por la Polícia en Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros del clan. Boye, por su parte, ha reaccionado a la acusación de la Fiscalía asegurando que se trata de una «venganza» del Estado por ser el letrado de Puigdemont.
