ECOS INDEPENDENTISTAS / Contra la sedición vivíamos mejor

Media Cataluña va de la indiferencia a la indignación ante la supresión del delito de sedición y otros cambios en el Código Penal; incluso siendo partidario de medidas conciliadoras ante los líderes independentistas, es lógico el rechazo cuando se somete el ordenamiento jurídico a apaños a medida motivados por cálculos políticos a corto plazo. La otra media Cataluña se divide entre los que ven con buenos ojos la desinflamación que presuntamente obrarán los cambios negociados entre el gobierno español y el autogobierno catalán, y los que encuentran en ellos un motivo más para mantener la inflamación. 

Como dice Francesc-Marc Álvaro en la Vanguardia el 14 de noviembre: —Lo bueno y lo mejor—: «Incluso las buenas noticias provocan broncas y reproches en el interior del bloque independentista catalán. Tal vez porque, precisamente, ya no podemos hablar de un bloque como tal.» Eso sí sería una buena noticia para el país entero, sometido a un desgaste político del que nunca podrá salir nada bueno.

«Más allá y más acá de estas especulaciones» —sobre el alcance de la nueva formulación del delito de desórdenes públicos—, dictamina Álvaro que «es evidente que eliminar el delito de sedición contribuye a dos cosas: refuerza la vía política en el abordaje del conflicto catalán y afianza la apuesta pragmática que encarna ERC dentro del independentismo. A la vez, da protagonismo al PSC, que se presenta como el facilitador fiable de una normalización política evidente, pero incompleta». En cambio, JxCat «olvida adrede que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y no reconocerá nada de lo que consigan los republicanos en Madrid, pues su estrategia pasa por denunciar a sus exsocios como enterradores del procés». La suerte está echada desde hace tiempo y, con o sin tejemanejes jurídicos, el gobierno legítimo (en el exilio) ha dictaminado hace tiempo que el gobierno efectivo (al frente de la Generalitat) es culpable de todos nuestros males.

Castrar la expresión colectiva

Ya subrayaba Salvador Sostres en Abc el día 12, luego de exponer la opinión de los que en su momento aplicaron el artículo 155 —Es como si se nos mearan en la oreja—, que ahora las fuerzas independentistas están ocupadas sobre todo en su particular conflicto interno: «A diferencia de los indultos parciales a los condenados por el Tribunal Supremo, que es cierto que relajaron la tensión política en Cataluña, la abolición del delito de sedición llega en un momento en el que no sólo no hay nada que desinflamar sino que el independentismo se entretiene perfectamente solo, destruyéndose a sí mismo con sanguinarias guerras fratricidas. Sánchez no puede apelar ni a la reconciliación ni a la concordia, que hacían ya su curso natural en Cataluña, sin la necesidad de ninguna ayuda; ni puede negar que su decisión tenga otra motivación que la de plegarse a una de las demandas que Esquerra consideraba imprescindibles para apoyar los Presupuestos.»

Bernat Dedéu, en modo altamente inflamador, interpreta así lo de los desórdenes públicos agravados: «El pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para derogar la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos es un acuerdo que permite salvar el culo a los líderes del procés mientras condena la población a la presunción de culpabilidad perpetua.» De tal manera que «los jueces puedan castrar la expresión colectiva con una tranquilísima impunidad». Hay que tener mucha fantasía para considerar como «expresión colectiva» la obstrucción de la libertad de movimientos, la destrucción de mobiliario urbano o la irrupción en edificios públicos a cargo de pequeños comandos, pero así se ha escrito y se escribe el proceso.

Dedéu está hoy inspirado: «Junqueras ha urdido un plan de una maldad sin límites» —a Junqueras, uno que no para de decir «Soy una buena persona y lo sabe todo el mundo», le han convertido en el Rasputin del Principado—. Ese plan, que cuenta «con la pasividad connivente de Junts per Catalunya» —unos que no paran de quejarse, pero otros piensan que pecan de pasividad, o sea que les falta actividad—, «permitirá la represión del independentismo con el sello de los virreyes catalanes». Siguen los tópicos de las heroicas acciones protagonizadas por la aguerrida muchachada: «Después de haber lanzado a nuestros jóvenes a la quema de los contenedores de Urquinaona y haber permitido que los miserables del Estado Mayor [del proceso, se entiende] enviaran a los chicos al aeropuerto (solo para que la policía les sacara un ojo o medio cojón), ahora Esquerra fomenta que el Estado pueda reprimir acciones similares con el aplauso de la Generalitat.» Es que ese tipo de acciones hay que reprimirlas, aquí y donde sea; es de preescolar. 

Dedéu habla de «una normalización de la violencia (…) mucho más nociva que la intervención de la pasma durante el 1-O», de que serán «nuestros propios responsables públicos quienes puedan enviarnos al matadero», de «un futuro mucho más represivo y castrador que el urdido por la Ley Mordaza de la derecha», de que «los fiscales de la casta verán manifestaciones ilegales incluso en botifarradas de los CDR» y de que ya «ni un solo independentista puede legitimar la acción de los partidos políticos catalanes y de sus asalariados en los chiringuitos cívicos». Vamos avanzando: si ya sólo puede calificarse de independentistas a los que rechazan el tinglado, el independentismo volverá a ser sólo uno, o doce, partidos extraparlamentarios. Y si «la única solución para ganar la libertad es deshacernos de toda esta gentuza que lleva el pueblo a la extinción», ya nos dirá Dedéu otro día cuál es la hoja de ruta.

Perfeccionando los mecanismos de la represión

En el mismo Nacional, Joan Queralt, con el conocimiento jurídico de que otros carecen, analiza las modificaciones que el gobierno quiere introducir. En un primer artículo, afirma que la sedición ha sido derogada, no modificada —¿Derogación o reforma de la sedición? Derogación—:

«En su intervención televisada del jueves [10 de noviembre], el presidente Pedro Sánchez dijo que los nuevos desórdenes públicos venían a sustituir la sedición. Falso. No lo dice la norma en ningún sitio. Simplemente porque la sedición era una anomalía, una pieza de no derecho y el no derecho tiene sucesión imposible. Lo que sucederá en el futuro es que los disturbios violentos y sin justificación en el ejercicio de un derecho fundamental tendrán como marco represivo, como lo tienen en toda Europa bajo diferentes denominaciones —nomen iuris se llama—, los desórdenes públicos. Pero el proyecto de norma no habla del hecho de que la regulación sucesora de la sedición sean los desórdenes públicos ni vigentes ni futuros. Mutar la sedición en desórdenes públicos es hacer un nuevo proceso, no un mero trámite de revisión. Esta mutación tiene difícil cabida en la Constitución. Dicho de otra manera: la sedición ha sido derogada, no reformada.»

Y en el segundo artículo discute la idea que se hayan introducido unos desórdenes públicos agravados —alarma injustificada—: «Se ve la introducción de la intimidación como una ampliación del radio de acción de lo que está prohibido, es decir, de lo que a partir de ahora sería delito, más delito que hasta ahora. Falso. Lisa y llanamente: falso. No entro —no vale la pena— en algunas discusiones sobre expresiones descontextualizadas, especialmente de la violencia, que el delito de desórdenes público exige siempre, y en todo caso en su nueva versión. De todos modos, los desórdenes públicos agravados han existido siempre. Ahora con menor pena y reducida.»

Pero no importa, hay que mantener la inflamación como sea, aunque la mayoría de la población no se sienta aludida y mire para otro lado. Se apunta Jordi Barbeta, también en el Nacional —Otra tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia—: Esta reforma del Código Penal «en vez de profundizar en derechos y libertades perfecciona los mecanismos de la represión en la disidencia política. No es sólo una cuestión que afecta a Catalunya (…) Es un auténtico insulto a la inteligencia que intensifica la regresión democrática del régimen político del 78 y que ningún demócrata sincero puede considerar aceptable.»

Atención todo el mundo: «Lo que concede Pedro Sánchez a ERC es una falsa coartada para engatusar a gente poco informada, cuando la propia reforma supone aceptar por parte de ERC (y Podemos) que todo lo ocurrido durante el procés merece una condena de prisión y que para que no vuelva a ocurrir es necesario precisar las amenazas a cualquier iniciativa de protesta o reivindicación democrática como las que practican no solo las organizaciones independentistas, sino todas las entidades y colectivos que suelen ejercer la protesta en defensa de las libertades y el respeto a los derechos fundamentales.» Y más cizaña: «Si Puigdemont fuera extraditado gracias a esta reforma, ERC estaría legitimada para reclamar una medalla.»

Picaresca española

En Vilaweb, Vicent Partal califica la reforma de picaresca española: «Por primera vez, el gobierno español ha constatado y ha reconocido en público la derrota inapelable de España en el escenario judicial europeo. Les ha costado mucho decirlo públicamente, pero al final lo han hecho. Manteniendo el delito de sedición son conscientes de que pierden, y continuarán perdiendo, frente al independentismo catalán. ¿Y qué hacen entonces? ¿Darse cuenta de la excepcionalidad española y de que el problema son ellos y su extraña manera de entender la democracia? ¡No! Lo que hacen es intentar seguir igual, recurriendo a la picaresca. Eliminan un delito que ya no les era útil ni les servía para nada, pero incorporan las consecuencias de ese delito a un nuevo tipo penal, a ver si así consiguen seguir utilizando la violencia y no la política contra el independentismo catalán, pero sin que Europa se dé cuenta.»

Persiste Partal en la idea milenarista, alimentada durante todo el proceso, de que la solución vendrá de Europa: «Esta reforma del delito de sedición les viene ordenada desde el Consejo de Europa a raíz de un análisis más complejo y completo que se puede resumir en una frase: el derecho a hacer la independencia no puede ser perseguido con el código penal, es decir aplicando la violencia. (…) Las instituciones europeas van acotando al detalle el marco de la represión en España, no para defendernos a los catalanes sino porque la legalidad y la justicia española son una aberración en un marco jurídico y legal cada día más unido. Y esto lo seguirán haciendo, porque no es una cuestión de nombres sino de concepción de la sociedad.»