ECOS INDEPENDENTISTAS / Sale la sedición, entra el desorden público

Tenía que ser antes de fin de año, y ha sido a mediados de noviembre, la llamada desjudicialización del proceso independentista. El objetivo es que «nadie más entre en prisión y que los del exilio vuelvan». La reforma del Código Penal era la prioridad del gobierno Aragonès; hay más, como una amnistía y un referéndum acordado, pero quedan para más adelante, quién sabe, ya se verá.

Eldiario.es ofrece el texto de las modificaciones que el gobierno propone al Congreso. En él se elimina el delito de sedición y modifica el de desórdenes públicos. En resumen, por una parte desaparecen los artículos 544 a 549, que tratan de la sedición, y se cambia la redacción de varios artículos referentes a los desórdenes públicos.

El castigo a la sedición puede llegar hasta los quince años de cárcel; ahora, si se aprueba el artículo 557 modificado, se queda en cinco años el castigo a los que, «actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios» y hayan movilizado a «una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público». Parece dicho a propósito para reflejar los episodios más destacados del proceso.

Según el director de la Vanguardia, Jordi Juan, se trata de un buen paso adelante «en el proceso de pacificación del conflicto político en Cataluña». Con esta reforma, «ni se van a cicatrizar las heridas abiertas ni se va a solucionar el problema de fondo, pero va a permitir serenar el clima político y social, y que la negociación y el diálogo se puedan abordar con muchos menos condicionantes sobre la mesa».

Pero, impasible el ademán, Carles Puigdemont advierte que con este cambio no se desjudicializa nada: «Si el octubre del 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé ver dónde está la ganancia política. Sí, hay una gran diferencia entre pasar 15 años en la prisión y pasar 5. Pero políticamente estaríamos allí mismo.» 

La idea de fondo del insurreccionalismo independentista es que lo que pasó el 1-O no es delito, pero a eso no se va a llegar nunca. Ningún Estado puede dejar de considerar delito cualquier acto que atente a su unidad territorial ni puede permitir que alguna de sus instituciones incumpla el ordenamiento jurídico. Se puede hacer la vista gorda ante gestos simbólicos como las banderas del balcón, pero no cuando se despliega una diplomacia paralela o se manejan planes para expulsar al Estado de alguna de sus provincias.

Laura Borràs teme que el remedio de los desórdenes públicos agravados no sea peor que la enfermedad de la sedición. Pero sucede que atentar contra la paz pública, obstaculizar la libre circulación o invadir propiedades públicas, por más que quieran disfrazarse con términos amables como «revuelta de las sonrisas», nunca tendrán cabida en la legislación. ¿Hasta dónde hemos llegado que hay políticos que ya están dando vueltas a lo que les podría caer si un día se les ocurre volverlo a hacer? ¿Queda descartada para siempre la idea de cumplir y hacer cumplir la ley, que es al fin y al cabo lo que juran todos los cargos públicos?

Cómo escapar de las consecuencias penales

El jefe de Òmnium Cultural, Xavier Antich, enseguida ha visto el peligro: La reforma del Código Penal español amplía peligrosamente el delito de desórdenes públicos. «Es un paso adelante en la criminalización de la disidencia política y en la persecución del derecho a la protesta, también más allá del independentismo (…) Nos preocupa enormemente como activistas porque incorpora el concepto de intimidación. ¿Y nos preguntamos quién decide cuándo la hay?»

El abogado Benet Salellas también ve con preocupación las novedades —Aquella intimidación ambiental…—: «No hay solamente una derogación del delito de sedición (…) Hay una reforma de los delitos de desórdenes públicos, y esto nos coloca en una posición incierta sobre qué podemos encontrarnos si se repite la situación de 2017.» Y descubre sus cartas: «Hemos de buscar escenarios en los que tengamos claro que el ejercicio del derecho de autodeterminación desde una perspectiva de la no violencia no ha de traer consecuencias penales a nadie. En cambio, después de esta reforma no tengo claro que lo podamos mantener.» Pues no estando contemplado el derecho da la autodeterminación  en el caso catalán, cualquier actuación en este sentido que vulnere el marco legal va a traer consecuencias. No hay otra.

En cuanto al concepto intimidación, Salellas comenta: «Hasta ahora el delito de desórdenes públicos tenía un elemento muy claro: exigía un acto de violencia contra las personas o las cosas (…) Cualquier fenómeno de protesta contiene un elemento de tensión y presión porque busca generar un efecto. La intimidación es muy subjetiva y no deja rastro, a diferencia de la violencia, y por tanto entrará en una dimensión muy personal. Tanto del receptor como del tribunal a la hora de valorarlo. Me pregunto en qué momento la policía se sentirá intimidada o en qué momento empezarán a hacer denuncias porque se han sentido intimidados por el tono, las palabras o los gestos de los manifestantes (…) Abre un abanico muy amplio a la arbitrariedad y a incriminar conductas que hasta ahora eran impunes y se entendían como expresiones del derecho a la protesta. Quizá excesos, pero que no acababan dentro del delito de desórdenes públicos.»

Se presenta el problema de las manifestaciones que, una vez finalizadas, al menos formalmente, dan lugar a disturbios —hecho muy habitual desde los años 80 en protestas de todo tipo, también en manifestaciones independentistas, aunque no en las multitudinarias del proceso—: «Quizá convocas una protesta multitudinaria y resulta que posteriormente esto es interpretado que ya convocabas a poner en peligro el orden público.» Es discutible hasta qué punto el organizador de una manifestación legal ha de hacerse responsable de los actos ilegales que comentan los que han acudido a su convocatoria, pero hay que ser muy ingenuo o muy cínico para pensar que, en la mayor parte de los casos, no tiene nada que ver.

Chispas entre poderes del Estado

El eurodiputado Toni Comín ve venir barbaridades para el independentismo, pues la reformulación del delito de desórdenes públicos «ensancha la base de las personas que pueden ser perseguidas». «Me es igual si es un paso adelante para mí, es un paso atrás para el movimiento independentista.»

Bernat Dedéu desata su indignación en este tweet: «El acuerdo Junqueras – Sánchez atenúa las performances del procesismo (salva a los políticos, en definitiva) y sitúa toda la carga delictiva en la movilización popular. Esquerra y sus virreyes han urdido un pacto mucho más terrible y cínico que la violencia policial del 1-O.» Y en el siguiente tweet: «Primero enviaron a la gente al aeropuerto para que la bofia les cascase y ahora se aseguran la pantomima de los partidos haciendo que una simple movilización pueda ser delictiva. Lo ocurrido hoy es muy grave. Hay que deshacerse de esta gentuza lo antes posible. Es muy bestia, en serio.»

Aun antes de que se apruebe, esta reforma del Código Penal da lugar a reproches y controversias. Entre independentistas, servirá una vez más para que se acusen, los unos a los otros y los otros a los unos, de traidores a la causa. Y por otro lado ya están saltando chispas entre poderes del Estado, como expone Lola García en la Vanguardia: «Parte de la judicatura está convencida de que el Gobierno actúa de manera irresponsable por interés partidista y en la Moncloa creen que demasiados jueces pretenden ejercer de políticos. Si esas chispas que hace tiempo que saltan entre ambos poderes se aplican sobre la cuestión catalana, la explosión está servida.»

Estando a la espera de lo que decida la justicia europea sobre la sentencia del Tribunal Supremo, la modificación ahora del Código Penal «transmite la idea de que ni el propio Estado español cree que deba existir un delito por el que se ha llegado a condenar a políticos hasta con 13 años de cárcel». Y encima el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ya anuncia que si gobierna revertirá la reforma del delito de sedición de Sánchez: «Es obscenamente evidente que no existe ninguna razón bienintencionada para esta decisión (…) Ni Pedro Sánchez ni el independentismo pueden abaratar los ataques a la Constitución.»

Aunque la ley no obligue a ello, estaría bien que los grandes partidos llegaran a un consenso previo en cuestiones tan importantes como el Código Penal. No puede ser que se aplique a la justicia la misma ligereza que a la enseñanza, donde cada gobierno que llega implanta su propia receta, y cada reforma empeora la anterior. Una vez más, el presidente Sánchez se mantiene en el poder mientras todos a su alrededor se enzarzan en las disputas que astutamente promueve.