Lejos quedan los tiempos —finales de 2019— cuando el presidente Pedro Sánchez aseguraba que el conflicto separatista en Cataluña era una «crisis de convivencia entre catalanes» y prometía convertir en delito los referéndums ilegales. Una vez pasadas las elecciones y convertida Esquerra Republicana en sus principal socio parlamentario, Sánchez viró su estrategia completamente: concedió indultos a los condenados por el procés en contra del criterio de la Justicia y, ahora, ofrece a los republicanos rebajar el delito de sedición a la mitad a cambio de que estos apoyen sus presupuestos —si bien el Ejecutivo socialista desvincula oficialmente ambos aspectos—.
Así, el Gobierno, con el argumento de homologar la pena de sedición a la media europea —que según asegura es más baja si bien las comparaciones son complejas— ofrece a Esquerra según cuenta El País rebajar este delito a la mitad de la pena. Y ERC, que al principio solo estaba dispuesta a admitir una amnistía total, ahora se abre a una rebaja que permitiría reducir sustancialmente la pena de los políticos separatistas fugados —Rovira, Puidgemont— en caso de que estos decidiesen regresar a España. Además, la reforma también mejoraría las perspectivas de la cuarentena de personas pendientes del juicio por el asedio a la Conselleria de Economía, entre otras.
Tramitarse antes de las elecciones
El caso es que, para que pueda salir adelante el proyecto de «desjudicialización» emprendido por el Gobierno de Sánchez, debería acometerse sin dilación. Esto es, antes de final de año. De esta manera, podría tramitarse antes de los próximos comicios generales —en los que, en todas las encuestas menos en las del CIS, el PP de Feijóo obtendría la victoria— y aprobarse con la actual mayoría.
