El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, han presentado este miércoles ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto-Ley 6/2022 con el que la Generalitat ha sorteado las sentencias que le obligan a impartir un mínimo de un 25% de las clases en castellano. Junto a Abascal y Garriga han estado también presentes en la entrega el secretario general de la formación, Javier Ortega; la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, y el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo.
En declaraciones a las puertas del Constitucional, Ignacio Garriga ha acusado al gobierno catalán y a los partidos separatistas de «seguir en rebeldía» dentro de su objetivo de «incumplir la obligación de garantizar el 25% de español en las aulas catalanas», vulnerando así el derecho de los ciudadanos a aprender en este idioma.
Ni un paso atrás
«Con este recurso», ha explicado, «Vox demuestra que no va a dar un paso atrás. Vamos a seguir dando la batalla en los tribunales, en las calles y en las instituciones para garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en español». Garriga también ha señalado que Vox es la única formación que en Cataluña está «defendiendo los derechos y libertades de los catalanes y de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en español, la lengua de nuestra nación».
El recurso se basa en tres fundamentos principales. Así, según ha explicado la formación en un comunicado, critica la utilización de la figura del decreto ley «cuando no existe una extraordinaria ni urgente necesidad». «Tratan de atender un problema estructural absolutamente previsible», ha señalado en la misma nota, «es injustificado acudir a este excepcional instrumento legislativo».
Derechos y libertades
A esto se suma que, según Vox, la Generalitat «no puede dictar un decreto ley que afecte a los derechos, deberes y libertades contemplados en el título I de la Constitución«. En el caso del Govern, se estaría vulnerando el derecho a la educación que, dentro de la Constitución, comprende, a su vez, «el derecho de los ciudadanos a conocer el castellano».
El decreto, finalmente, «viola la delimitación de competencias que realizan la Constitución y los estatutos de autonomía». En este sentido, Vox señala en su recurso que «corresponde al Estado conseguir una formación común en un determinado nivel de todos los escolares de Enseñanza General Básica, sea cual sea la comunidad a la que pertenezcan».
