La justicia española acapara hoy todas las portadas de los periódicos. A las 12h el salón de plenos del Tribunal Supremo ha acogido el acto solemne de inauguración del año judicial 2022/2023 presidido por el Rey Felipe VI.
La apertura del nuevo año judicial se produce en un momento rocambolesco. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva casi cuatro años caducado y ejerciendo en funciones, algo que no parece tener a la vista una pronta solución.
La Comisión Europea lleva advirtiendo reiteradamente a España la necesidad de acabar con esta situación anómala, invitándola a desbloquear la renovación del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados. Asimismo, le afea que cambie el modelo de elección de sus vocales y aparte al poder legislativo.
Pero por si todo ello fuera poco, el próximo 13 de septiembre finaliza el plazo para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos para ocupar el Tribunal Constitucional, algo que ahora parece sumamente complicado después del incendiario discurso que Carlos Lesmes protagonizó ante los medios el pasado lunes y que no ha sentado nada bien dentro del Consejo.
Elección de los vocales del CGPJ
El origen del bloqueo del CGPJ se halla en la politización del máximo órgano representativo de la magistratura, lo cual supone una evidente anomalía democrática y una notoria confusión de poderes.
Según nuestra legislación, los 20 vocales del Consejo deben ser escogidos por las Cortes Generales (poder legislativo). La disparidad de opiniones y el malestar entre las fuerzas políticas del hemiciclo complica que se celebre una negociación fructífera que acabe con esta situación.
«El origen del bloqueo del CGPJ se halla en la politización del máximo órgano representativo de la magistratura, lo cual supone una evidente anomalía democrática y una notoria confusión de poderes»
De ahí que Europa exija la despolitización del CGPJ y el refortalecimiento de la separación de poderes. No es lógico que sus vocales deban ser escogidos por el poder legislativo. Y no lo es porque, de este modo, se permite a las fuerzas políticas —en función de sus mayorías— dominar la ideología de la institución mediante la elección de miembros de perfil progresista o conservador.
Ello, queridos lectores, atenta gravemente contra el principio de imparcialidad e independencia de la magistratura pues condiciona en gran parte la visión que los vocales del CGPJ puedan tener sobre ciertos particulares.
Plazas vacantes e imposibilidad de nombramientos
Ante esta insólita situación, y ante la improbable renovación de la institución, los partidos que forman la coalición de gobierno llevaron a las cámaras legislativas un proyecto de ley por el que se impediría al CGPJ en funciones realizar nombramientos.
Así, desde que esta reforma entró en vigor, múltiples han sido las plazas que han quedado vacantes sin que la institución en funciones pueda cubrir esos puestos.
«Nos hallamos ante una situación desoladora de la justicia que, lejos de contribuir a la agilización de la respuesta jurisdiccional frente a los problemas, contribuye a una ralentización de sus funciones que atentan gravemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos»
Nos hallamos ante una situación desoladora de la justicia española que, lejos de contribuir a la agilización de la respuesta jurisdiccional frente a los problemas de la gente, contribuye a una paralización y ralentización de sus funciones que atentan gravemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos.
Carlos Lesmes incendia el CGPJ
Y para acabar de complicar la situación, el Presidente en funciones del CGPJ convocó a los medios de comunicación el pasado lunes para afear a sus vocales que no permitiría que la institución se declarará en «rebeldía con la ley y con la Constitución».
Las palabras traían causa del plazo que el PSOE —mediante una enmienda a su proyecto de ley— introdujo para que el CGPJ designara a sus dos magistrados para formar parte del Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre.
Los vocales de perfil más conservador se encuentran molestos con las imposiciones del ejecutivo y aseguran que las palabras de Lesmes suponen una intolerable presión hacia el Consejo, nublando nuevamente el horizonte y previendo un posible no cumplimiento del plazo.
Así es como se da luz verde al nuevo año judicial 2022/2023: con una fuerte crisis institucional dentro del órgano de gobierno de jueces y magistrados, con una intolerable dejadez de funciones de los principales partidos políticos que deben desbloquear la situación y un más que probable colapso de las altas instancias judiciales a no ser que se revierta cuanto antes el bloqueo desolador del CGPJ.
