El presidente de la Generalitat, después de la última reunión de su gobierno, el martes 2 de agosto, insistió en la vía de la negociación y de la desjudicialización «para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España». Así lo cuenta el Punt-Avui el día siguente: «Aragonés evitó mencionarlo, pero evidentemente los tiempos están relacionados con los de la tramitación de los presupuestos del Estado, y ahí piensa aprovechar que el PSOE necesitará para aprobarlos los votos de ERC como principal arma de presión para sellar concreciones en la mesa de diálogo.»
En cuanto a la desjudicialización, la entiende como «una condición indispensable para abordar después la carpeta de la autodeterminación». Por el momento, «antes de fin de año se verán frutos en forma de acuerdos cerrados y reformas legislativas aprobadas en el Congreso que tengan los efectos de la amnistía y sirvan para superar o mitigar al menos la persecución a la que todavía está sometido el independentismo».
Aprovechar una negociación presupuestaria para atraer recursos a la propia circunscripción no tiene nada de especial y es una constante del parlamentarismo. La desjudicialización es otra cosa, y es imposible. En un Estado de Derecho todo está judicializado, pues así el ciudadano no está sometido al capricho del gobernante y puede recurrir a los tribunales para defender sus intereses. Tanto invocar la desjudicialización sirve para propalar la errónea idea que, si los líderes independentistas se saltaron la ley, fue por culpa de la ley. Pero, cuestiones de detalle aparte, el fin último perseguido por los impulsores del proceso nunca será posible dentro de la ley, y no hay reforma del código penal, con o sin sedición, que pueda permitir la reincidencia en lo que perseguían.
Atados a Pedro Sánchez
En el mismo discurso en que Pere Aragonès dice que «es necesario construir medidas de confianza entre las partes» afirma pretender «un referéndum acordado y la amnistía: es lo que da seguridad jurídica para dar el paso a la independencia». ¿A quién quiere engañar? Aunque los presos y los exiliados se beneficiasen de una amnistía, eso no les autorizaría ni a ellos ni a otros a intentar de nuevo la secesión.
La confianza entre las partes debe ser próxima a cero, no habiendo más que la necesidad de apoyarse mutuamente durante el tiempo necesario para agotar la legislatura, algo cada vez más dudoso en el caso del gobierno central. Nadie en su sano juicio político podría querer atar su suerte a un presidente que nos condena a vivir a 27º en verano, a 19º en invierno, y sin escaparates iluminados ni alumbrado público a partir de las 10 de la noche. Con ello se perjudica el comercio y la hostelería, se ahuyenta el turismo y se estimula la delincuencia. Isabel Díaz Ayuso se ha dado cuenta enseguida.
Y de la recomendación gubernamental de no llevar corbata, mejor no hablar. En un primer momento parecía una maniobra de distracción: mientras hablamos de la corbata, no hablamos de política energética ni de la guerra de Ucrania, que ya estamos perdiendo sin haberla declarado. Pero iba en serio: basta ver las sandeces que profiere Miguel Sebastián, aquí en el Español: El PIB, el IPC y la corbata: «Si pasamos de una indumentaria de camisa, traje y corbata (la convencional conservadora) a otra de camisa y traje, sin corbata, podríamos suavizar el aire acondicionado y elevar la temperatura dos o tres grados sin variar nuestro confort (…) Acabar con la corbata como una “prenda de distinción”, más allá del ahorro energético, sería una gran contribución al bienestar general. Y una derrota de los más conservadores, que la siguen imponiendo por doquier.»
Por el bien de su imagen y la tranquilidad de todos, Aragonès sigue con corbata; aunque probablemente los partidos que proclamaban la desobediencia desde el gobierno moverán el termostato de acuerdo con los despropósitos del de la Moncloa.
Aragonés, traidor y enemigo del pueblo
En cuanto al gobierno de la Generalitat, y por extensión a la unidad del independentismo, se puede decir que la estabilidad es dudosa y que la zozobra puede ser inminente. Sigue la crónica del Punt-Avui: «Aragonès no se mostró demasiado inquieto pero ni mucho menos entusiasmado ante el punto de inflexión de la legislatura que Junts ya ha avanzado que quiere hacer coincidir con el debate de política general de finales de septiembre y el quinto aniversario del 1-O.»
El obligado cese de Laura Borràs como presidenta del Parlamento ha propiciado un nuevo guirigay de voces extremistas que piden que JxCat abandone el gobierno, pero «Aragonés quiso pasar página del caso Borràs, del que ni siquiera se habló en el consejo ejecutivo de ayer [martes 2], y aseguró que no han cesado los contactos con todo el entorno de Junts en los últimos días, a quienes ha mostrado la voluntad de generar el mejor clima para que el gobierno pueda continuar».
Sólo un tweet del 29 de julio como ejemplo, de la organización juvenil de JxCat —una de ellas, la llamada Joves Junts; la otra es la de siempre de Convergència, la JNC—. Llaman «traidor» y «enemigo del pueblo» al presidente Aragonès, que no son palabras menores, y exigen «la salida inmediata de este gobierno que no reconocemos». Las juventudes de los partidos, ya se sabe, emiten consignas extremistas que sus mayores asumen a veces, cuando les conviene, o no asumen y caen en el olvido.
El comunicado oficial de Joves Junts del 31 julio no deja lugar a dudas. Exigen «la retirada de Junts del despropósito de gobierno, que lo único que vemos que hace es perpetuarse en las instituciones españolas y retrasar la independencia». Para que quede claro: «No reconocemos al presidente Pere Aragonès ni a ningún consejero de ERC, ni mucho menos a los
traidores de la Mesa del Parlamento.» Es como para que el presidente Aragonès se dé por aludido y conmine a sus consejeros de JxCat a escoger entre desautorizar a sus compañeros de partido o dejar el gobierno; pero la coherencia política y la lógica racional hace años que desaparecieron del movimiento independentista.
Peligra el proyecto compartido
Con fecha 2 de agosto, el Consell per la República emitió una Declaración sobre la suspensión de la presidenta del Parlamento Laura Borràs, que considera «un grave error y otro paso atrás en la defensa de derechos fundamentales de los representantes independentistas, que debilita el proyecto compartido».
Argumentan que «la aplicación del artículo 25.4 del Reglamento [del Parlamento de Cataluña], sin tener en cuenta el contexto excepcional de emergencia democrática y de riesgo para los derechos humanos políticos que vivimos, favorece de facto la efectividad del lawfare o guerra jurídica». El artículo en cuestión es muy discutible pero si está vigente, y mientras sus señorías no lo hayan derogado, hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo sin tener en cuenta si llueve o si hace sol. Ignorarlo no es la alternativa.
Y siguen: «En este sentido, el recurso a la corrupción para combatir a los adversarios políticos es una estrategia bien conocida en contextos de lawfare. En entornos similares, es decir, de estados democráticos fallidos con poderes judiciales politizados, vemos a menudo acusaciones de corrupción que se utilizan para desacreditar y combatir a la oposición política.» Va a ser eso; pero si Laura Borràs puede defenderse de la acusación de fraccionar contratos, el malévolo lawfare va a desaparecer al instante.
Más todavía: «El artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento es dudosamente compatible con los derechos humanos políticos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Una disposición reglamentaria es automáticamente inválida si contradice al régimen internacional de protección de los derechos humanos.» Entonces, este Parlamento catalán, dechado de virtudes democráticas y faro de Occidente, ¿mantiene en su reglamento una disposición incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos etc. etc.? ¿Y no se han dado cuenta hasta ahora?
¿Y Laura Borràs?
Y mientras tanto Laura Borràs ¿qué hace? Pues dice que todo es una estafa. El sábado 30 de julio participó en un acto público en Ripoll al que el Punt-Avui dedicó una larga crónica a pesar de reconocer que sólo participaron «un centenar de ciudadanos». Allí un «colectivo itinerante que llena los pueblos de este país de música y poesía por la libertad» le dedicó «un acto de apoyo, solidaridad y homenaje», dada «la sistemática persecución y acoso a que está sometida». Asistieron Jordi Pesarrodona, vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana; Jordi Munell, alcalde de Ripoll, y el inevitable Francesc de Dalmases.
«Borràs el jueves ya llamó “jueces hipócritas” a los miembros de la mesa que la suspendieron, y es evidente que se siente traicionada por los diputados de Esquera y de la CUP, a quienes, sin decirlo, dedicó el siguiente verso que leyó, de Anna Akhmátova, palabras que hablan de una “casa desbastada” [tal vez sería “devastada”], del “dolor de mi vida”, de los “labios falsos que me traicionaban” o de “la frialdad mortal en los ojos”, y todo ello en un “mundo áspero y brutal” del que “Dios no nos ha salvado”.» Desde luego Borràs no ahorra citas para intentar dotarse de un aura épica.
Pero, ¿por qué no rompe Junts?, pregunta Francesc-Marc Álvaro en la Vanguardia. Pues por lo de siempre, porque el poder desgasta sobre todo a quien no lo tiene. O, en palabras de Álvaro, porque «el gen convergente —presente en la mayoría turullista de la dirección— actúa como poderosa vacuna frente al virus antipolítico del laurismo».
«¿Qué ganaría el partido que ha quedado por detrás del PSC y ERC en las elecciones si pasara a la oposición a menos de un año de las municipales? No ganaría nada. Perdería visibilidad, influencia, centralidad, sueldos, lealtades, interlocución social, relación con los ayuntamientos, capacidad de colocar discurso y credibilidad como opción capaz de gestionar el interés general. Sería un autogol de campeonato.» Ante esto, la «dignidad», las acusaciones de traición a los socios, las emociones a flor de piel y los versos citados por Laura Borràs quedan muy en segundo término.
Además, ya están acostumbrados. Recuerda Álvaro lo que pasó en 2016 cuando «la CUP exigió la cabeza del líder convergente [Artur Mas] para impedir la repetición de comicios. Sacrificaron al número uno. ¿Concederán a la nueva presidenta del partido más importancia que al presidente que ejemplariza la soberanización de los moderados? Lo dudo mucho».
