El apoyo del Gobierno a la inmersión lingüística a través de la mesa de diálogo ha sido recibido con indignación por parte de los constitucionalistas catalanes. Entidades como Impulso Ciudadano han advertido al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de que este apoyo es «incompatible con la Constitución», además de que va contra la «convivencia en Cataluña y de los catalanes con el conjunto de los españoles».
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Gobierno y Govern acordaron este miércoles, en la tercera reunión de la mesa de diálogo, incrementar aún más la protección del catalán con acciones como dejar en manos de los propios centros escolares la decisión sobre los proyectos lingüísticos, sin tener en cuenta la sentencia del TSJC que obliga a que un mínimo del 25% de las clases se imparta en castellano. Algo que ayudará, según ha señalado Impulso Ciudadano en un comunicado, a que el separatismo pueda implantar su proyecto de «conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social». La frase forma parte del documento sobre el proyecto educativo de centro, dentro de las instrucciones del Departamento de Educación para el curso 2022/20223.
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Desde Impulso Ciudadano se considera que la mesa de diálogo debe considerarse como la «mesa de cesiones«. La entidad constitucionalista ha lamentado que el Gobierno central apoye la política educativa de la Generalitat. Por ello ha hecho un llamamiento a los constitucionalistas para que muestren a Sánchez su rechazo a la conversión del Gobierno en «un agente más del plan nacionalista de construir una Cataluña artificial, depurada de todos aquellos elementos que contribuyen a vincularla al conjunto de España y en el que los derechos de quienes se oponen al nacionalismo son ignorados o pisoteados».