La presidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, sigue aferrándose al cargo institucional aun cuando este jueves se ha conocido que la Fiscalía del TSJC pide para ella seis años de cárcel por un presunto fraccionamiento de contratos para beneficiar a un amigo mientras fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs ha calificado el escrito de la Fiscalía de «terror psicólogico» y ha señalado que ya ha sido «sentenciada».
En una comparecencia junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, Laura Borràs ha recordado que Fiscalía ha descartado los delitos de malversación y fraude, de los que el juez sí encontró indicios durante la instrucción. Sin embargo, se ha presentado ya como sentenciada porque, ha añadido, «el mal ya está hecho«. «Me revuelvo y me indigno», ha asegurado Borràs, «porque yo no soy culpable de lo que se me acusa».
Borràs ha calificado de «anomalía democrática» el hecho de que la «presunción de culpabilidad» que la de inocencia. Sobre todo porque la Fiscalía no la acusa de dos de los cuatro delitos de los que sí sostiene el juez. Sin embargo, la fiscal pide para ella seis años de prisión y 21 de inhabilitación para cargo público. Esto último afecta especialmente a Borràs, que ha recordado que es profesora universitaria.
Tal y como ha mantenido desde que estalló el escándalo, Laura Borràs ha culpado al Estado de pretender «socavar el independentismo» con este proceso judicial en su contra, que ha definido como «persecución política». En este sentido, ha lanzado una velada acusación al resto de formaciones separatistas, ERC y las CUP, que consideran que sí debe dimitir de sus cargos como presidenta del Parlament y diputada. Algo que ha calificado de «especialmente hiriente e injusto«.