El procesamiento de Laura Borràs, cada vez más cerca. Resume el asunto el editorial de la Vanguardia —Borràs y el buen nombre del Parlament—: «La gestión de esta dirigente independentista durante su etapa (2013-2018) al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) pudo haber comportado «un perjuicio a los caudales públicos», derivado de la atribución a un amigo de contratos por 330.000 euros. Y pudo haber supuesto la comisión de delitos de prevaricación continuada, fraude administrativo, falsedad documental y malversación continuada.»
Todo apunta pues a que la presidenta del Parlamento será otra víctima de la represión y se sumará a la lista de miles de represaliados por defender la democracia, dicho todo en el lenguaje habitual del procesismo. Por ahora, sus compañeros de partido, JxCat, expresan su ferviente apoyo y los socios de ERC se ponen de perfil. Destaca el veredicto de su marido, el doctor Xavier Botet, en este tweet: «Si la mala gente consuma el atropello democrático contra Laura Borràs, Cataluña perderá un gran activo político, pero yo recuperaré a mi mujer.»
«Mala gente», la de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña. «Atropello democrático», porque los líderes independentistas están por encima de toda sospecha y no pueden hacer nada malo ni por error. Coincide con el diputado Francesc de Dalmases (tweet): «De la justicia española no espero nada, del entorno político espero que dentro de 10 años no necesiten esconderse bajo las piedras cuando el enésimo confidente hable de una operación Cataluña, de construcción de pruebas, de chantajes a informantes…» Mera anécdota, porque dentro de 10 años ya hará unos cuantos que seremos independientes; ¿sí, no?.
La acusada se ha limitado a comentar (tweet): «Una vez más, de hecho como siempre, he tenido antes la información por los periodistas que por mis abogados. Todo muy de “democracia perfecta”: irse cargando derechos uno detrás de otro.» Y dice estar, tal vez con ironía, «a punto para un juicio justo…»
Subvertir la presunción de inocencia
Carme Forcadell pide que dé «explicaciones muy convincentes» y le recuerda que no ha de pensar tanto en ella como en el prestigio de la institución, lo que viene a ser decirle que dimita cuanto antes para evitar males mayores. Todo con buenas palabras: el Parlamento «debe ser una institución ejemplar, debe tener tolerancia cero con la corrupción, debe ser transparente y debe ser una institución de la que los catalanes y catalanas nos sintamos orgullosos». Hubo días, cuando Forcadell presidía el Parlamento, que no pueden enorgullecer a nadie, pero dejémoslo correr.
Carme Forcadell pide que dé «explicaciones muy convincentes» y le recuerda que no ha de pensar tanto en ella como en el prestigio de la institución, lo que viene a ser decirle que dimita cuanto antes para evitar males mayores.
Neus Torbisco-Casals, miembro del ejecutivo del Consell per la República, le replica enérgicamente (tweet) que «este argumento es nefasto» pues «implica subvertir la presunción de inocencia imponiendo la carga de la prueba a los acusados y perseguidos de forma especialmente arbitraria a causa de su ideología política independentista». O sea que una acusación en cualquier ámbito contra alguien de ideología política independentista pasa a ser considerada persecución arbitraria.
La cuestión es que, según el artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, acordará la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». De ahí que Forcadell, y detrás de ella ERC, pida la dimisión.
«En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, acordará la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata»
art. 25.4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña
Según este artículo, llegado el momento, habría que cesarla, y, como cuenta el Mundo, ERC está decidida a que Borrás cumpla con la norma: «Se niegan los republicanos a apoyar la maniobra que la líder de Junts lleva meses intentando promover sin éxito para modificar el reglamento del Parlament y así poder conservar su acta tras la apertura de juicio oral.»
Por más inocente que salga del juicio, ya no podrá borrarse este intento de ajustar el reglamento a su particular interés. Y añade el Mundo: «Los neoconvergentes no han obtenido el respaldo de ningún partido. Ni sus socios de Gobierno [ERC] ni la CUP consideran que el caso de Borràs pueda encuadrarse en «la causa general contra el independentismo”. Creen que el suyo es un caso de mera corrupción que no se puede ocultar tras la estelada.»
Persecución o corrupción
Pues lo van intentar, cómo no. Y liándolo hasta donde sea posible. Ahora pide ser juzgada por un jurado, informa Vilaweb el viernes 1 de julio, «al considerar que es quien tiene la competencia para hacerlo por los delitos de los que se la acusa: malversación de fondos públicos, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil.»
En el caso de la prevaricación «la legislación española deja claro que queda fuera de la competencia de los jurados», pero pide plantear «una cuestión de inconstitucionalidad en el TC para que el jurado también pudiera juzgarla por este delito». Como mínimo, que se la juzgue «de manera forma separada: por un lado, con un jurado por los delitos de malversación, fraude y falsedad, y [por otro] en el TSJC por prevaricación».
La defensa de Borràs cree que no hay nada «más participativo y democrático que los poderosos, los que tienen el poder de prevaricar, sean enjuiciados por los propios ciudadanos en cuyo nombre actúan». Lo cual apunta a toda una revolución jurídica a partir de la cual los gobernantes deberían atenerse no a la ley establecida sino al criterio de quienes les han votado. Por ahí deben ir los tiros de la defensa, de la defensa política, que no de la defensa judicial: Este tribunal no puede juzgarme, sólo puede juzgarme el pueblo catalán
La defensa de Borràs cree que no hay nada «más participativo y democrático que los poderosos, los que tienen el poder de prevaricar, sean enjuiciados por los propios ciudadanos en cuyo nombre actúan».
—dicho con precisión: el sector independentista del pueblo catalán, que los otros no están legitimados—.
Un admirador anuncia —tweet— que «jugar con ella es jugar con fuego, por si alguien no lo tiene claro todavía». El Nacional, siempre a punto para anunciar cataclismos políticos, afirma el sábado 2 que el Caso Borràs es una «nueva prueba de estrés para un independentismo cada vez más dividido» y resume los movimientos de esta semana.
«Si bien las tres formaciones habían ido con pies de plomo intentando no manifestarse durante los últimos meses, ahora empieza a percibirse la distancia: Junts dice que el caso de Borràs es persecución contra el independentismo, mientras que ERC y la CUP empiezan a verbalizar tímidamente la palabra corrupción.»
No va a ser fácil sostener lo de tolerancia cero con la corrupción y al mismo tiempo proclamar la inocencia incuestionable de Laura Borràs. Lo más probable es que JxCat siga con el victimismo acostumbrado y los otros, ERC y CUP, más o menos abiertamente, alimenten la idea de que la corrupción es una constante en los ámbitos gestionados por los antiguos convergentes.
No va a ser fácil sostener lo de tolerancia cero con la corrupción y al mismo tiempo proclamar la inocencia incuestionable de Laura Borràs.
Y todo por un asunto que apenas sobrepasa los 300.000 euros, en un momento en que el presupuesto de la Generalitat era de más de 23.000 millones; pero así son las cosas, porque el diablo se esconde en los detalles.
