El Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans, gobernado por ERC y Junts, ha anunciado recientemente que está dispuesto a cambiar el modelo de gestión del servicio municipal del agua después del proceso participativo que convocó entre el 10 de mayo y el 3 de junio. Según los resultados de la consulta, el 86,17 % de los participantes ha dado soporte al modelo de gestión directa y al equipo de gobierno considera que este resultado debe ser vinculante, pero se obvia que la participación ha sido irrisoria: únicamente han votado 282 personas en un municipio de 14.917 vecinos: El 1,9 % de la población. Los soportes a la gestión directa (243 votos) representan solo el 1,9 % de la población de Palau. Con una participación tan baja, más que para abrir un auténtico y honesto debate público sobre el modelo de gestión, el gobierno municipal parece que solo buscaba una supuesta legitimación para una decisión ideológica que ya estaba tomada desde hace tiempo.
Con una participación tan baja, más que para abrir un auténtico y honesto debate público sobre el modelo de gestión, el gobierno municipal parece que solo buscaba una supuesta legitimación para una decisión ideológica que ya estaba tomada.
Desde el ámbito jurídico y político, algunos expertos cuestionan los procesos participativos que hacen referencia a aspectos técnicos que la ciudadania desconocen, como ahora los que hacen referencia a la gestión del agua. En todo caso, seria conveniente que el ordenamiento actual fijara un mínimo de participación para atribuir consecuencias jurídicas en un proceso participativo. se de la circunstancia que en Palau-solità i Plegamans son necesarios 2.237 ciudadanos para promover una consulta (el 15 % de la población), pero el gobierno municipal se considera legítimo para tomar una decisión transcendental con nada más el voto de 282 ciudadanos (El1,9 % de la población). En este sentido, los dos partidos con menor peso en el Pleno municipal -Ciudadanos y Primarios- necesitaron 884 y 407 votos respectivamente de las pasadas elecciones municipales para obtener representación, lejos de los 243 votos a favor del modelo de gestión directa a la consulta que el gobierno municipal considera que los resultados son legítimos, representativos y vinculantes.
Un proceso rodeado de polémica e irregularidades
El proceso ya nació envuelto de polémica. De hecho, partidos de la oposición y algunos vecinos y vecinas acusaron al Consistorio de compartir información claramente a favor de una de las opciones de la consulta, la de gestión directa. Uno de los folletos que se repartió por todas las casas incluía datos que no se ajustaban a la realidad, con una clara intención de desacreditar el modelo de gestión indirecta, ya que indicaba que la gestión indirecta es poco transparente y próxima, comporta tarifas de agua más elevadas o no realza las inversiones necesarias, entre otras. Esta falta de independencia entre ambas opciones, que el poder público debería ejercer en un proceso participativo, se vivió también en la sesión informativa presencial, o no se permitió participar a la empresa concesionaria actual ni tampoco a ningún profesional que defendiese el modelo de gestión indirecta, pero si se contó con la experiencia del Ayuntamiento de Terrassa (que hace 4 años decidió municipalizar el servicio del agua) y Leonard Carcolé, fundador de CAPIOL, la empresa encargada de realizar el estudio sobre los modelos de gestión del agua en Palau y ferviente defensor de la gestión directa y de la CONGIAC, a pesar de que solo hace unos años fue el promotor de la privatización de ATL.
El proceso ya nació envuelto de polémica. De hecho, partidos de la oposición y algunos vecinos y vecinas acusaron al Consistorio de compartir información claramente a favor de una de las opciones de la consulta, la de gestión directa.
Precisamente, el informe CAPIOL es otra de las irregularidades del proceso participativo de Palau. El documento hecho público el pasado mes de mayo, que se puso a disposición de la ciudadania para que pudiese votar supuestamente informada, contenía errores, contradicciones y falta de rigor, tal y como denunciaron algunos partidos de la oposición, como PSC y Ciudadanos. Por ejemplo, la propuesta de tarifas que presentaba el informe suponía una rebaja del 4,4 % en caso de gestión directa, pero, una vez aplicadas las correcciones, la tarifa del modelo directo quedaba incluso por encima del modelo de gestión indirecta actual. Después de la denuncia de los partidos de la oposición, el gobierno municipal cambió algunos aspectos del informe, pero sin parar en ningún caso el proceso participativo que ya estaba en marcha. Así, algunas personas votaron después de consultar una información errónea.
Algunas asociaciones de vecinos y vecinas, como AV de Can Cortès, denunciaron públicamente la intención del gobierno municipal de pasar a la gestión directa mediante la empresa GIACSA-CONGIAC, «un consorcio de dudosa reputación que ya ha sido condenado por fraude en algún ayuntamiento que han querido hacer lo mismo, como el de Collbató, al presentarse como una empresa pública -para eludir la competencia- cuando en realidades una sociedad mercantil pública sujeta a derecho privado, como han demostrado los jueces del TSJC”, explicaban literalmente en sus flyers informativos. Precisamente hoy, la Comisión de Precios de Cataluña ha aprobado, la propuesta del CONGIAC, un incremento del 55 % de la tarifa de agua de Vila-rodona. El Ayuntamiento de Vila-rodona le delegó el servicio de agua a este consorcio en 2019 y, desde el 1 de enero del 2020, su sociedad instrumental, GIACSA, le gestiona el servicio municipal de agua. En aquel momento, el Ayuntamiento afirmaba que “este modelo de gestión garantizará un acceso universal del servicio que debe ser moderno, social, solidario y al mejor precio posible”. El resultado es que, dos años después, el CONGIAC decide un incremento de la tarifa de agua inédito en un momento de máxima tensión inflacionista y con un IPC que se sitúa en el 8,2 %.
Algunas asociaciones de vecinos y vecinas, como AV de Can Cortès, denunciaron públicamente la intención del gobierno municipal de pasar a la gestión directa mediante la empresa GIACSA-CONGIAC, «un consorcio de dudosa reputación que ya ha sido condenado por fraude en algún ayuntamiento«.
En una rueda de prensa inmediatamente convocada después de hacer públicos los resultados de la consulta, el alcalde de Palau, Oriol Lozano, hizo una primera valoración: “respetaremos el proceso participativo (…). Claramente, ha ganado la opción de la gestión directa y pública del agua”, sin mencionar, en ningún caso, la baja participación. Ahora, el gobierno elevará al Pleno el polémico informe de CAPIOL con la intención de sacar adelante el proceso.