El Síndic de Greuges, Rafael Ribó —el equivalente catalán al Defensor del Pueblo— presentó ayer su informe anual de 2021 en el Parlament, recibiendo al finalizar un caluroso aplauso de la bancada separatista y de los comunes. El motivo fue que, tras 18 años en el cargo y con el mandato caducado, Ribó se despide para ceder el paso Esther Giménez-Salinas —propuesta por el PSC, ERC y Junts—. La entusiasta reacción del separatismo no sorprendió a nadie, pues Ribó, de profundas convicciones nacionalistas, aprovechó su última intervención para reivindicar la exclusión del castellano en la Escola Catalana y criticar que la Justicia actúe contra los políticos secesionistas que conculquen la legalidad española.
Así, durante su intervención, Ribó salió en defensa de la inmersión exclusiva en catalán considerándola «un tesoro» que no debe estropearse, pues sería un «error monumental». Del mismo modo, calificó de «indignante» la «persecución política» de los líderes separatistas a través del Tribunal de Cuentas —éste les exige el dinero desviado durante el procés. «No es normal y es indignante que haya cargos públicos con causas pendientes ante los tribunales», aseguró. Tras su alocución, la oposición constitucionalista coincidió en lamentar el alineamiento de Ribó con el separatismo.
El constitucionalismo reprueba su sesgo nacionalista
De esta manera, mientras desde el PSC, Òscar Aparicio, lo acusó de imparcialidad con respecto al procés, Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos, le reprochó no haber protegido a las entidades constitucionalistas del asedio nacionalista y Lorena Roldán, del PP, criticó que según su informe solo ocho familias hubieran solicitado escolarización en castellano (cabe recordar que Escuela de Todos logró la ejecución forzosa del 25% de castellano con los avales de 1.600 familias).
