La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha aceptado este viernes la dimisión de la secretaria general de la Cámara, Esther Andreu, presentada días atrás. Andreu abandona el Parlament tras el escándalo del proceso de contratación de su hijo como ujier, lo que puso en entredicho su papel en esta institución. Lo ha hecho con un extenso escrito en el que explica los motivos de su adiós y lanza duras críticas contra el letrado mayor del Parlament y la propia Mesa.
En esta carta, Esther Andreu dice haber sido objeto de «acusaciones muy serias» que ponen en entredicho su profesionalidad y «honradez«. Además, se presenta como «un instrumento para atacar más altas instancias», en referencia a la propia Borràs. La ya ex secretaria general de la Cámara afirma que este proceso ha sido «doloroso, injusto e insoportable» y que ha puesto de manifiesto «la falta de confianza de la mayoría de la Mesa» en su figura.
Culpa al letrado mayor de la Cámara
En el escrito, recogido por El Nacional, Esther Andreu arremete también contra el letrado mayor del Parlament, a quien acusa de expresar sus «discrepancias» contra ella «verbalmente» ante la Mesa. Y no solo, añade, en lo relativo a «cuestiones jurídicas». Asegura Andreu que el letrado mayor ha lanzado contra ella «afirmaciones que desacreditan la profesionalidad de la secretaria general acusándola de vulnerar el propio estatuto jurídico de los letrados». Una situación, en su opinión, «insostenible» y que ha hecho imposible que pueda realizar su trabajo.
Andreu critica también duramente la decisión adoptada por la Mesa de llevar a la Oficina Antifraude la contratación de su hijo para revisar el procedimiento. Considera que esta decisión «supone una muestra de desconfianza en la Administración parlamentaria y un menosprecio de las funciones que corresponden a los servicios jurídicos de la Cámara» e, incluso, «a la autonomía funcional de la propia institución parlamentaria».
Con respecto a la contracción como ujier de su hijo, Esther Andreu se ha defendido explicando en este documento que los miembros de la Mesa pudieron consultar la documentación del proceso de selección y que los servicios jurídicos del Parlament ya emitieron un informe en el que daban el visto bueno al contrato, aunque apuntando que se habían detectado «algunas irregularidades formales de carácter no invalidante«. Irregularidades que, añade, «nada tienen que ver con el hecho de que uno de los aspirantes tuviera un grado de parentesco con la secretaria general».
