Un informe encargado por el Govern de ERC y Junts a un grupo de siete «expertos» para analizar la situación del catalán culpa a la inmigración del supuesto bajo uso de esta lengua en Cataluña. El informe, que, tal y como ha denunciado Vox, ha costado 14.000 euros, arremete también contra la Constitución por no reconocer el catalán como lengua oficial de España y, además, considera que el Estado ha de implicarse en su protección.
Este documento es resultado del acuerdo suscrito entre los partidos separatistas y el PSC en el otoño de 2021 bajo el nombre de Pacte Nacional per la Llengua. El trabajo ha sido coordinado por Miquel Àngel Pradilla e Isidor Marí y lo firman, además, María Corominas, Avel.lí Flors-Mas, Maite Melero, Eva Pons y Natxo Sorolla. Pradilla, según la denuncia de Vox, está vinculado a la Generalitat como miembro del Consell Social de la Llengua Catalana, un órgano colegiado de la Secretaría de Política Lingüística de la comunidad autónoma.
Inmigrantes latinos
Según este informe, buena parte de la inmigración llegada a Cataluña en las últimas décadas es la responsable de un supuesto descenso en el uso del catalán. Estos inmigrantes son básicamente latinoamericanos y su llegada ha chocado, aseguran los autores, con «el proceso inacabado de inclusión social y de recuperación del catalán». Algo llamativo considerando que la Administración en Cataluña lleva más de cuatro décadas invirtiendo ingentes recursos económicos y materiales en la imposición del catalán, en detrimento del castellano.
Los autores del trabajo apuntan como posible solución que España y la UE se impliquen en la protección y promoción del uso del catalán ante la supuesta «limitación de las facultades y recursos de que dispone Cataluña». Critican, en este sentido, que la Constitución de 1978 no garantice «una posición de igualdad o condiciones de equidad» para el catalán con respecto al castellano. Y acusan al Estado de proteger y promover el español a todos los niveles en un supuesto detrimento del catalán.
Más Constitución en catalán
Ante esta situación, exigen algo tan sorprendente como que España y la UE reconozcan la oficialidad del catalán como reconocen las lenguas oficiales de países del mismo tamaño que Cataluña. Y reclaman que la Constitución incluya «el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y la protección y promoción del plurilingüismo estatal en términos más equitativos».
En lo que a la educación se refiere y aunque el castellano tiene una presencia testimonial en los colegios, institutos y universidades catalanas, los autores del informe aseguran que el catalán se ha visto afectado por supuestos «intentos reiterados de conflictivización (sic) mediática y política y de judicialización y reducción inducida del peso» de esta lengua. En el ámbito universitario, lamentan que el inglés tiene más peso que el catalán por lo que creen que deben destinarse espacios para proteger la lengua autonómica y proponen en este sentido «los usos institucionales no docentes y usos en la docencia de grados y de masters profesionales o habilitadores».
Advertencia a las empresas privadas
En el caso de la educación para adultos, apelan a la «responsabilidad social corporativa de las empresas» para permitir que los trabajadores puedan ir a clases de catalán en horario laboral. Y es que no dudan en asegurar que el catalán sigue siendo «recurso de inclusión y ascenso social». Por ello no entienden que, en los procesos de selección de personal, el conocimiento de esta lengua no sea determinante para las contrataciones. En este punto, además, lanzan una clara advertencia: «La libertad de las empresas tiene límites y se ha de compaginar con su responsabilidad social».
La sentencia del 25% de castellano, como era de esperar, es también analizada por estos separatistas, que consideran que «no tiene ninguna justificación pedagógica o didáctica». El porcentaje, aseguran, «es arbitrario» y la decisión del TSJC se considera el resultado de «ruido mediático y político». Van más allá al afirmar que la Justicia tiene una visión «distorsionada de la realidad del catalán como lengua ya normalizada» y afirman que, incluso, se detecta en la comunidad educativa una «relajación» en lo que la inmersión se refiere.
