El Govern del republicano Pere Aragonés ha pagado 14.000 euros por un informe que justifica la inmersión lingüística, según una repuesta del Ejecutivo autonómico al diputado de Vox Manuel Acosta. El informe, de 120 páginas, ha sido elaborado por siete «expertos», cada uno de los cuales ha recibido 2.000 euros por el trabajo.
El documento en cuestión tiene por título Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana y forma parte del llamado Pacte Nacional per la Llengua, suscrito por los partidos separatistas y el PSC en el otoño de 2021. Los autores del trabajo son María Corominas, Avel.lí Flors-Mas, Maite Melero, Eva Pons y Natxo Sorolla, coordinador por Isidor Marí y Miquel Àngel Pradilla.
El diputado de Vox Manuel Acosta ha calificado este informe como «un absoluto atropello» de la Generalitat a los ciudadanos. El documento, ha señalado, «es «un circunloquio y una copia resumida y panfletaria del último informe de Política Lingüística de 2020 para justificar la desobediencia de Educación a la sentencia judicial del 25%«. En este sentido, Acosta ha puesto como ejemplo que los autores del trabajo introducen ideas como que «la proporcionalidad en el uso vehicular de las lenguas se ha de valorar de acuerdo con la consecución de los objetivos de capacitación lingüística y no por las horas teóricas de docencia de cada lengua».
Una «treta infame»
A juicio de Acosta, este trabajo «es una treta infame del Govern, con el beneplácito del PSC, para no cumplir la sentencia del 25% ya que, de hecho, el español es una lengua minorizada en Cataluña y el catalán es una lengua minoritaria en el conjunto de España». El diputado de Vox ha recordado en este sentido las acciones del Govern para forzar la desaparición del castellano en Cataluña: «El sistema de inmersión lingüística en catalán, de monolingüismo totalitario en el sistema educativo obligatorio y el envite por imponerlo en el post obligatorio, las multas por rotular en español los comercios, las comunicaciones oficiales de las administraciones solo en catalán…».
Acosta, finalmente, ha denunciado el hecho de que entre los responsables del informe se encuentre una persona estrechamente vinculada al Govern. Se trata de Miquel Àngel Pradilla, quien es miembro del Consell Social de la Llengua Catalana, un órgano colegiado de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat. Por ello, el diputado de Vox ha calificado de «inmoral» el encargo.
