Pese a que uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno para conceder los indultos a los dirigentes separatistas era que inauguraban una etapa de «concordia» entre Cataluña y España, el separatismo ha vuelto a desafiar abiertamente el ordenamiento legal al negarse a cumplir con la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Hasta ahora, el Ejecutivo de Sánchez se ha puesto de perfil ante el asunto, limitándose a decir que los fallos han de cumplirse pero sin intervenir de modo alguno para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes. De hecho, la Abogacía del Estado trató de retrasar la Ejecución forzosa del fallo a la Generalitat, petición que los tribunales desoyeron.
Sin embargo, al Gobierno de Sánchez le va a resultar difícil seguir manteniendo esta política de perfil bajo. Y es que el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley reclamando al Ejecutivo que obligue a la Generalitat a aplicar ya la sentencia del TSJC. Según han argumentado los populares, se ha constatado que el «uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual», motivo por el cual «el Gobierno no puede permanecer impasible» ante la desobediencia de la Generalitat, dado que ello implica «incurrir en una dejación de funciones mientras se vulnera el derecho de los alumnos catalanes a estudiar en castellano».
Que se cumpla la Constitución
Así, según el PP es imprescindible «garantizar de manera eficaz e inmediata el derecho de todos los alumnos a la utilización del castellano, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25%». Siendo así, concluye, reclama a Pedro Sánchez «adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución y las leyes».
