El Govern se instala en la desobediencia y decreta que no se acate el 25% de castellano

Queda despejada la duda de si la Generalitat acataría la sentencia del 25% de castellano en las escuelas y abrazaría la legalidad o, por el contrario, seguiría conculcando los derechos lingüísticos de los alumnos vetando el español como lengua vehicular. Y, como muchas entidades y analistas constitucionalistas venían advirtiendo, se ha decantado por la segunda opción.

Por una parte, ayer aprobó un decreto junto a los comuns que rechaza la aplicación de porcentajes lingüísticos concretos y dicta que los centros elaboren un proyecto idiomático de acorde a los criterios del Departamento de Educación —los cuales pasan por la exclusión del castellano como vehicular. Con ello pretende maniatar a los colegios para que no acaten la sentencia, pues el proyecto lingüístico deberá contar con el visto bueno de la consellería de Josep González-Cambray. or otra, como ya contamos en ElLiberal.cat, envió una carta a la semana pasada en la que ordenaba a la dirección de los colegios ignorar las peticiones de los padres o entidades probilingüismo que reclamasen la aplicación del 25% de castellano, conminándoles a seguir exclusivamente las directrices de la Generalitat.

Numerosas voces de signo constitucionalista han expresado su malestar en redes sociales, advirtiendo de la gravedad de que el Govern vuelve a situarse al margen de la legalidad democrática. «Si el poder público desacata una sentencia judicial firme, ¿alguien podría aclararme en qué consiste a partir de hoy el «imperio de la ley» en España? ¿Qué significan los artículos 9.1 y 9.3CE y porqué tendría yo, o cualquier ciudadano español, que obedecer al poder público?», se preguntó ayer el ensayista y columnista de The Objective, Pablo de Lora.