A dos días del ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar el 25% de clases en castellano en las escuelas —y convertir así esta lengua en vehicular junto al catalán—, el Govern sigue instalado en la desobediencia. Por un parte, aún no ha enviado instrucciones a los centros educativos sobre cómo aplicar la sentencia de los tribunales. Sí, consta, por el contrario, que ha remitido una carta a los centros en los que les avisa de que desoigan las cartas que reciban de padres o entidades probilingüismo para que acaten la ley, conminándoles a atender exclusivamente las órdenes del Departament.
Por otra parte, la Generalitat ha presentado un recurso para que el TSJC suspenda el citado plazo de 15 días para cumplir el fallo, que expira el martes próximo. El motivo, aduce el Govern en el escrito, es que el Departamento de Educación está «llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales». Con esto, el Gabinete Jurídico de la Generalitat se refiere a la propuesta de ley sobre el catalán pactado con el PSC y comunes, que establece que el catalán es la única lengua vehicular y el castellano es «curricular». El caso es que mientras nacionalistas y comuns afirman que la norma tiene por objeto eludir la sentencia, según los socialistas asegura su cumplimiento. La situación se complica aún más pues la ley tuvo que ser aplazada a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie sobre ella a petición de Ciudadanos, PP y Vox.
