El plan de estabilidad presentado por el gobierno
Cumpliendo con una obligación que tienen todos los Estados Miembros de la UE, el Gobierno español remitió a Bruselas el pasado 29 de abril el Plan de Estabilidad 2022-2025. Lo más significativo de dicho Plan es que, ante la catástrofe provocada en la economía y en las cuentas públicas por la pandemia, por la inflación y por la guerra de Ucrania, el Gobierno se aferra a un escenario muy prudente para ese período. El tono general del Plan es “inercial”: no se prevén cambios profundos y se confía en la mejora del ciclo económico para rebajar el Déficit. En la estrategia fiscal no se anuncia la reforma de ningún impuesto en concreto. Sólo hay algo específico en materia de pensiones.
En la estrategia fiscal no se anuncia la reforma de ningún impuesto en concreto. Sólo hay algo específico en materia de pensiones.
El paquete de primavera de Bruselas
Como hace todos los años, este 23 de mayo Bruselas ha publicado el Paquete de Primavera: Análisis y Recomendaciones sobre la economía de los Estados Miembros. En las recomendaciones a España no hay ninguna recomendación específica sobre la Reforma Fiscal. Hay algo sobre pensiones. Enseguida lo veremos.
La suspensión de las reglas fiscales hasta 2024
Además, a causa de los devastadores efectos de la guerra de Ucrania, Bruselas ha prorrogado un año más, hasta 31.12.2023, la suspensión de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La suspensión empezó en marzo de 2020 por la pandemia. Estas reglas fiscales son: Déficit público máximo del 3% del PIB y Deuda Pública máxima del 60% del PIB. Lo del Déficit se puede conseguir a medio plazo. Pero, respecto a la Deuda, todo el mundo entiende que este porcentaje del 60% es imposible de cumplir en muchos años. Y no sólo en España, sino también en Italia y en Francia. Habrá que revisarlo.
La suspensión de las reglas fiscales se conoce en el argot comunitario como Cláusula General de Salvaguardia, prevista para situaciones de grave crisis generalizada en la eurozona. Así pues, hasta el 31.12.2023, los Gobiernos disponen de una buena tregua antes de empezar a apretarse el cinturón. Concretamente, el Gobierno español dispone del tiempo que necesita para no hacer nada doloroso antes de las próximas elecciones generales, a celebrar presumiblemente en diciembre de 2023. Salvo lo que debe hacer en materia de pensiones.
La suspensión de las reglas fiscales se conoce en el argot comunitario como Cláusula General de Salvaguardia, prevista para situaciones de grave crisis generalizada en la eurozona.
Qué va a pasar con las pensiones
En este tema sí hay tarea que hacer. Bruselas pide medidas compensadoras del excesivo gasto provocado por la subida de las pensiones conforme al IPC. Y el Gobierno promete tomar las siguientes medidas antes de que termine el año 2022:
Bruselas pide medidas compensadoras del excesivo gasto provocado por la subida de las pensiones conforme al IPC.
1.Aumentar el número de años cotizados que se toma para calcular la pensión inicial. Actualmente se toman 25 años. Se dice que podrían tomarse 35 años. Esto supone en la mayor parte de los casos una rebaja en el importe de la pensión. Entre un 5% y un 10%. Esta es la medida más impactante, más impopular y más necesaria de todas las que tiene que tomar el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. A ver cómo se hace y qué reacciones provoca.
2.Modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Actualmente, el autónomo escoge la base por la que desea cotizar. Casi todo el mundo escoge la base mínima. El Sr. Escrivá, buscando mejorar la recaudación (y también la prestación) ha diseñado un sistema de cotización por ingresos reales. Pero esto está siendo muy contestado por los autónomos y no tiene visos de prosperar. Veremos en qué queda esto.
El Sr. Escrivá, buscando mejorar la recaudación (y también la prestación) ha diseñado un sistema de cotización por ingresos reales.
3.Aumentar la base máxima de cotización. Actualmente, dicha base máxima está en 49.673 euros anuales. Así pues, aunque un empleado cobre mucho más, su cotización a la SS está limitada (topada) a ese importe. No creemos que se vaya a un destope total, es decir, sin límite. Lo que habrá será un elevación gradual de la base máxima. ¿Hasta qué importe? No se sabe. En todo caso, ésta es una medida muy mal recibida por las empresas, pues supone un incremento de unos costes sociales ya muy elevados y siempre penalizadores del empleo. El Sr. Escrivá dice que, obviamente, el aumento de la base máximo supondrá un aumento de las prestaciones. Veremos.
El cumplimiento de estos compromisos, sobre todo el primero, supone la mayor prueba de fuego a la que el Gobierno se tiene que enfrentar antes de las elecciones. Delicado asunto. Y hay que tener en cuenta que Bruselas evaluará a principios de 2023 qué ha hecho el Gobierno en relación con estos temas. Y que la liberación del cuarto paquete de los Fondos Europeos Next Generation está vinculada al adecuado cumplimiento de los hitos en esta materia. Cuidado con esto.
El cumplimiento de estos compromisos, sobre todo el primero, supone la mayor prueba de fuego a la que el Gobierno se tiene que enfrentar antes de las elecciones.
Qué va a pasar con la reforma fiscal
Como hemos dicho, en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado a Bruselas, el Gobierno no anuncia ninguna medida concreta de Reforma Fiscal. Tampoco Bruselas dice nada concreto sobre esto. Todo apunta a que el Gobierno no va a tomar ninguna medida fiscal relevante antes de las elecciones generales. Es más, intentará prorrogar las rebajas fiscales que, por ahora, se aplican en el recibo de la luz hasta 30 de junio de 2022, a saber: IVA al 10% (en lugar del 21%), Impuesto sobre la Electricidad del 0,5% (en lugar del 5,11%) e Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica al 0%. Veremos qué pasa con la prometida rebaja del precio de la electricidad y, en función de eso, qué se hace con los impuestos. Si el Gobierno consigue rebajar el precio de la luz en un probable 15%, y suprime las actuales ventajas fiscales, los consumidores seguirán pagando lo mismo.
Si el Gobierno consigue rebajar el precio de la luz en un probable 15%, y suprime las actuales ventajas fiscales, los consumidores seguirán pagando lo mismo.
Qué reforma fiscal quiere Bruselas
En España, el porcentaje sobre PIB de los ingresos públicos (impuestos + cotizaciones sociales) es algo inferior a la media de la UE. Según datos de la Comisión Europea, referidos a 2020, ese porcentaje es en España un 36,8%. La media de la UE es un 40,1%. La diferencia es un 3,3%. Unos 40.000 millones de euros.
En España, el porcentaje sobre PIB de los ingresos públicos (impuestos + cotizaciones sociales) es algo inferior a la media de la UE.
Contra lo que mucha gente piensa, esa menor recaudación no procede de las cotizaciones sociales, ni del IRPF, ni de Sociedades, ni de los impuestos sobre la propiedad. En estos impuestos, España está en línea con la UE.
La menor recaudación española procede de los tres impuestos que citamos a continuación. Y en esto hay consenso entre la Comisión Europea y el Banco de España. Estos impuestos son:
1.Impuesto sobre el Valor Añadido, por la gran cantidad de bienes y servicios que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE, están exentos o tributan al tipo reducido del 10%, o super-reducido del 4%, en lugar de tributar al tipo general del 21%.
2.Impuestos Especiales. España recauda bastante menos que la UE en impuestos sobre carburantes (gasolina, gasóleo, gas natural) y en impuestos sobre bebidas alcohólicas y sobre tabaco. No son estos buenos tiempos para aumentar los impuestos sobre carburantes. Y, tras descartar a Rusia como proveedor, no parece que se pueda confiar en la bajada del precio del petróleo a corto plazo. En alcohol y tabaco se puede hacer algo.
España recauda bastante menos que la UE en impuestos sobre carburantes (gasolina, gasóleo, gas natural) y en impuestos sobre bebidas alcohólicas y sobre tabaco.
3.Impuestos medio-ambientales. En este tema, España tiene mucha tarea pendiente para equipararse a la UE.
