Frente a la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a aplicar en 15 días lo ya indicado por el mismo tribunal en diciembre de 2021 sobre la inclusión del castellano en la educación catalana, el Govern está buscando fórmulas poder mantener un difícil equilibrio. Por un lado, quiere evitar problemas a las direcciones de los centros educativos si no aplican la sentencia. Por otro, intenta salvar a toda costa el pacto alcanzado con el PSC y En Comú-Podem para reformar la Ley de Política Lingüística, blindado el catalán pero, también, introduciendo la sentencia del 25%.
Paralelamente, ERC ha de bregar con un nuevo enfrentamiento con Junts a cuentas de la aplicación de esta sentencia. Un mandato judicial que el titular de Educación, Josep González Cambray, admitió días atrás que es «muy posible» que haya que respetar. La posconvergencia de Carles Puigdemont se ha aferrado al rechazo de organizaciones ultras como la Plataforma per la Llengua para descolgarse del pacto con ERC, socialistas y comunes. Exige un decreto ley que permita a las direcciones de los colegios no aplicar la sentencia sin ningún coste y rechaza cualquier cosa que no sea la inmersión total en catalán.
Recurso de reposición
El Govern ha presentado este martes el recurso de reposición contra la exigencia del TSJC de cumplir la sentencia de diciembre de 2021. Lo ha hecho atacando a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad constitucionalista que demandó la ejecución forzosa de esta sentencia y a la que el alto tribunal catalán ha dado toda la legitimidad. Algo que rechaza el Ejecutivo de Pere Aragonés, que indica en su recurso que la AEB no es un ente «acreditado» para reclamar la ejecución y menos aún cuando queda tan poco tiempo para acabar el curso escolar. La respuesta de la AEB ha sido contundente: «Somos su preocupación. Saben que no estamos a su servicio sino al de la igualdad de derechos y en contra de una escuela monolingüe».
Para Aragonés, la cuestión de la lengua es fundamental. Y por ello ha dado a Junts un plazo de 24 horas para retomar el consenso alcanzado con el PSC y En Comú-Podem. Si el partido de Puigdemont se mantiene en la posición de no entrar en el acuerdo, este saldrá adelante en el Parlament con los votos de los republicanos, los socialistas y los comunes. Las tres formaciones, según recogen medios separatistas, apuestan por un texto legal que siga conservando la prioridad del catalán pero que, a la vez, incluya lo indicado por la sentencia del TSJC.
PERE ARAGONÉS:”LOS QUE RECHAZAN LA REPUBLICA CATALANA ,QUE SEPAN QUE LA REPUBLICA C.ATALANA NUNCA LES RECHAZARÁ.” NO SE PUEDE SER MÁS CÍNICO.USTED Y CUALQUIER OBSERVADOR SABE QUE HAY UN ACUERDO NO ESCRITO PARA MARGINAR (O IGNORAR) A LOS QUE NO PERTENECEN A SU TRIBU EN EL MEJOR DE LOS ESCENARIOS