1. La prensa del pasado día 4 recogió la noticia y lo hizo con un tono de complacencia o incluso de aplauso que, en un panorama mediático tan fragmentado y sesgado, resultó extrañamente universal. Un titular proclamaba, por ejemplo, que «la Ley de Universidades reconocerá por primera vez el derecho de huelga de los estudiantes». Subrayemos: un auténtico derecho (nada menos) y además por primera vez, como quien conquista algo tras dura pugna. El segundo titular lo termina de explicar: «El ministro Subirats incluye en el borrador del texto, que está personalizando tras heredarlo de Castells, el reconocimiento al paro académico, una reivindicación histórica del estudiantado». En otro periódico, siempre con el mismo tono de buen rollito, o incluso de arrobo, se añadía que «todas las Universidades deberán habilitar un mecanismo para que las huelgas y manifestaciones no interfieran en el derecho a la docencia y evaluación».
El contexto, no hace falta decirlo, es el de elaboración de una norma que sustituya a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Nadie niega que veinte años (largos) es mucho tiempo y más en este siglo XXI donde anda tan acelerado todo y no sólo la tecnología.
Por cierto, y hablando de normas que han devenido obsoletas, habrá que recordar que el derecho de huelga sigue contando en España con una regulación preconstitucional, la del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (nombre eufemístico donde los haya). Si de verdad se quiere repensar el asunto, lo lógico, antes de entrar en lo específicamente relativo a los estudiantes, sería comenzar sometiendo a escrutinio las nociones generales. Pero, al parecer, no se va a hacer así y desde luego no estaríamos ante la primera vez: de casas empezadas por el tejado, para decirlo empleando una metáfora de la edificación, conocemos muchos ejemplos.
2. La Universidad española, y en general nuestro sistema educativo, no goza de buena reputación. Dejando al margen los rankings como el de Shangai, al que cada uno le dará la credibilidad que le parezca oportuna, lo cual constituye un acto de libre soberanía individual, sin duda concurren razones objetivas para el descrédito. Para empezar, y poniendo datos sobre la mesa, por lo que la empresa Randstadt ha explicado también a principios de este mes de mayo: el llamado déficit de talento. Sucede, y es una verdadera pena, que más de un millón de empleos quedarán sin cubrir en los próximos años por déficit de personas cualificadas. Para empezar, en campos como la tecnología y las ingenierías, pero tampoco se van a encontrar albañiles, camareros y mozos de almacén. Las deficiencias de la enseñanza, pública y también privada, no representan la única causa, porque hay que recordar que los españoles mostramos escasa predisposición a la movilidad geográfica -salir del pueblo representa una tragedia y más aún si se trata de ir al pueblo de al lado, cuyos habitantes resultan odiosos- o que, en general, los sueldos, en cualquiera de los dos pueblos, están por debajo de los de otros países. Pero nadie negará que las carencias del sistema educativo se hallan a la base del problema. Y, así las cosas, no acierta verse que la huelga de los estudiantes se encuentre entre las medidas a emprender para resolverlo.
«Nadie negará que las carencias del sistema educativo se hallan a la base del problema. Y, así las cosas, no acierta verse que la huelga de los estudiantes se encuentre entre las medidas a emprender para resolverlo
3. Otro dato, ahora ya ceñido a la enseñanza superior, donde coexisten Universidades públicas (54 en total, muchas de ellas creadas en los años ochenta, tan pronto se crearon las Comunidades Autónomas y tuvieron las competencias en el asunto, porque había que contentar a los electores de la provincia: el pork barrell -literalmente, barril de tocino– del que se habla en los Estados Unidos como mecanismo de compra del voto territorial) y también privadas (34). Según un informe de la Fundación BBVA de 2017, hace ahora un lustro y que por tanto habría que actualizar, el número de Universidades privadas se había multiplicado por cinco en los últimos veinte años y «ya forman al 16,4 % de los estudiantes». Y otra cosa: “Además, han aportado por estudios de master y concentran en la actualidad 1 de cada 3 alumnos de estas titulaciones. Las universidades privadas destacan por su mayor orientación docente y menor actividad investigadora e innovadora, aunque algunas, especialmente las del País Vasco y Navarra, alcanzan buenos resultados en las tres áreas». Para los defensores de la enseñanza pública no son cifras especialmente satisfactorias.
No sabemos si el futuro derecho de huelga de los alumnos se proclamará sólo para los de las Universidades públicas o también alcanzará a los que estudian en las privadas, pero, conociendo el paño, será en las primeras donde encuentre su ecosistema. Y cabe volver a preguntarse lo mismo: ¿estamos ante una innovación que se constituya a mejorar las cosas? La respuesta positiva resulta, como poco, aventurada.
4. El siguiente punto a analizar tiene que ver con el ambiente que se vive en los campus de esos 54 centros públicos, materia por cierto objeto de una norma que se ha anticipado a la reforma en ciernes: Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria.
Viajeros llegados de Cataluña cuentan que en aquellas aulas se sufre una discriminación lingüística según el idioma en el que uno, alumno o también docente, se expresa. Pero, dejando al margen los hechos diferenciales de aquella tierra -de donde ha salido el Ministro: casualidades de la vida-, bien puede afirmarse que, entre el diseño, más o menos feliz, de la Ley de 2001 y la realidad -muy prosaica- de las cosas, cualquier parecido es pura coincidencia. Como la financiación pública cada vez alcanza a menos, por la poderosa razón de que el dinero del contribuyente no es ilimitado, resulta indispensable atraer alumnos (= clientes, y ya se sabe que el que paga manda), para lo cual hay que darles todo tipo de facilidades, no sólo el consabido aprobado general. De hecho, sucede que son ellos los que evalúan a los profesores y no a la inversa. Como las encuestas de satisfacción del cliente que nos hace a todos El Corte Inglés.
Más aún: si un profesor se desmarca y decide un día subir el nivel de exigencia, el alumno sabe que el empeño durará poco, porque tiene abiertas las puertas del coordinador de grado o figura análoga, que está precisamente para ayudarle, dado que, se insiste, quien costea el tinglado no puede estar descontento. Existe, sí, la libertad de cátedra -derecho individual donde los haya- del Art. 20.1.c) de la Constitución, pero ese tipo de limitaciones resultan inevitables a partir del momento en que se constata que dos más dos son cuatro o, dicho con un enfoque más preciso, que, si hay que llegar a los cuatro que hacen falta, se necesitan primero dos y luego otros dos, que no salen de las piedras: unas limitaciones que además cuentan con respaldo formal en la jurisprudencia del TC: Sentencia 179/1996, de 12 de noviembre, o sea, mucho antes de que las cosas llegasen a la situación actual. No hay institución que funcione sin recaudadores -no les pasa sólo a los partidos políticos- y el TC es el primero que lo tiene claro: los alumnos, como en general los clientes, son irreemplazables -siendo así por el contrario que, si se va un profesor, se contrata otro de la noche a la mañana- y hay que tratarlos con la debida consideración. Que acaben sabiendo o no las asignaturas es algo irrelevante. Más aún: el conocimiento les puede resultar enojoso o incluso ofensivo. El cliente, volcamos a lo obvio, es el rey o incluso, hablando en el lenguaje del pobre Pep Guardiola, el amo. El dominus negotii, materialmente hablando. Nadie desconoce que er mardito parné gasta unos códigos implacables.
Luego, por supuesto, a los alumnos les sucederá eso que tantas veces se dice -un vaticinio cruel, pero implacable- de que «ya les suspenderá la vida». Tendrán, sí, un título -un papel-, pero no estarán en condiciones de ejercer el correspondiente oficio y no encontrarán trabajo, porque a las empresas no les sirve para nada ese papel. El déficit de talento del que se habló al inicio.
«A los alumnos les sucederá eso que tantas veces se dice -un vaticinio cruel, pero implacable- de que «ya les suspenderá la vida». Tendrán, sí, un título -un papel-, pero no estarán en condiciones de ejercer el correspondiente oficio y no encontrarán trabajo, porque a las empresas no les sirve para nada ese papel»
5. Los veteranos del oficio de la enseñanza en las Universidades públicas solemos quejarnos del deterioro del nivel de los alumnos, supuestamente mucho más bajo que el de nuestra época de estudiantes. Y más aún si la materia cuyos conocimientos se trata de transmitir es el derecho, siempre lleno de abstracciones y en general de ideas que no se dejan reproducir mediante videojuegos y demás artilugios que la pedagogía más moderna ha creado para adaptarse al cerebro de los más jóvenes. El llanto, que a veces hasta el extremo del despelleje en carne viva, se encuentre generalizado, al menos, en Europa. Basta con escuchar a algún docente alemán, francés o italiano: no somos los españoles los únicos que ponemos el grito en el cielo hasta desgañitarnos. Spain is (not) different: se ha alcanzado la igualdad, aunque, eso sí, por abajo. Todos somos igual de malos.
¿Tiene la culpa el legislador -o los legisladores- o por el contrario se trata de un fenómeno que hunde sus raíces, al menos en parte, en el desarrollo tecnológico y que por tanto hay que aceptar como una derivada (inconveniente, sí) de lo que, visto en su conjunto, que es como hay que ver las cosas, constituye sin duda un progreso? Un bloc, como decía Georges Clemenceau que se tomaba la Revolución Francesa para que no todo se quedara en el terror y la guillotina. Una vez más, las opiniones son libres y posiblemente las causas sean varias. Y es que no en todos los países está Podemos (y su variante catalana) en el Gobierno, y en particular al frente del Ministerio de Universidades. Debe haber, sí, otras razones.
Ainda mais, que dirían los gallegos: de nuestros egresados, hay algunos -ingenieros y médicos, por ejemplo- que es apenas salir fuera y triunfar hasta arrasar. Señal de que, por mucho que nos lamentemos, no son tan ignorantes o al menos lo son menos que los de otros sitios.
6. En ese contexto, de la futura huelga de los estudiantes habrá quien, desde la óptica del ordenamiento laboral, se pregunte por los derechos del que sí quiere asistir a clase o por el correlativo deber del profesorado de impartir (a ese alumno) la correspondiente docencia, los famosos servicios mínimos. También cabe interrogarse por la evaluación de las materias que vayan a quedar sin explicar para quienes hayan decidido ejercer su derecho a la holganza. A ver la letra pequeña del futuro texto.
También habrá quien razone en términos más amplios, partiendo de eso que se llama los objetivos de la norma (la mejora de la Universidad pública, se supone, para atajar o al menos no agravar las patologías que se han expuesto y otras muchas que pudieran traerse a colación a poco que se conozca el percal), preguntándose si las medidas a adoptar sirven para ese objetivo o más bien sucede lo contrario.
Ninguno de los autores de este artículo está especializado en Derecho del trabajo pero, si el anuncio de 4 de mayo termina convirtiéndose en una norma en vigor, lo más probable es que, teniendo en cuenta quienes son los verdaderos dueños de la empresa, la huelga de los estudiantes pudiera y debiera calificarse como un cierre patronal.
No faltará quien puntualice que los alumnos no son (formalmente, al menos) los amos de los kioskos universitarios, sino sólo, se insiste, los clientes. Lo que se pretende, y resulta muy humano, es que no salgan despavoridos y en tromba, porque sin clientes, se insiste, no hay negocio que valga. Un fenómeno ese -la huelga o más bien huida o fuga de clientes- que no se estudia en el área de conocimiento de Laboral -ni tampoco en el Administrativo o el Penal, que están a cosas más metafísicas-, sino en el Mercantil puro y duro. El Mercantil más descarnado.
7. Llegamos así al final de este artículo. Su tono irónico y desde luego poco entusiasta puede dar lugar (aparte de a las descalificaciones de rigor, que forman parte del paisaje) a que se le entienda como tremendista. Y es que estamos -no sólo en España, se reitera- en una democracia que no tolera las malas noticias. Por eso, el anuncio de la huelga de los estudiantes es de las cosas que la opinión pública recibe con satisfacción y desde luego sin sobresalto. “El obligado tributo populista de todas las democracias” (Félix Ovejero).