La comunidad educativa, lejos de mostrarse dispuesta a acatar la ley que obliga a que el español sea también vehicular en al menos un 25% en las escuelas catalanes, está dando muestras de su voluntad de desobedecerla. Recordemos, por ejemplo, que entre las reclamaciones de los principales sindicatos con motivo de la huelga de principios del mes pasado se contó la del «mantenimiento de la inmersión» y la «asunción de responsabilidad y cobertura legal a centros y profesorado por parte del departamento». En sintonía con aquella petición, ahora la escuela concertada realiza una reclamación similar pidiendo al Parlament medidas para «protegerse» frente al incumplimiento del 25% en español».
Es lo que cuenta el diario nacionalista Ara, que revela que en una carta dirigida a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y a los partidos que firmaron el pacto para esquivar el 25%, las patronales de la Escuela Concertada, las asociaciones de familias de estos centros y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras han pedido que se tramite ya la nueva ley educativa en aras de «tener cobertura jurídica y frenar la ejecución de la sentencia que puede ser exigida pronto». «Si llega un requerimiento de aplicación de un 25% de castellano a un centro educativo, las direcciones de las escuelas del Servicio de Educación de Cataluña están totalmente desprotegidas jurídicamente para mantener los proyectos lingüísticos», señala en la carta la patronal.
En la misiva también destacan que valoran «positivamente» que se cambie la ley de política lingüística «para tener un marco más estable y de más protección de la escuela catalana».
La Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) no ha tardado en reaccionar ante la noticia. «La escuela concertada, muleta del nacionalismo, pide ayuda para que incumplir la ley le salga gratis», ha declarado esta mañana. Y ha añadido: «¿Eso enseñan a sus alumnos? ¿A no respetar las leyes? ¿A no trabajar por una sociedad desigual donde unos tienen más derechos que otros? Vergüenza».
